Neuquén se convirtió en la primera provincia argentina en habilitar a licenciadas en obstetricia para prescribir mifepristona y misoprostol utilizados en la interrupción del embarazo, según una disposición del Ministerio de Salud provincial.
En este contexto, Soledad Soberón, directora general de Atención Primaria de la Salud de Neuquén, confirmó la inclusión de misoprostol y mifepristona en el formulario terapéutico.
Esta actualización es un paso fundamental en el reconocimiento del papel de las licenciadas en obstetricia en la atención de la salud sexual y reproductiva, según Redaas, una red de profesionales de la salud y el derecho.
La iniciativa responde a la necesidad de una regulación del ejercicio profesional para las obstétricas a nivel nacional, buscando no solo una ley sino también un vademécum que permita la prescripción segura de medicamentos necesarios.
En este sentido, Neuquén se destacó al reconocer explícitamente en su vademécum la capacidad de las parteras para recetar fármacos para el aborto, marcando un hito en la oferta de servicios de salud reproductiva en la provincia.
Por otra parte, Valeria Islas, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, destacó la importancia del trabajo de las obstétricas para garantizar el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y aseguró que la medida "no solo legitima la práctica, sino que también reconoce el rol esencial de estas profesionales en la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE)".
En el último reporte de Amnistía Internacional titulado "Un movimiento imparable: un llamado global a reconocer y proteger a quienes defienden el derecho al aborto", Sally Pairman, directora ejecutiva de la Confederación Internacional de Parteras, afirmó que "el deber de cuidado de una partera incluye apoyar el acceso a la atención del aborto y defender el derecho de las mujeres a tomar decisiones libremente sobre su salud reproductiva".
“Las parteras están sujetas a riesgos indebidos, violencia, abuso o daños personales por realizar su trabajo. El Estado y las autoridades sanitarias tienen el deber de garantizar que todos los trabajadores de la salud, incluidas las parteras, estén protegidos”, señaló la directiva.
