Por orden de la jueza Ada Zunino y tras un pedido del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, cuatro familias indígenas de la Comunidad Lules de Finca Las Costas fueron desalojadas el lunes último de un terreno de tres hectáreas y media que habitan desde hace varias generaciones. Además, el martes último, una mujer originaria fue imputada por desobediencia judicial.

El presidente comunal David Torres sostuvo que el lugar es parte del territorio originario ya relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y reconocido como tal en el marco de la ley 26.160 que además suspende y prohíbe los desalojos de comunidades indígenas.

La jueza Zunino ordenó el “inmediato desalojo del inmueble” de Reina Lamas, de 55 años, quien habitó toda su vida en el lugar. El terreno en cuestión está ubicado en Finca Las Costas, “camino a La Puruña”, "es de mis abuelos y de mis papás, yo nací y crecí ahí. Mi papá ya murió", contó Lamas a Salta/12. Su casa está en las cercanías. 

El lugar en disputa era utilizado como "rastrojo" pero ante el crecimiento de la familia y la conformación de nuevos grupos familiares por generaciones jóvenes surgió la necesidad de habitar esa tierra para vivienda. "Mi sobrina estaba viviendo, tiene su casita precaria ahí con su pareja y dos niños de 8 y 3 años. Como 50 policías le sacaron las cosas, si ella se resistía la amenazaron con llamar a la defensoría y quitarle a los niños", relató Lamas.

Karen Vilte fue desalojada el lunes, es la sobrina de Lamas y nieta del antiguo poseedor. "Tipo 18.30 los policías cortaron el alambre, desarmaron todo. Eran cuatro ranchos, (éramos) cuatro familias que estábamos ahí peleando por lo que nos pertenece", dijo aa Salta/12 la joven lule de 27 años. La casita que le desarmaron era de plástico, pallets y ladrillones encimados. Precisó que su hermano, un primo que es hijo de Lamas, y otros dos primos, quienes también son padres de niños pequeños, habían instalado viviendas precarias allí.

La joven explicó que tenían una notificación judicial previa de “no innovar” a raíz de un conflicto judicial con el particular Jorge Fernando Aguierre, que disputa esta tierra. La orden de desalojo llegó luego de que un policía la viera a ella y su pareja trabajando en su rancho. "Ayer (por el lunes) cayeron móviles, motorizados, Infantería, nos dijeron que tenemos que salir pacíficamente", relató Vilte. “No son sus tierras”, señaló respecto al criollo que pretende apropiárselas.

El pasado 20 de noviembre la auxiliar fiscal Analía Alisio, de la delegación de San Lorenzo, envió una notificación a Lamas en la que la intima "a que no puede realizar ningún tipo de construcción bajo apercibimiento de desobediencia judicial".

El Ministerio Público Fiscal informó que el fiscal Ramos Ossorio imputó a Lamas por desobediencia judicial, tras una denuncia realizada por un particular y el administrador estatal de Finca Las Costas, Enrique Clement Fernández, "después de enterarse de que un grupo de personas estaba llevando a cabo tareas de construcción en el lugar".

Desde la fiscalía recalcaron que la desobediencia se atribuye al incumplimiento de la medida de no innovar dispuesta por la jueza María Guadalupe Villagrán, del Juzgado Civil y Comercial 10 del distrito Centro, que ordenó "la suspensión de las obras que se encuentren en ejecución o en vías de ejecución y también el ingreso de ganado a la reserva de Finca Las Costas, a fin de evitar la potencial producción o agravamiento del daño ambiental que pudieran producir", en el marco de un amparo presentado por la provincia de Salta contra la comunidad lules en 2020.

El lunes Zunino, que actuó como interina, ordenó al jefe de la subcomisaría de Finca Las Costas que fuera al lugar con “personal policial femenino y masculino” para que notificara su decisión “a los moradores que ocupan el lugar, haciéndoles saber que la medida de desalojo dispuesta los comprende a todos ellos y a todo ocupante del inmueble”. La jueza autorizó un “allanamiento del domicilio” y el secuestro de los elementos dispuestos en este sitio.

Un dato relevante es que en la notificación, la magistrada dispuso que el personal policial “proceda al reintegro del inmueble (...) al señor Aguierre, Jorge Fernando (...) libre de ocupantes”. Sin embargo, este hombre no tiene elementos de prueba para acreditar derechos sobre esa tierra, explicó Lamas. "Aguierre dice que es el dueño, que mi papá se lo pasó a él pero no tiene nada firmado", señaló la mujer.

Lamas explicó que Aguierre es un empleado judicial que conocía a su padre, el antiguo poseedor del lugar. Indicó que su papá tenía sembradíos y solía permitirle a Aguierre que hiciera pastar caballos, con lo que ambos se beneficiaban porque los animales se alimentaban y a la vez aportaban abono a la tierra.

El padre de Lamas murió hace 8 años y la mujer explicó que desde entonces Aguierre intenta apropiarse del lugar. Asimismo, contó que en aquel momento ella no estaba en condiciones de ocuparse de esa disputa porque en el medio tuvo que cuidar de su esposo luego de un grave accidente. Sin embargo, relató que el año pasado el empleado judicial hizo una denuncia por usurpación primero contra su marido y en marzo de este año, contra ella; además, inició un juicio civil en el que reclama la posesión del terreno.

Lamas contó que el 24 de marzo Aguierre llegó con animales pero no le permitieron ingresar. "Después volvió con varios matones", con camionetas y motos, y también sus hermanos. ”Nos atropellaron. La policía lo estaba apoyando a él, como trabaja en la Ciudad Judicial agarra el teléfono y en seguida están con él", manifestó. Dijo que Aguierre las empujó e insultó, y que las hostiga a través de otras personas y que no recibe respuestas a sus denuncias. 

Finca Las Costas es territorio ancestral y propiedad comunitaria del Pueblo Lule pero también es una reserva ambiental y su administración está a cargo del gobierno provincial. La comunidad viene reclamando la participación en la gestión de los recursos naturales. El asedio que afronta es continuo ya que debido a la riqueza de este territorio, es codiciado por intereses inmobiliarios y particulares; además, en los alrededores ya se ubican diversos countries.

Derecho indígena

“Lamentablemente se hace común que los jueces no tomen en cuenta el derecho indígena, siempre tratan estos conflictos como si fueran de dos privados, de dos personas comunes y de esa manera benefician los intereses particulares dejando de lado el derecho colectivo de la legislación indígena. Lo grave es que esto sucede en un territorio que tiene una doble condición, por un lado, es territorio indígena reconocido por la legislación vigente y a su vez es reserva hídrica. Lo que hace esto es ir enajenando lo que es de bien público y colectivo de la comunidad”, sostuvo David Torres.

El presidente comunal resaltó que "la ley 26.160 es de orden público y debe tener prioridad ante cualquier otra ley, acto administrativo o sentencia judicial. Suspende todas las sentencias o actos administrativos que tengan como fin el desalojo o despojo de las comunidades indígenas".

"Siempre nos enfrentamos a redes de poder, de tráfico de influencias, de intereses económicos. Esto afecta a la sociedad en general porque ese espacio provee de agua a todos. Este hombre (Aguierre) va en búsqueda de pretensiones particulares y el Estado de la lugar", recalcó Torres. Dijo además que Aguierre "tiene alambrados por todos lados", de los que se apropió porque "veía espacios vacíos" sobre todo en los lugares abiertos que dejaba la comunidad para los caballos.

“Nosotros estamos obligados por la legislación indígena a mantener el espacio en las mismas condiciones, de vivir en armonía con el medio ambiente porque así lo dicen nuestras costumbres y la legislación”, señaló también Torres. En cambio, indicó que a criollos como Aguierre no se les impone el cuidado de la naturaleza y pueden hacer en el lugar lo que quieren.

La delegación de la CTA Las Yungas repudió la decisión de la jueza Zunino. 

Asedio judicial y negación de derechos

El año pasado varias familias de la Comunidad Lule fueron convocadas a una audiencia pública por la jueza Villagrán en el marco del amparo presentado por el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, que les acusa por contaminación de las aguas. Sin embargo, tanto el presidente como la abogada de la comunidad, Mara Puntano, señalaron en esa oportunidad que son los countries de alrededor los que están contaminando.

El gobierno pidió medidas cautelares en el amparo, "prohibiendo toda actividad de la comunidad, de agricultura, de ganadería. Sin nombrarlos como comunidad, invisibilizando una vez más a los pueblos originarios", advirtió la letrada esa vez.

Ramos Ossorio interviene también en una causa iniciada en 2016 para investigar una supuesta usurpación en la Reserva de Finca Las Costas por parte de particulares e integrantes de la Comunidad originaria del Pueblo Lule.

En ese contexto también el Pueblo Lule junto a los pueblos Atacama, Iogys, Weenhayek y Tastil vienen luchando para que el gobierno provincial los reconozca oficialmente y los incluya en la ley 7.121, que regula el funcionamiento del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).