Dirigentes de la alianza Cambiemos presionaron ayer a coro para exigir el apartamiento de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, procesada por supuesta administración fraudulenta por la compra de un edificio para el Ministerio Público Fiscal. La maniobra para desgastar a la jefa de los fiscales, a quien el presidente Mauricio Macri pretende reemplazar por alguien de su agrado, incluyó la difusión desde la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia y el diario Clarín del teléfono de la hija de Gils Carbó, que colapsó de insultos y amenazas. Fuentes de la Procuración ratificaron que su titular no piensa renunciar ni pedir licencia, recordaron que Macri asumió en 2015 con procesamiento firme por escuchas ilegales y advirtieron que plantearán los ataques contra la magistrada y su familia ante organismos internacionales. “Debemos permanecer firmes y no ceder ante las presiones porque en cada decisión que tomamos, en cada una de nuestras intervenciones, estamos poniendo en juego la vigencia del Estado de Derecho”, señaló Gils Carbó tras recibir juramento a cinco fiscales generales. Mientras la agrupación Justicia Legítima pidió “respeto por la institucionalidad y el resguardo a la división de poderes”, el juez Alejandro Slokar, de la Cámara de Casación Penal, calificó como “una intromisión inaceptable” del Ejecutivo los pedidos de renuncia y advirtió que “lo que está en jaque, bajo amenaza, es el Estado de derecho”.
El reinicio de la embestida contra Gils Carbó se produce a partir del procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini por la compra del edificio de Perón 667. La operación se basó en una licitación que el juez consideró “direccionada”, por la que se pagó una comisión de siete millones de pesos. Pese a que fue la empresa dueña del inmueble y no la Procuración la que abonó esa comisión, Ercolini conjeturó que hubo un perjuicio a las arcas del Estado y procesó a la procuradora por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró “lógico” que la procuradora pida licencia “mientras resuelva su situación judicial” porque a partir del procesamiento “se crea una situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la Justicia en la Argentina”. “Es una cuestión básicamente institucional”, dijo. “Ella tendría que renunciar si fuera una persona con un mínimo de vergüenza”, opinó Elisa Carrió vía Facebook. “Ya se va a ir, no se preocupen. Pero no vamos a violar la Constitución. Lo importante no sólo es que se vayan sino que se vayan por vía constitucional”, agregó la diputada, consciente de que Cambiemos no cuenta con los votos en Diputados para iniciarle un juicio político. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, escribió en Twitter que la situación de Gils Carbó “le hace más daño a la Justicia y al país” y que “su mejor opción es renunciar”.
El radical Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados, opinó que si la Cámara Federal ratificara el procesamiento Gils Carbó estaría “absolutamente acorralada” y sugirió que el gobierno no debe “empezar a contar cuántos números tiene para que se haga efectivo el juicio” sino “poner en evidencia la inconducta, llevar adelante” el proceso y “que cada uno se haga responsable de pararse de un lado o del otro”. No es la opinión del presidente de la comisión de Juicio Político, Alvaro González, quien advirtió que no va a “abrir la comisión para fracasar”. “Estoy seguro de lo que van a hacer los diputados de nuestro bloque, no lo de los otros. El tema requiere de mucha prudencia”, sugirió González, que ayer se reunió para tratar el tema con el jefe de la bancada Pro, Nicolás Massot, en el coloquio de IDEA en Mar del Plata.
Las presiones públicas se complementaron con la difusión del teléfono de la hija de Gils Carbó, que el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte no tachó al difundir el procesamiento y que ante su irresistible valor periodístico publicó el diario Clarín. La difusión derivó en amenazas e insultos contra la joven, que debió dar de baja la línea y analiza iniciar una demanda civil contra los responsables.
“Una vez más, Justicia Legítima se ve obligada a recordar el respeto por la institucionalidad y el resguardo a la división de poderes”, señaló la agrupación en un comunicado que tituló “Basta de presiones”. “Las instituciones de la República tienen sus procedimientos para la renovación de autoridades, que no pueden depender de criterios antojadizos”, recordó. “Lo que está en jaque, bajo amenaza, es el Estado de derecho”, consideró Slokar en diálogo con Radio Cooperativa. “Esto que se reedita una y otra vez en boca de distintos actores, de poderes formales pero también de poderes fácticos, en orden a que un funcionario del Poder Judicial tiene que renunciar o pedir licencia, es una intromisión inaceptable, que no forma parte del juego democrático”, advirtió el juez de Casación. “Esta invitación casi coactiva a que alguien tenga que pedir licencia tiene que tener un límite”, reclamó. Slokar destacó que el ministro Garavano, como ex fiscal general porteño, conoce “la distancia que debe guardar el Ejecutivo respecto de este tipo de exigencias”, y que “el resguardo de la independencia es a favor de la ciudadanía, no de los magistrados”.
