En la década de los 90, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo realizó fuertes ajustes a las provincias. Era necesario para hacerse de fondos y solventar el déficit de las jubilaciones, privatizadas bajo la forma de las AFJP. Esto generó un desfinanciamiento en las provincias, que fueron compensadas con la transferencia de los recursos naturales con la reforma de la Constitución de 1994. Las provincias, desfinanciadas, comienzan el proceso de la entrega de los recursos naturales a precios viles.
La propuesta de Javier Milei de eliminar o modificar la coparticipación también va camino a debilitar financieramente a las provincias, y dejarlas expuestas a fondos especulativos que desean hacer negocios con los recursos naturales estratégicos que tiene Argentina en el actual contexto internacional.
Un modelo de país
La historia de la conformación del país muestra que la discusión sobre los recursos siempre estuvo dentro de la agenda política, fue motor y razón de ser de la constitución del Estado Argentino. Desde sus inicios la formación del Virreinato del Río de la Plata fue producto, entre otras cosas, de decisiones administrativas ligadas a un mejor control de los recursos que se explotaban y exportaban a la metrópolis.
Aparece en este periodo el contrabando como modelo alternativo para evitar los controles impuestos por la corona a la comercialización de productos autóctonos. Este contrabando da auge y crecimiento a Buenos Aires como centro comercial, y por lo tanto a la burguesía que allí residía. Este no es un dato menor, y debe ser tenido en cuenta, porque esta clase social es la que impone su ideología al resto del país.
El periodo de anarquía, desde la independencia hasta la sanción de la constitución de 1853, fue una lucha en términos políticos entre los caudillos, con una visión federal, y el centralismo porteño, fortalecido por el control de la principal Aduana. Pero en términos económicos, la pelea de los caudillos tenía que ver también con la defensa de los recursos y las fuentes de trabajo de cada región.
En efecto, la existencia del estado Nacional es cronológicamente posterior a los gobiernos locales y regionales y su origen se debió a una delegación de poder que hacían estos últimos al primero. Hasta 1890, hubo separación de fuentes tributarias, correspondiéndole a la Nación los impuestos sobre el comercio exterior y a las provincias los internos. Desde 1890 y hasta 1934 hay concurrencia de fuentes tributarias en los impuestos internos indirectos. Este esquema determinaba que cada provincia debía ajustar sus gastos en función de la recaudación "propia", generando gran disparidad territorial en cuanto a la oferta de bienes públicos provinciales, financiando las provincias ricas (las que se encontraban en la pampa húmeda) niveles de gasto por habitante más elevado que las provincias pobres.
Esto ayuda a entender que el modelo agro-exportador del siglo XIX, sólo entendía el país desde la perspectiva del gran puerto, funcional a los intereses de la clase social dominante, a quien no le interesaba el desarrollo armónico de las economías regionales. No se pensó en una gran nación: apenas en un gran puerto, o en todo caso la Nación era el puerto como cosmovisión.
La historia de la coparticipación
En 1988 se sanciona la primera Ley de Coparticipación (23.548), luego del regreso democrático. Esta ley, conjuntamente con el pacto Federal de1992 y el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 1993, constituyen el cuerpo principal en materia de coparticipación para el periodo anterior a la sanción de la nueva Constitución del año 94. Simultáneamente y también como consecuencia del criterio de coparticipación definido se instala en esta circunstancia histórica la discusión del financiamiento de los servicios transferidos de la Nación a las Provincias.
Luego, a partir del Plan de Convertibilidad, se retoma el proceso privatizador. Este expeditivo proceso –desde 1993 a 1994- de descentralización, explica e ilustra significativamente el crecimiento del gasto en cada Estado Federal y las firmas de los primeros pactos fiscales. Complementariamente, el Estado Nacional se desprendió de las empresas públicas.
La política de transferencias emprendida en ese marco de reforma estatal significó para las provincias recibir y afrontar en exiguos plazos de asimilación los servicios transferidos. El paquete transferido se constituyó de servicios de educación primaria, secundaria y terciaria, salud, y otros de variada índole como funciones de policía de trabajo, puertos, etc.
La reforma constitucional de 1994 introducirá luego, entre otros cambios, la asignación de rango constitucional a la coparticipación. Debe entenderse que los fondos que reciben las provincias no son transferencias, sino recursos de propiedad provincial; la Nación recauda en forma centralizada por diferentes motivos (economías de escala, equidad, políticas macroeconómicas), pero la recaudación no pasa por el presupuesto, sino que se distribuye automáticamente.
El problema argentino
Cuando los Estados Nacionales optan por organizarse bajo la forma de federaciones se habla de organización federal de gobierno. Esto implica estudiar de qué manera se articulan la distribución de funciones y responsabilidades cuando existen al menos dos niveles de gobierno. De qué manera se distribuyen los recursos y a quién le corresponde la provisión de bienes y servicios.
Si bien los problemas estructurales que acarrea Argentina no son exclusivamente por la coparticipación o por el reparto de los recursos, no caben dudas que estos últimos han servido como un poderoso instrumento de política económica para consolidar modelos que signaron el atraso.
El problema de Argentina está en su génesis. En su conformación histórica como país. El sistema disperso de comunicaciones, uno de los obstáculos que separa al pueblo argentino, no deriva de la geografía, sino de las inversiones financieras, que han relegado a las economías regionales a la categoría subsidiaria de abastecedora de la metrópolis. Las redes ferroviarias, fluviales y viales, han sido exclusivamente articuladas al comercio de exportación y no al mercado interno.
Hechos de esta naturaleza son derivados de la fragmentación geográfica. Por eso la unidad geográfica exige la reinserción comercial y política de las regiones. Este modelo frena en un doble sentido al país: a) al estancar el crecimiento del mercado interno y b) al desviar la producción al comercio exterior, generando el subconsumo y la miseria social.
La economía, la política, la historia se entretejieron en el gran puerto. Este debe ser el centro del debate. Porque a lo largo de la historia la hegemonía del gran puerto marcó el rumbo a seguir.
Desde los sectores populares se debe bregar por una gran integración regional. Del otro lado, lo que pretenden es debilitar la Nación para entregar los recursos naturales. Con provincias débiles económicamente, la entrega del agua, litio, petróleo, recursos naturales y alimentos está asegurada. Y ese es el objetivo de esta derecha fascista.
* CPN y Mgter en Administración Pública. Autor del libro" Federalismo y coparticipación, el que no cambia todo no cambia nada"
