El gobierno porteño tiene un ángulo ciego de toda ceguera que lo lleva a quebrar repetidamente la ley. Es curioso, pero hasta en una campaña electoral cuyo argumento principal es la honestidad, el macrismo en funciones no logra parar de hacer obras contra los adoquines de la ciudad, que están recontraprotegidos por ley. No hay modo ni manera de defender la repavimentación, excepto por la vagancia y el apuro en la reparación de calles, y en el disgusto hacia algo que no es moderno, nuevo y fresco, como es el adoquinado. Todo gobierno frívolo adora las inauguraciones y detesta el mantenimiento.

El diputado porteño Gabriel Fuks acaba de presentar un pedido de informes al Ejecutivo porque recibió una denuncia simple de los vecinos de Guardia Vieja entre Billinghurst y Sánchez de Bustamante, a los que les están asfaltando la cuadra por encima de los adoquines. Este tipo de obra berreta y perecedera parecía cosa del pasado, pero es más fácil que arreglar los adoquinados y queda lindo para la foto. Fuks hace algo mañero e inteligente, como un guiño del truco, y no pregunta qué andan haciendo sino quién y por cuánto, y por orden de quiénes. Es que estas obras ilegales nunca tienen cartel porque se sabe que son truchas y no deberían ser.

Quien piense que se exagera, puede ver qué básicas son las preguntas que tuvo que hacer el diputado: qué empresa hace los trabajos, cuánto le pagan y qué número de contrato o licitación originó el trabajo. También quiénes son los funcionarios que la autorizaron y la pagan, con nombre, apellido, rango y repartición. A estas cosas básicas, que deberían estar en el cartel de obra, se le agrega la pregunta de si el área autorizante sabe que la Legislatura está tratando un APH en Abasto, que abarca la cuadra en disputa. Y hablando de patrimonio, Fuks pide a la Comuna 5 el listado de calles a proteger en el Area de Protección Histórica y al Ejecutivo la lista final de esas calles.

De paso, el diputado le recuerda al Gobierno que los adoquinados son patrimonio porteño por el artículo 4 de la ley 1227 y que el mismísimo Gobierno afirmó en su sanateado Plan Urbano Ambiental que le “prestará una particular atención a la variable patrimonial con el objeto de desarrollarla, incorporarla al proceso urbanístico e integrarla a las políticas de planeamiento”. La misma sanata del PUA dice que se tienen que “establecer mecanismos de protección preventiva para los distritos de preservación ambiental en trámite”, una frase destinada a los pícaros privados pero ahora aplicable a los públicos. De yapa, se agrega que deben existir procedimientos participativos para decidir qué hacer en estas áreas patrimoniales...

Como se ve, nada de esto ocurrió porque el recapado de los adoquines fue hecho en el mayor anonimato, sin tener en cuenta su valor patrimonial ni su futuro inmediato como APH, y sin participación alguna de comuna o vecinos. Es notable que en Buenos Aires vivamos agitados tratando de frenar las obras del gobierno, siendo que lo normal son los reclamos para que se hagan las obras. En fin, cosas del macrismo concreto.