Las definiciones sobre políticas de memoria, verdad y justicia están ausentes en el precalentamiento gubernamental de la dupla compuesta por Javier Milei y Victoria Villarruel, quienes sostienen posturas negacionistas y revindicatorias de los crímenes de lesa humanidad. La incertidumbre, sin embargo, no paraliza a quienes cargaron de sentido históricamente a aquellas propuestas. Trabajadores del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ExClub Atlético, sobrevivientes de aquel centro clandestino, familiares de detenides desaparecides que allí estuvieron cautivos e integrantes de organismos de derechos humanos lanzaron la campaña “Historias sobrevivientes”, con el objetivo de reconstruir “las historias de más de mil personas que pasaron por este sitio de memoria y aún faltan identificar”.

“Queremos cerrar un círculo que quedó abierto”, resumió en diálogo con este diario Carlos Leibovich, testigo sobreviviente del centro clandestino Club Atlético y uno de los participantes activos de la campaña. Su historia está hipercondensada en uno de los siete microrrelatos que ya giran en redes sociales y medios de comunicación con el objetivo de “invitar” a quienes “aún no contaron” su paso por ese infierno que funcionó durante 1977 en el sótano del edificio del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal Argentina, en la Avenida Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan, a que lo hagan. “Sabemos lo difícil que es para mucha gente poder hablar estos temas, de la experiencia que vivieron, pero es sanador. En mi caso, compartir mi historia de sobreviviente del Atlético fue una sanación”, amplía.

La iniciativa se pone en marcha cuando faltan días para asuman el control del Poder Ejecutivo Nacional Milei, que enarbola la teoría de los dos demonios para hablar de la última dictadura y define como “excesos” los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las Fuerzas Armadas y de seguridad durante aquellos años, y Villarruel, quien consideró a Juan Daniel Amelong, uno de los represores más feroces de Santa Fe, como una “víctima”, entre otras tantas declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado.

En ese sentido, el objetivo de “Historias sobrevivientes” se inscribe “dentro de las políticas públicas de memoria”, que, por el momento, carecen de definiciones en el horizonte del futuro gobierno. “La memoria es una política pública desde hace mucho tiempo y pretendemos seguir sosteniéndola más allá de cualquier cambio de gestión”, puntualizó Soledad Astudillo -coordinadora del Espacio de Memoria y promoción de los derechos humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración-, no sin reconocer que la “incertidumbre” es, por estos tiempos, el estado de situación que embarga a les trabajadores del Espacio de memoria que coordina.

La reconstrucción de la memoria en torno del Atlético, el “seguir sumando piezas al rompecabezas” es otro de los objetivos de la campaña. Justamente, la figura de “rompecabezas” es acaso la que “mejor grafica” la tarea que se impulsa desde el Espacio Memoria y que nació con la insistencia de les sobrevivientes y de familiares de víctimas.

El lugar integró el circuito represivo de centros clandestinos que combinó Policía Federal y Primer Cuerpo del Ejército junto con Banco y Olimpo, pero también con otros como la ESMA. Funcionó entre enero y diciembre de 1977, cuando fue desafectado para ser demolido. Sin embargo, su identificación fue posible gracias a la memoria persistente de sobrevivientes que insistieron en que allí, previo al trazo de la Autopista 25 de Mayo, había funcionado un campo de concentración del genocidio. Su insistencia derivó en excavaciones que, finalmente, confirmaron sus recuerdos, la señalización del lugar, la causa judicial post caída de las leyes de impunidad, los juicios.

En esa reconstrucción constante en la que se combinan y retroalimentan la pata judicial y la pata antropológica –porque las tareas de excavación en el sitio continúan– “tenemos identificadas alrededor de 500 víctimas de un universo que calculamos en mil personas que pasaron por el Atlético”, puntualizó Astudillo. De las 500 identificadas, 173 son sobrevivientes y el resto están desaparecides.

A Leibovich lo fueron a buscar a su casa en 1977. Una patota lo sacó de los pelos la madrugada del 6 de octubre, lo encapuchó, lo subió a un auto y lo llevó hasta la catacumba del Atlético. Allí lo identificaron con una letra y un número: “E76 fue mi identidad falsa mientras estuve ahí adentro”, le contó Página/12. Gracias a su testimonio y al de les otres sobrevivientes que declararon a lo largo de los años, ya sea ante la Conadep, la investigación que lleva a cabo el juez federal Daniel Rafecas, los juicios orales que se llevaron y llevan a cabo sobre los crímenes de lesa humanidad, se pudo establecer esa dinámica organizativa que llevaron los represores en el lugar. Cada letra se utilizaba con números del 1 al 100 y después se pasaba a otra letra.

“Sabemos que hay un universo de personas que han estado secuestradas, pero no saben dónde o que estuvieron algunas horas en el campo de concentración, o por períodos breves, o a las que les cuesta reconocerse víctimas. Creemos que las microhistorias como la de Carlos ayudan a esclarecer, y también a sanar en algún punto, además de habilitar las posibilidades de identificar nuevos represores, de identificar a nuevos nietos o nietas que todavía buscamos”. En Atlético estuvieron secuestradas varias embarazadas cuyos bebés fueron apropiades.

Durante el debate que se está desarrollando sobre la causa –ABO V–, la Fiscalía solicitó al Tribunal Oral Federal 2 de CABA la incorporación de 47 nuevos casos que no habían sido tenidos en cuenta como víctimas en los juicios anteriores ni integraron el requerimiento de elevación al debate oral en curso, algo que rechazaron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Nicolás Toselli. Entre ellos, figura, por ejemplo, el caso de Carmen Céspedes, trabajadora doméstica de la familia Novera que fue secuestrada junto a los hermanos Héctor y Jorge. O el caso de Norma, otra empleada doméstica que fue secuestrada junto a su jefa, Norma Sanchis, en febrero de 1977, y a quien no se ha podido identificar aún. O el de la empleada del almacén que administraba Francisco Dimenzza. Él, de 55 años, y ella fueron secuestrados en diciembre de 1977. Él permanece desaparecido, la historia de ella se desconoce.