Donde pudo haber una buena convivencia entre el Estado y una comunidad del pueblo mapuche terminó habiendo discordia. El último capítulo de esta saga, cuyos detalles fueron publicados por Página/12, indica que la Cámara Federal porteña concedió el recurso de apelación presentado por la abogada del Estado Silvia Vázquez, procesada por presuntamente haber apelado fuera de tiempo un fallo que ordenó entregar tierras del Ejército en cercanías de Bariloche a la Lof Millalonco-Ranquehue. Sobre la ladera oeste del Cerro Otto, unos 40 vecinos del barrio Villa Los Cohihues junto a integrantes de esa comunidad habían empezado a construir una huerta "intercultural y agroecológica", pero en octubre de 2020 sus cimientos fueron destruidos por un operativo de la Escuela Militar de Montaña, lindera al predio.

El expediente se inició a raíz de una acción de amparo de la comunidad Millalonco Ranquehue con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que en ese momento presidía Magdalena Odarda, por el reclamo de derechos ancestrales que los mapuches reivindican sobre esos terrenos cuyo dominio registral está a nombre del Ejército. En la causa principal se investiga la entrega de 180 hectáreas de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche a esa comunidad indígena e involucra a otros tres funcionarios, además de Vázquez. El juez Daniel Rafecas había dictado la falta de mérito en primera instancia, pero el fiscal Carlos Stornelli apeló la medida y consiguió que la Cámara Federal revocara y dispusiera el procesamiento de los imputados por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La entrega de tierras había sido decidida por el juzgado federal de Bariloche y Vázquez apeló tardíamente ese fallo, lo cual le otorgaba una virtual fuerza de "cosa juzgada". Pero la Corte Suprema intervino, suspendió la entrega de las tierras por vía cautelar y puso en pausa la ejecución del fallo. En las últimas horas, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi aceptaron que el procesamiento de Vázquez, que ellos mismos dictaron -junto al camarista Mariano Llorens-, sea revisado por la Cámara de Casación.

Antes de que el conflicto escalara por las operaciones de prensa que una vez más colocaron a los mapuches como violentos usurpadores, y al Estado cediendo ante ellos, en noviembre de aquel año el Ministerio de Defensa había asegurado a este diario que "no hay conflicto, ni enfrentamientos, está todo en manos de la Justicia y estamos atentos para entender cuál es el problema". De hecho, el episodio fue descripto por las autoridades de Defensa y del INAI como "un error por parte de la unidad militar".

Huerta comunitaria ancestral

La historia comenzó el 4 de octubre de 2020 cuando efectivos de la Escuela Militar de Montaña “Juan Domingo Perón” entraron a un predio de la comunidad Millalonco-Ranquehue, que hacía más de un mes que construía allí un invernadero. Hasta ese momento, el territorio no era objeto de ninguna disputa, ni siquiera era reclamado por privados ya que la comunidad lo ocupa desde fines del siglo XIX, y el Estado lo reconoció en el relevamiento territorial enmarcado en la ley 26.160 y cuenta con una mensura que financió el INAI en 2011. Por aquellas horas los uniformados se habían “metido" en la huerta, "y en lugar de resguardarlo y averiguar de quién era, levantaron todo, cargaron postes, mangueras de riego y baños secos en camiones del Ejército, hasta cortaron árboles frutales”, según el relato que recogió Página/12 del abogado Matías Schraer. Dos días después, en la Escuela Militar reconocieron que "se equivocaron y que estaban dispuestos a poner los camiones para devolver lo que se habían llevado”.

Hasta la incursión militar la comunidad mapuche desarrollaba en el predio un proyecto de huerta y vivero comunitarios -de nombre Puwen Küzawtuküleiñ Mapu, que significa “amigos trabajando la tierra”- con el objetivo de “producir alimentos y multiplicar saberes y aprendizajes”, recordaron las organizaciones de la Mesa Territorial de Villa Los Coihues en su documento para repudiar la acción del Ejército. “La presencia de nuestra comunidad es anterior a la creación de Bariloche, y en todos estos años hubo momentos de violencia y tensión con el Ejército así como hubo momentos de convivencia pacífica”, relató Silvia Ranquehue. 

La causa contra la abogada Vázquez se inició por una denuncia de diputados nacionales de Juntos por el Cambio -Alberto Asseff y Gerardo Milman, entre otros-, que advirtieron de un dolo en el retardo de la apelación del fallo que favorecía a la comunidad mapuche. El fiscal federal Stornelli había llegado a pedir su indagatoria y la de otros funcionarios. Lo que había comenzado como un malentendido terminó judicializado en esta historia de unas pocas hectáreas cuya propiedad se disputan dos partes que se radicalizaron por la estigmatización mediática, que acusan a los ex funcionarios de haber urdido una "maniobra" en beneficio de los mapuches.