Tras una áspera discusión, que demandó horas, la Cámara de Diputados de Salta aprobó anoche la prórroga por un año, a partir del 2 de diciembre próximo, de la emergencia hídrica por escasez de agua que se había declarado inicialmente mediante la ley 8.355. 

Además de la expresión de la resistencia del oficialismo local a algunos aspectos de la propuesta de La Libertad Avanza, la sesión de ayer fue de estreno para las y los legisladores que se incorporaron recientemente. 

La emergencia hídrica se aprobó con los votos negativos de los diputados Roque Cornejo y José Gauffin y las diputadas Sofía Sierra y Griselda Galleguillos, que representan en Salta al oficialismo del gobierno nacional que asumirá el 10 de diciembre próximo. 

La diputada Gladys Paredes (San Martín, Más Salta) presentó el proyecto de prórroga. Valiéndose de sus conocimientos como médica y como vecina de Tartagal, una de las ciudades que más sufre la falta de agua, la legisladora recordó que hace más de 30 años que hay crisis de agua en esa zona, "nunca tuve agua las 24 horas", ejemplificó. Pero no solo faltaba en cantidad, sino que también tiene fallas de calidad, aseguró antes de recordar que el agua tiene "un parásito que no existe en todo el país, solamente en Tartagal". Paredes destacó "la desinversión que tuvimos en el norte salteño durante décadas y décadas". A esta situación ya casi estructural se sumó el año pasado la sequía, provocada en parte por la deforestación. 

Cornejo (Capital, Ahora Patria) empezó la serie de oposiciones. No falta agua, faltan obras, afirmó. Hace más de 40 años que no se hacen inversiones en agua, agregó José Gauffin (Capital, PRO). "La emergencia no es por falta de agua sino por falta de inversión seria", insistió. Y sobre el final provocó el enojo del oficialismo provincial al asesgurar que la emergencia solo da facilidad al Ejecutivo para la contratación, "de alguna manera, relajando un poco lo que es el control de la contratación en la provincia". "Yo no veo la necesidad realmente" de la prórroga, "primero, porque no tenemos una información clara", aseguró. "Esta ley no resuelve nada", "prorrogar esta ley es consentir la impericia por parte de los operadores del Estado", sumó Sofía Sierra (Capital, del mismo bloque de Gauffin).

Si bien votó a favor de la prórroga, el diputado Guillermo Durand Cornejo (Capital, Partido Conservador Popular) cuestionó la iniciativa. "Basta de parches", dijo antes de pedir que sea la última. 

Patricia Hucena (Orán, del bloque Gustavo Sáenz Conducción), retrucó a la oposición. La crisis hídrica obliga a tomar medidas, dijo. Recordó que esta situación responde a distintas causas, entre ellas la sequía, que provocó la disminución del caudal de los acuíferos. El dique Itiyuro (que provee agua en el norte provincial) se secó hace casi dos meses, el embalse El Limón (parte del sistema Itiyuro) “corre riesgo de secarse si no llueve lo suficiente para recargarlo”. El dique Cabra Corral muestra una disminución del caudal de agua, enumeró. 

E igual que otros legisladores del oficialismo, puso el eje sobre en que el proyecto de prórroga da prioridad al uso poblacional del agua por encima de los otros usos previstos. En este sentido, destacó que se establece la obligatoriedad de que todo usuario o usuaria, grande o pequeño, tenga medidores. No hay otra manera de controlar “la extracción que hoy es indiscriminada”, “nos encontramos con un avasallamiento comportamiento de los desarrolladores privados”, aseguró. En la misma línea cuestionó que muchos desarrolladores "pinchan los acuíferos”. Contó que de 120 barrios privados que hay en la provincia, solamente tres conformaron consorcios de agua potable.

Y dirigió sus dardos hacia el presidente electo Javier Milei. “Los que niegan la importancia de la obra pública y apoyan a quien dijo que hay que paralizarlas, en realidad están en sentido contrario a todos los salteños que claman por el agua”, desafió. Y consideró que las y los legisladores que plantearon que el Ejecutivo provincial debía dar respuestas, también deberían pedirle al Ejecutivo nacional que informe qué obras para provisión de agua se mantendrán en la provincia y se preguntó qué particular hará obras en los lugares más alejados, interrogante sobre el que volvieron otros diputados del saencismo. "Ojalá el presidente Milei conozca la realidad del norte, tengamos diálogo” y ayude a los gobernadores del norte, cerró.

Gustavo Dantur (Metán, Más Salta) calificó de “declaraciones irresponsables” los dichos sobre la suspensión de la obra pública, que ya motivaron la paralización de obras en la provincia.

Socorro Villamayor (Capital, Salta Tiene Futuro) enumeró las obras que llevó a cabo el gobierno provincial, y las que están en ejecución. “Hay un plan”, aseguró antes de afirmar que hoy hay una situación preocupante en las provincias, “porque no tenemos presupuesto”. Hasta el 10 de diciembre hay que esperar las medidas del presidente electo. Cornejo trató de responder pero Villamayor terminó el intercambio avisando que plantearía una cuestión de privilegio si el legislador seguía interrumpiéndola. 

Daniel Segura (General Güemes, Más Salta) puso énfasis en el sentido social de la obra públlica, “no todo es rentabilidad”, aseguró. Contó que de los dos pozos que se hicieron en su departamento, una provee agua a una escuela. “Se vienen tiempos muy difíciles y si hasta ahora era un problema porque a pesar de todo lo que se invierte no se encuentra una solución definitiva, cuando se habla de que se va a paralizar la obra pública, que no va a haber más inversión, seguramente el año próximo vamos a estar hablando de mayores problemas”, alertó antes de pedir: "quienes sean más cercanos al nuevo gobierno (nacional) deberán ver la forma de que la obra pública no se suspenda".

Del mismo departamento, Germán Rallé (GSC) agregó que la afirmación de Milei acerca de que se iba a suspender la obra pública, “generó una confusión” y provocó que se paralizaran obras. "Esto es una cadena que si el nuevo gobierno no sale a aclarar o si no entiende que la obra pública es la herramienta que tiene para dar soluciones a la gente, estamos equivocando el camino”, advirtió. También él defendió que el Estado debe cobrar la provisión de agua a las grandes empresas. 

Abastecimiento poblacional 

El artículo segundo de la prórroga aprobada anoche da prioridad a "la utilización racional del recurso hídrico con destino al abastecimiento poblacional mientras dure el plazo de la emergencia", y establece que la autoridad de aplicación "ordenará, en caso de ser necesario, la restricción provisoria de otros usos que pudieran comprometer la accesibilidad de los usuarios residenciales".

La prórroga también obliga a la instalación de medidores del uso del agua, sean grandes o pequeños consumidores. "Todas las concesiones y permisos precarios de uso de agua pública otorgados por la autoridad de aplicación del Código de Aguas, deberán contar con macro-medidores instalados en las fuentes de aprovisionamiento según lo establece el artículo 149 del Código de Aguas". Para controlar el cumplimiento de esta disposición las autoridades de contralor "tendrán acceso irrestricto a los fundos e instalaciones en donde se ejecutan operaciones de captación, transporte, tratamiento y distribución del agua", prevé el artículo tercero.

El artículo cuarto dispone que los proyectos de urbanizaciones que construyan nuevos núcleos urbanos, "cuya provisión de agua tenga como destino el abastecimiento poblacional, no podrán obtener prefactibilidad, factibilidad o aprobación hasta tanto acrediten la pertinente concesión o permiso y la instalación de macro-medidores en las fuentes para el control de la captación en correspondencia con los caudales asignados por la autoridad de aplicación". Además, "Toda urbanización privada ubicada fuera del área servida por la prestataria del servicio de agua potable deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 4° y contar con micro-medidores en todas las conexiones domiciliarias".

Estas obligaciones comprenden a desarrolladores inmobiliarios, consorcios de propietarios y administradores que"intervengan efectivamente en el proceso de captación, transporte, tratamiento y distribución del agua". Y la instalación de micro-medidores "será también obligación de los usuarios". 

Entredichos

Al comienzo de la extensa sesión (de siete horas) la diputada Mónica Juárez pidió permiso para retirarse, argumentando que en la reunión previa de presidentes de bloques había sufrido maltrato de parte del presidente de la Cámara, Esteban Amat Lacroix. "No me siento cómoda trabajando así con usted", "Le voy a pedir retirarme porque no voy a caer en la hipocresía de sentirme como me siento, de que mis pares la pasen mal y de que usted me diga las cosas que me dijo recién", sostuvo.  

Amat retrucó pidiendo testimonios de otras legisladoras y otros legisladores que estuvieron en la reunión de labor parlamentaria. "Me interesa sobre manera porque la diputada Mónica Juárez realizó una denuncia en el INADI a un compañero de bancada, que ya tiene resolución, al ex diputado Javier Diez Villa, entonces la costumbre de hacer estas cosas no la quiero dejar pasar por alto porque me parece gravísima lo acusación que acaba de hacer", aseguró.