La Cámara de Diputados de la provincia aprobó el nuevo Código Procesal Penal Juvenil. La iniciativa regula el proceso penal para los menores de 18 años y -entre sus aspectos más polémicos- dispone la pérdida de la especialidad de la defensa y la eliminación de los juzgados de menores, dejando en manos de los fiscales la investigación de los delitos. La norma fue cuestionada por los bloques del peronismo, el socialismo y el Frente Social y Popular que no acompañaron y denunciaron un tratamiento “entre gallos y medianoche” del proyecto. “Lo que se aprobó ayer viola todos los estándares de derechos humanos. Es una ley inconstitucional que va a ser muy cuestionada”, advirtió Matilde Bruera en diálogo con Rosario/12.
El Código Procesal Penal Juvenil se votó este jueves en la Cámara baja de la Legislatura santafesina, luego de que el Senado le diera media sanción la semana pasada. Y en la Cámara baja contó con el acompañamiento mayoritario del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), mientras que el socialismo, el peronismo y el Frente Social y Popular se mostraron muy críticos del proyecto. En líneas generales, la iniciativa plantea la eliminación de los juzgados de menores, la pérdida de la especialidad de la defensa y regula un procedimiento para los menores de edad que la ley nacional considera como “no punibles”.
Para Bruera, la normativa cuenta con “varios artículos muy graves”. Uno de ellos es el “desguace” del principio de especialidad, que es considerado uno de los fundamentales del derecho penal juvenil. Según explicó, a partir de este Código, todos los asesores de menores pasan al ámbito del Ministerio Público Fiscal y los menores se quedan sin “defensores especiales”, algo contemplado en la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales.
“Es una barbaridad. No solo se quedan sin defensa especial, sino que se quedan sin procedimiento adversarial, porque no puede haber procedimiento penal, cuando se desarma la defensa. Es inaceptable que los defensores pasen a la órbita de la Fiscalía. Realmente, es algo que solo se le puede haber ocurrido a alguien que nunca estudió derecho”, cuestionó la legisladora del peronismo.
En declaraciones a ese medio, Bruera remarcó que también se establece un procedimiento penal para los niños menores de 16 años, a los que la legislación nacional considera no punibles: “Los niños de esa edad que cometan infracciones a la ley son pasibles de otras medidas, pero no del derecho penal. Hay medidas civiles, sociales, políticas, pero no medidas penales. Está totalmente prohibido”.
Para la legisladora, ese régimen no sola viola los derechos de los niños, sino también el principio de jurisdicción. “La baja en la edad de imputabilidad solo corresponde al Congreso. Y si bien este código no baja la edad de forma literal, lo habilita de forma solapada. Es algo que no tiene sentido, porque como la ley nacional dice que no son punibles, los va a terminar sobreseyendo”, evaluó.
Otro de los cuestionamientos es la habilitación de la prisión preventiva cautelar mientras dure el proceso, al igual que ocurre con el régimen adulto. “Esto es una barbaridad porque los otros códigos procesales vigentes habilitan por 30 o 60 días. Y acá hablamos de tres años”, expresó y agregó: “Y como si esto fuera poco, habilita el alojamiento de los niños con los adultos, lo cual está absolutamente prohibido. La ley aclara que los niños deben ir a alojamientos especiales salvo que no hubiera lugar. Y todos sabemos que nunca hay lugar”.
Pero además de los cuestionamientos conceptuales de la norma, las críticas también tienen que ver con las formas. Es que el acuerdo entre los bloques era que la normativa fuera tratada más adelante con intención de poder escuchar a todas las voces críticas. En los últimos días, distintos dirigentes e instituciones habían planteado sus reparos a la norma. Una de ellas fue Marisa Graham, Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que envió un comunicado al cuerpo legislativo. También se habían manifestado asesores y asesoras de menores (que serán convertidos en fiscales), a través de una nota que publicó este diario. Y el Colegio de Magistrados manifestó su preocupación.
Sin embargo, el jueves se aceleró su tratamiento. “Eso fue otro escándalo. Habían acordado que se tratara más adelante, porque las objeciones que llegaron fueron muy serias, fueron institucionales. Y de golpe y porrazo lo sacaron entre gallos y medianoche, como una ley exprés”, cuestionó Bruera. “No hubo ningún miembro informante, nadie que explicara el proyecto o lo fundamentara. Es más, se impulsó la votación antes que el debate, lo que es una irregularidad en cualquier parlamento del mundo”, añadió.
Si bien había consenso en la necesidad de modificar el régimen penal para menores en los distintos espacios, y de hecho se venía trabajando en ese sentido, terminó saliendo un proyecto “exactamente contrario” a lo que algunos bloques preveían. Así lo expresó durante la sesión el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, quien calificó la normativa como una “avanzada punitivista” contra los niños y adolescentes: “Este Código asume lo peor de la política que es trabajar sobre las consecuencias y no sobre las causas”.
“En la actualidad, los niños, niñas y adolescentes son no punibles, los que tienen por debajo de los 16 años, son responsables del 0,2% de los homicidios. Eso sí, están dentro de la mayor parte de los suicidios que se dan en la provincia de Santa Fe”, expresó Del Frade y agregó: “Ir con un discurso de mano dura porque eso es lo que quiere escuchar la mayoría de la población según algunas encuestas, no solamente es demagogia, sino construir una sociedad peor a la que tenemos”.
A favor
Mientras proliferaban las críticas, algunos dirigentes celebraron la sanción de la iniciativa. Para el diputado provincial del Frente Renovador, Oscar Martínez, esta ley era una deuda que la Legislatura tenía con las víctimas de delitos y sus familias. “Una deuda que tiene 27 años y que fue producto de un reclamo generalizado respecto de un cambio de sistema”, expresó. “Es un reclamo legítimo de la ciudadanía en función de una realidad social que nos supera”, añadió.
En tanto, el senador Lisandro Enrico, uno de los impulsores de la reforma en la Cámara alta, también se mostró entusiasmado en redes sociales: “Se ha aprobado una ley en la cual he trabajado muchísimo en estos años y que ha sido muy difícil encontrar el consenso para modificarla. Un marco de responsabilidad penal para los menores que esté de acuerdo a la sociedad, a lo que reclama la gente. Porque obviamente los jóvenes tienen derecho y tienen que ser dados por el Estado. Pero también hacerse responsables de los delitos cuando se cometen”.
