"La industria no es un sector más en la provincia de Buenos Aires: es la columna vertebral de nuestra integración territorial e identidad productiva. En base a ello, para nosotros es fundamental la aplicación de políticas públicas que nos permitan seguir expandiendo la producción y el empleo”.

La definición del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue un de las tantas que se escucharon en la 29na Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde integró un panel junto con sus pares de Catamarca, Raúl Jalil; y los electos de Mendoza, Alfredo Cornejo; y Chubut, Ignacio Torres.

Los datos recientes confirman las palabras de Kicillof: en septiembre pasado la provincia exportó por valor de 2400 millones de dólares. En el primer puesto, la mitad de ese monto corresponde a bienes industriales, duplicando a los 600 millones de origen agropecuario.

“Hay que buscar estabilidad macroeconómica con un modelo que promueva el desarrollo industrial", señaló Kicillof, que "a la espera de definiciones respecto del programa económico que impulsará el próximo gobierno nacional", redobló su compromiso que lo ubica en el lugar "de seguir defendiendo el aparato productivo”. 

De esa manera, frente a los industriales, el gobernador buscó dar una respuesta a las dudas que empiezan a surgir a partir de los anuncios del Presidente electo, Javier Milei, que días atrás advirtió sobre una inminente estanflación que podría extender al menos durante los dos primeros años de su gestión.

“Hoy estamos parados en un lugar en el que, aún con dificultades, tenemos muchas políticas que defender: necesitamos seguir promoviendo el crédito, la obra pública y la infraestructura”, había dicho apenas unos minutos antes, al momento de abrir su participación en el encuentro “Hay Industria, Hay Futuro”, y que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Durante la jornada, además de Kicillof, estuvieron presentes el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; y su par de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar.

Asumimos el gobierno después de cuatro años de un modelo neoliberal que afectó a todo el tejido productivo e impactó sobre todo en la industria, que entre 2016 y 2019 sufrió una caída histórica”, sostuvo el gobernador, en referencia a lo que el equipo de gestión define como un "industricidio", generado por el combo que incluyó tarifazos energéticos, apertura irrestricta de la importación y caída de la demanda durante la gestión del macrismo en el gobierno provincial. 

“A pesar de todos los problemas que hemos tenido que enfrentar, impulsamos una etapa de reindustrialización, con crecimiento de la cantidad de establecimientos, el valor agregado y el empleo industrial”, añadió Kicillof. 

En el panel “Agenda del desarrollo productivo federal”, los gobernadores, en funciones y electos, abordaron temáticas fiscales, economías regionales y articulación con el sector privado, entre otros temas.

Vale recordar que Kicillof, que suele presentarse como nieto de un empresario pyme metalúrgico, puso al Banco Provincia de Buenos Aires al servicio del sector productivo, en un giro de 180 grados respecto a la política de su antecesora, María Eugenia Vidal, y también sus recursos políticos.

De hecho, el gobierno provincial fue impulsor de dos importantes leyes sectoriales: la de gas natural licuado (GNL) que, proveniente de Vaca Muerta, se procesará en Bahía Blanca, y la de promoción de la industria del calzado, promovida por los sindicatos UTICRA y Curtidores, ya que el 70 por ciento del calzado nacional es bonaerense. Ambas tienen media sanción de diputados y aguardan su tratamiento en el Senado antes del recambio.

Coparticipación

Respecto a la administración de los recursos, Kicillof destacó que “la provincia de Buenos Aires es la provincia más perjudicada en materia de coparticipación, ya que aporta cerca del 40% de los fondos y recibe apenas un 22%”. “En proporción a la cantidad de habitantes, somos la jurisdicción que menos gasta y que menos empleados públicos tiene”, añadió el mandatario provincial que desde hace tiempo viene insistiendo con la necesidad de rever la situación del reparto de recursos a nivel nacional. 

Esa inequidad data de fines de 1988, cuando a instancias del entonces Presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, se sancionó la Ley 23.548. La norma se había empezado a negociar en tiempos del gobernador Alejandro Armendáriz, y cuando Antonio Cafiero la aceptó, especuló con corregirla al año siguiente si, como creía, ganaba las elecciones presidenciales.

Pero esa memorable interna peronista, finalmente la ganó el gobernador de La Rioja, Carlos Menem. Años más tarde, Menem creó el fondo de reparación histórica del conurbano, con el que convenció a su vicepresidente, Eduardo Duhalde, de ir por la gobernación en 1991.

Desde entonces, el tema es central en las relaciones entre quien ocupa el sillón de Dardo Rocha y el de Rivadavia, porque la precariedad financiera del primero lo vuelve especialmente dependiente de o vulnerable al segundo.

Recientemente, el intendente de Avellaneda y miembro de la "mesa de Ensenada", Jorge Ferraresi, hizo propio el reclamo del gobernador desde su cuenta de X: "Buenos Aires es la que más produce y la que menos recibe. A su vez, es la que menos gasta por cada uno de los 17 millones de bonaerenses que la habitan y está entre las que menos empleados públicos tiene cada mil habitantes. Como contrapartida, la provincia que concentra el 38 por ciento de la población de la Argentina sólo recibe el 22 por ciento de los recursos coparticipables", posteó.

"Lejos de los mitos instalados, la PBA genera el 35% del PBI, el 40% de la recaudación de impuestos coparticipables, el 36% de las exportaciones nacionales y 50% del valor agregado industrial", agregó quien también fue ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. A esta deuda histórica, se sobreimprime la reducción de la masa de recursos coparticipables, consecuencia de la devolución del IVA a las compras de alimentos establecida por el ministro Sergio Massa, que afecta a todas las provincias por igual.