“La industria del juicio es alarmante para las pymes porque compromete su viabilidad”, advirtió el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. Mostró números que indican que los juicios de trabajadores contra las empresas crecieron 35 por ciento contra el año anterior. A pesar de esa evolución de la litigiosidad, la producción industrial alcanzó en septiembre su máximo histórico. “Nueve de los diez meses transcurridos del presente año fueron records de producción industrial al realizar la comparación con iguales meses de años anteriores. Septiembre es el máximo de la serie del Indice de Producción Industrial”, sostiene la ultraliberal FIEL en su base estadística. Los sectores que mostraron mejor desempeño son automotores, con un alza impactante del 21,4 por ciento, minerales no metálicos (10,5), metalmecánica (8,3), siderurgia (8,1), alimentos y bebidas (5,2) e insumos textiles (4,9). Prácticamente todos los rubros exhibieron resultados positivos. Es decir, el alarmante incremento de los juicios laborales que mencionó Funes de Rioja no impidió que la producción fabril anotara sus mejores marcas históricas según las cifras de FIEL, una de las mayores usinas del pensamiento neoliberal. Estos últimos datos desmienten que los reclamos de trabajadores ante la justicia por derechos que consideran vulnerados sean un obstáculo para el avance de la actividad manufacturera. Como queda claro, al mismo tiempo que crecieron los juicios las industrias atravesaron su mejor momento. ¿Cómo se explica? Porque tanto las declaraciones de Funes de Rioja como las estadísticas de producción son de septiembre de 2011, cuando la política económica estimulaba el mercado interno, regulaba las importaciones, subsidiaba las facturas de gas, electricidad, agua y transporte a trabajadores y empresas, fortalecía la integración comercial con el Mercosur y la región y esquivaba los lugares comunes que lo único que persiguen es tergiversar los hechos para cristalizar una distribución del ingreso cada vez más desigual, como la que avanza estos días en beneficio de quienes imponen la IDEA del derrame.

  “Hace 34 años que tengo mi pyme. Nació con la democracia y pasé las peores crisis de hiperinflación, el Efecto Tequila y el 2001. Desde 2003 crecimos como nunca y las leyes laborales y los juicios eran los mismos que ahora. Tuve varios juicios de trabajadores y los perdí todos. Pero eso no impidió que fuera para adelante porque había actividad, había mercado interno. El problema no son los juicios, el problema es la política económica”, define Daniel Moreira, presidente de la Asociación Pyme, quien maneja una empresa con siete empleados de refrigeración y climatización de ambientes. “Inquietan los juicios laborales” fue el título del artículo del diario La Nación del 30 de agosto de 2011 donde Funes de Rioja denunciaba la existencia de una “industria del juicio”. La explicación, sin embargo, era distinta que la actual, que atribuye los graves problemas de las pymes a la litigiosidad laboral. En aquel momento, el fenómeno era señalado como una consecuencia no deseada del crecimiento económico. “Cuando hay una sensación de que es más fácil insertarse en el mercado laboral la cantidad de juicios crece con mayor intensidad”, evaluó en la misma nota de La Nación el abogado Javier Adrogué, del estudio AM&Z.

  El diputado Héctor Recalde, a quien Mauricio Macri acusó de ser el jefe de la mafia de los juicios y posiblemente sea uno de los 562 argentinos a los que el Presidente desearía mandar en un cohete a la luna -amenaza que se da en el contexto de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y aprietes a cara descubierta contra sindicalistas, jueces, dirigentes opositores, periodistas y medios de comunicación-,  coincide en que los trabajadores tienden a defender menos sus derechos en escenarios de alta desocupación. “La cantidad de siniestros denunciados en 2003 fue 414 mil y en 2015 llegó a 700 mil, lo que implica un incremento de las denuncias –lo necesariamente de la siniestralidad– de casi el 70 por ciento”, detalla en un documento que este diario publicará mañana en el suplemento económico Cash. Ese aumento, explica el legislador, se produjo al mismo tiempo que el empleo no registrado bajó de 52 a 33 por ciento y la cantidad de trabajadores asegurados por las ART trepó de 5 millones a 9,7 millones. Es decir, el avance de la estabilidad laboral ensanchó los márgenes de cobertura y las posibilidades de reclamar frente a un accidente. Aun así, en 2015 la Superintendencia de Riesgos del Trabajo reportó 123.565 siniestros en empresas de más de 5 mil trabajadores, pero de ellos apenas 1167 fueron judicializados, el 0,94 por ciento. Y esto a pesar de que el sistema deja afuera de la cobertura a las llamadas enfermedades profesionales -como las dolencias de columna, ciático o hernias, propias de quienes, por ejemplo, levantan cajas o materiales en sus tareas laborales-, que son las que motivan los mayores reclamos. De acuerdo a la OIT, las enfermedades profesionales constituyen el 38 por ciento de los accidentes como promedio internacional, mientras que en la Argentina son solo el 3 por ciento. En conclusión, como dice Moreira, lo que ahoga a las empresas no son los juicios sino el rumbo económico y, en lo que respecta a los accidentes, a las falencias estructurales del sistema de ART, más allá de casos puntuales que son utilizados como excusa para extrapolarlos al conjunto de la economía y presionar por una quita de derechos a los trabajadores.

  Esa confusión intencionada procura instalar como sentido común que la avalancha de industrias y pymes que bajan la persiana es producto de una mafia que las acosa. Por lo tanto, la solución sería poner un cepo a las demandas de los empleados. Este razonamiento deja de lado que existen 4,5 millones de trabajadores que se desempeñan en negro y tienen motivos de sobra para iniciar un juicio, pero la inmensa mayoría no lo hace para no poner en riesgo su único medio de subsistencia. También busca ocultar las consecuencias de medidas concretas que sí hunden a las empresas como la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la sustitución de producción nacional por importaciones, los tarifazos y los abusos del sistema financiero, entre las principales.

  Los grandes empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA son especialistas en la tarea de convencer a los trabajadores de que lo mejor para ellos es resignar salarios y aceptar lo que les toca, mientras más sumisos mejor o no llegarán las inversiones. Lo repitieron esta semana y lo intentaron siempre. La diferencia con años anteriores es que ahora hay un gobierno que los alienta y les da la razón, como era previsible al advertir que el Poder Ejecutivo está compuesto por muchos de los CEO que antes adoctrinaban desde las tribunas de ese congreso empresarial. Tanto o más preocupante frente a ese escenario es que dirigentes pymes y sindicales unan sus voces con docilidad al coro de los Rattazzi, Funes de Rioja o Galperín que claman por terminar con los juicios y avanzar con reformas de precarización laboral. Esta semana 500 empresarios pymes fueron al Congreso a expresar su preocupación por la política económica. Le apuntaron a las importaciones, los aumentos de tarifas, la caída de la demanda y los costos financieros, pero la mitad de los proyectos de ley que presentaron fueron en línea con los planteos de IDEA en materia laboral. Uno de ellos postula la creación de un seguro de desempleo costeado por los trabajadores para solventar sus propias indemnizaciones por despido. Pymes y sindicatos que se alinean con grandes empresarios y un gobierno de CEOs  se están pegando un tiro en el pie. Ya lo dijo Domingo Cavallo, es lo mismo que en los 90.