Una vez que asuma Javier Milei ya anunció que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso y enviará un paquete de reformas del Estado, entre ellas, el nuevo organigrama del Gabinete nacional, con un recorte de 18 a 8 ministerios. ¿Qué pasará con las políticas públicas contra la violencia por razones de género y los femicidios?

Por ahora, el presidente electo ni la súper ministra designada al frente de la cartera de Capital Humano Sandra Pettovello, adelantaron qué área se hará cargo de las obligaciones que tiene el Estado –-originalmente a través del Consejo Nacional de la Mujer, luego jerarquizado en 2019 a Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad– por la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia contra las mujeres y además por tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés) con rango constitucional, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a la que el país suscribió.

El Ministerio de Mujeres es uno de los que se eliminará. Entre las obligaciones del Estado, una es “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 26.485. Pero son muchas más, entre otras, “desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención”. La ley 26485 fue sancionada en 2009 por amplia mayoría en el Congreso.

Pero en el país que dio origen en 2015 a un movimiento como el Ni Una Menos -que trascendió fronteras y generó un agite social como pocos en las últimas décadas dando lugar a la cuarta ola feminista–, el presidente electo descree de la desigualdad de género y niega la violencia machista.

En la plataforma de La Libertad Avanza se vuelve a colocar el problema de la violencia por razones de género dentro del paraguas de la “Seguridad Nacional”, es decir, un planteo que apunta a concentrarse sólo en la atención de la emergencia --en el mejor de los casos-- y no además en la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas --fundamentalmente mujeres-- que sufren violencia machista. En el ítem “Seguridad nacional y reforma judicial” de su plataforma se propone “crear mesas de enlace en los Ministerios del Poder Ejecutivo para abordar problemáticas comunes con el Poder Judicial”, entre ellas “entrega de tobilleras electrónicas como aseguramiento del cumplimiento de exclusiones perimetrales en casos de violencia familiar, entrega de botones anti pánico para víctimas de violencia o trata, al igual que los lugares apropiados para niños y adolescentes en situación de riesgo y víctimas de trata en todas sus formas también”.

Según información del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a través del Programa Acompañar, más de 350 mil mujeres y LGBTI+ víctimas de violencia de género recibieron apoyo económico y psicosocial para fortalecer su independencia económica; en cuatro años de gestión la Línea 144 recibió un millón doscientos mil comunicaciones y realizó más de 93 mil intervenciones en las que brindó asesoramiento y asistencia ante situaciones de violencia de género (hasta julio de 2023): tiene un promedio de 340 comunicaciones diarias.

Desde septiembre brinda respuesta en cinco lenguas indígenas, en cinco idiomas extranjeros y, a través de videollamada, a personas sordas e hipoacúsicas. Además, más de 30 mil mujeres y LGBTI+ fueron acompañadas y asistidas por 59 equipos interdisciplinarios del Programa Acercar Derechos presentes en todo el país. Y se desarrolló el primer Sistema Integrado de Casos De Violencia por Motivos de Género a nivel federal, una herramienta que sistematiza en una base de datos unificada la información sobre casos, consultas y/o denuncias de todo el país. Ya cuenta con más de 850.000 casos registrados. Se acompañó a su vez integralmente a más de 900 familiares y allegados de víctimas de violencias extremas por motivos de género a través del Programa de Apoyo Urgente. ¿Qué pasará con todas esas personas que requieren de asistencia y ayuda del Estado y con todo ese armado de políticas públicas?

También se puso en marcha la construcción de 30 Centros Integrales de Políticas de Género y Diversidad en todo el país: se inauguraron 4, mientras que 14 están en construcción, 2 a iniciar, 8 se encuentran en etapa de licitación y 2 en proyección, pero es muy probable que con el anuncio de Javier Milei de cortar toda la obra pública durante su gobierno, queden sin terminar.

Así estamos. Mientras tanto, a partir del resultado electoral trabajadoras y trabajadores de la Línea 144 reciben amenazas, en un contexto de crecimiento de las agresiones hacia personas LGBT+. Es urgente que el propio Milei –que promovió los discursos de odio desde antes de estar en campaña, sobre todo contra las feministas y transfeministas– haga un llamado público, responsable, a frenar estas conductas violentas. Y que no cancele las políticas públicas que en estos años significaron un paso adelante en el abordaje de la problemática de la violencia por razones de género, sacando el foco solo de la urgencia.

Ya no es un panelista televisivo que sube el rating a los gritos. Ahora tiene que hacerse cargo de un problema, que –sabemos– es complejo, y por eso, demanda políticas integrales y que sigue causando en la Argentina un femicidio cada 30 o 36 horas, y esa es solo la punta del iceberg: por debajo, miles de mujeres y diversidades son afectadas diariamente por un maltrato machista, con distintas caras, que no cesa. Negar la violencia de género es ser parte del problema.