“Aysa antes era Aguas Argentinas, era privada y funcionaba muy bien”, aseguró la semana pasada el presidente electo Javier Milei al intentar justificar por qué avanzará con la privatización de la compañía de servicios públicos de agua potable y tratamiento de desagües cloacales que opera en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Sin embargo, una vez más los datos refutan las afirmaciones del líder libertario.
La concesión de agua y cloacas fue conflictiva desde su inicio. Aguas Argentinas, controlada por la francesa Lyonnaise des Eaux (Suez), ganó la licitación en 1993 al ofrecer la mayor rebaja tarifaria respecto de Obras Sanitarias de la Nación (-26,9 por ciento), pero en septiembre de 1994 se le concedió una “revisión extraordinaria” que implicó un aumento del 13,5 por ciento. En noviembre de 1997 se renegoció el contrato posibilitando la dolarización de las tarifas y la implementación de una revisión tarifaria anual. De esta forma, se violó la seguridad jurídica de los demás consorcios que se habían presentado a la licitación inicial. En mayo de 1998 la empresa fue autorizada a aumentar nuevamente la tarifa un 5,1 por ciento. Luego siguieron varias renegociaciones más.
Según un estudio elaborado por el área de Economía y Tecnología de Flacso, entre mayo de 1993 y enero de 2002 las tarifas residenciales llegaron a incrementarse un 88,2 por ciento, mientras que los precios minoristas lo hicieron un 7,3 por ciento. Las recomposiciones tarifarias le permitieron a la empresa obtener hasta el 2001 una tasa de rentabilidad promedio del 12,9 por ciento con relación a la facturación y del 15,4 por ciento con relación al patrimonio.
Las inversiones han sido una de las mayores asignaturas pendientes de la empresa. Según un informe del Etoss, en el primer quinquenio de la concesión se previeron obras por 1449 millones de pesos, pero sólo se ejecutaron 837,50 millones (58 por ciento). Entre los incumplimientos figuraban obras esenciales como la Planta de Tratamiento de efluentes de Berazategui, la Cuarta Cloaca Máxima y las plantas depuradoras Norte y Sudoeste. En el segundo quinquenio la situación no mejoró. Entre 1999 y 2002 se previeron obras por 752 millones de pesos y sólo se ejecutaron 428 millones (57 por ciento).
Los incumplimientos contractuales determinaron que la cobertura del servicio de agua potable en el 2003 fuera del 79 por ciento cuando la meta comprometida era del 88 por ciento. Y en el de desagües cloacales se alcanzó un 63 por ciento frente a la previsión del 74 por ciento establecida en el contrato.
Los incumplimientos contractuales y los desvíos en las metas de calidad, como la presencia de nitratos en varias localidades y la falta de presión en muchas zonas, determinaron la rescisión del contrato y la creación de AySA en 2006. A partir de ese momento la situación cambio. Un informe reciente de los equipos técnicos del Frente Grande destacó que entre 2006 y 2015 se incorporaron al servicio de agua potable 3 millones de habitantes llevando la cobertura al 83,3 por ciento, y más de 2 millones al servicio de desagües cloacales alcanzando una cobertura del 63,3 por ciento. En ese periodo se realizaron 9 plantas de tratamiento de líquidos cloacales que permitieron elevar el tratamiento del 15 al 90 por ciento de los líquidos cloacales recepcionados. Fue AySA quien se hizo cargo de la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Berazategui que estuvo terminada en tres años e inaugurada por Cristina Fernández de Kirchner en el 2011.
Según lo expresado por Malena Galmarini, titular de la empresa, en los últimos 4 años AySA incorporó 1,5 millones de vecinos al servicio de agua potable y 1,6 millones a la red de cloaca, muchos de ellos de familias humildes.
