Esta semana hubo una protesta que al macrismo le cuesta entender. En lugar de estar agradecidos, en lugar de entender cuál es su lugar, los vecinos del Barrio Carlos Mugica, la vieja Villa 31 y 31 bis, fueron a protestarle al secretario de Integración Social y Urbana Diego Fernández. El tupé de los villeros realmente es ininteligible para estos macristas porteños porque el motivo de la protesta fue el barrio que les están construyendo para relocalizar a cuarenta familias del sector Cristo Obrero. Los del barrio fueron a protestar porque les encajaron viviendas diseñadas en copia abierta de un barrio francés que ellos encuentran insatisfactorias pero que el gobierno porteño les va a obligar a pagar como buenas. Es un caso de insurrección por mala arquitectura que vale la pena entender.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad está apoyando a estos vecinos y acaba de difundir un informe sobre la situación y el proyecto que vale la pena seguir. Como se ve en la foto, el complejo habitacional se compondrá de edificios largos de planta baja y dos pisos, con poca estructura de hormigón y con muros de perfilería de metal, tabiques y revestimiento externo de chapa azul. Es lo que se llama “conteneira”, por su parecido a los contenedores que abundan en el cercano puerto. En este caso, y para crear calle, se incluyen ocho locales y un comedor.
Las viviendas tienen de dos a cuatro pequeños dormitorios y un ambiente social con la cocina a la vista al que se accede desde el balcón. Este es el modelo europeo de “Council Flats” que se puede ver en casi cualquier película inglesa, el aporte del continente viejo a ese bodrio del monoblock. En los techos, seamos modernos, se instalan paneles solares que supuestamente van a proveer luz a los espacios comunes, una idea que puede ser apenas marketing para un gobierno que destruye espacios verdes, o una manera de ahorrar energía si la tecnología es la apta.
En resumen, para ahorrar costos y tiempos se hace poco hormigón, se usan pretensados donde sea posible, se dejan cementos a la vista en varios pavimentos y se completan los vanos con marcos de metal y panelería de durlok con aislantes internos. Las instalaciones en estos sistemas en seco son más sencillas y rápidas, lo que también reduce costos. Pero un primer problema es que va a faltar una instalación, la de gas, porque estas panelerías no son aprobadas técnicamente por cuestiones de seguridad. Todo en estas viviendas, el calefón, la cocina y las estufas, será eléctrico.
Aquí empieza un tema complejo, que es la diferencia de visión entre el gobierno porteño y los vecinos que protestan. Para el macrismo, el caso del barrio es “ejemplar”, un éxito realizado bajo la tutela y vigilancia del BID. Para los vecinos, el resultado son viviendas “de cartón” y caras para lo que son. El problema arranca porque la panelería en seco se usó en absolutamente todos los muros del conjunto, internos y externos, divisorios o privados. El panel te separa del vecino y del exterior, con el único agregado del revestimiento de chapa ya pintado de azul. Y la panelería de Durlok no se caracteriza por su aislamiento sonoro ni por su solidez.
A todo esto, el Carlos Mugica es un barrio que abunda en albañiles experimentados, los mismos que se construyeron una “villa en altura”, lo que indica su capacidad técnica. Que este público señale que el marco metálico con panelería no es durable y que el revestimiento horizontal de chapas es ideal para los bichos, requiere prestar atención. Son profesionales señalando problemas que van a aparecer en el futuro inmediato y subrayando que la empresa constructora no da más que un año de garantía a los edificios. Uno de los vecinos, con bronca, ilustró el problema con un buen patadón a una pared: le dejó un regio agujero y agregó que esto, “con una de material”, no pasa. El material también falta en el remate de los edificios, porque ya se vio que no hay una losa de hormigón en los techos. Se sabe que habrá chapa y paneles solares, pero no qué los va a sostener. Y otra crítica certera es que los ventanales que dan a los balcones, que son la circulación pública del edificio, son grandes, lo que disminuye todavía más la intimidad. Curiosamente, estos criterios de durabilidad y mantenimiento sí fueron tenidos como esenciales en el proyecto del Playón de Chacarita, donde se proyecta hacer conjuntos de ladrillo a la vista.
A todo esto, todo el bodrio se origina en la idea de correr la autopista Illia, hacer otra y utilizar la actual para hacer un parque lineal. Esta inmensa millonada en contratos es el real objetivo y la razón por la que los vecinos del Mugica súbitamente le importan al macrismo. El mes pasado, la misma secretaría de Integración Social y Urbana porteña anunció la apertura del concurso internacional para crear este parque lineal sobra la autopista. A todo esto, la FADU de nuestra universidad local acompaña el proyecto proveyendo jurados, otra instancia de subirse a cualquier tontería con tal de cobrar.
La primera fase elegirá hasta cinco propuestas, que se someterán a “votación ciudadana” a partir de noviembre. Los preseleccionados recibirán ochenta mil dólares cada uno, con dos menciones de cinco mil, y el que resulte elegido recibirá otros cincuenta mil. Como se ve, sólo el concurso puede costar un buen cuarto de millón de dólares, dinero que podría agregar muros más sólidos a los vecinos de abajo. Pero todo, el barrio, el concurso, los paneles, con centavos comparados a lo que va a costar la nueva autopista que nadie necesita.
Hablando del Urquiza
El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad reunió este mes a las partes en el conflicto por el Cine Teatro Urquiza, en Parque Patricios. Las juezas Ruiz y Weinberg se vieron con el Defensor General y su adjunta, con los apoderados de los vecinos del cine, con un representante legal del gobierno porteño y con un abogado de Establecimientos Campana, dueños actuales del edificio. Según contaron los vecinos, fue una buena audiencia en la que se pudo hablar y explicar posiciones. Se quedó en volver a verse el trece de noviembre y en agregar a alguien de la subsecretaría de Planeamiento, Interpretación y Desarrollo porteña, y de la dirección general de Patrimonio Histórico. Los dueños del edificio prometieron pensar un proyecto que se adecue a la normativa que protege el edificio, y los vecinos a aportar ideas para ayudar a que el futuro edificio ayude a preservar la identidad del barrio.
En La Plata
No sorprende que en la capital bonaerense se siga hablando y mucho de la detención del sindicalista “Pata” Medina, pero en la golpeada ciudad se preguntan bastante más que lo que sale en los diarios oficialistas. Por ejemplo, Defendamos La Plata, la ONG que le da la pelea a los especuladores locales, subrayó que se habla mucho de coimeros pero poco o nada de coimeadores. O sea, que si Medina cobraba ¿quién le pagaba? El silencio, entiende la ONG, se debe a que Medina no era ni remotamente el único que andaba cobrando.
Los “cómplices” empresariales de esta situación, dicen en DLP, son los que modificaron el Código de Ordenamiento Urbano a medida de sus necesidades y negocios. Son “los socios mayoritarios” de la especulación y por eso “de ellos no se habla”. Un ejemplo es la acusación de que el sindicalista habría frenado con chantajes la construcción de torres en el sector del Bosque. Pero nadie destaca que los permisos de varias de esas torres eran irregulares. De hecho, los medios oficialistas acusan a Medina de haber frenado tal cantidad de edificios que uno piensa hasta en agradecerle: si los hubieran construido a todos, La Plata sería una selva asfixiante.
Estos señalamientos son muy platenses, porque pocas de nuestras ciudades fueron arrasadas de la manera que sufrió su capital. Los especuladores locales construyeron sobre humedales, dieron vuelta el código local para abarrotar el centro, inventaron el “permiso provisorio de demolición” y lograron construir en espacios públicos de propiedad estatal. El resultado fue una inundación letal y una degradación extrema de lo que fue una de nuestras mejores ciudades.
Con lo que en Defendamos La Plata piden que se siga investigando este caso y se presente en sociedad a los que le habrían pagado coimas al acusado. Es curioso que hasta ahora todo sea “chantaje” y obras paradas. ¿Y las que sí se hicieron? ¿No le pagaron nada a nadie? Y los que le habrían pagado al sindicalista ¿no le pagaron a nadie más?