El traslado violento de Milagro Sala de vuelta al penal de Alto Comedero a una semana de las elecciones es otro eslabón más en la cadena de hostigamiento por parte del gobierno de Gerardo Morales. La persecución comenzó con la llegada de Mauricio Macri al poder y continúa a pesar de las advertencias de múltiples organismos internacionales y de la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de la dirigente social.

El 16 de enero de 2016, poco más de un mes después de la asunción de Macri en la Nación y de Morales en la provincia, se produjo el arresto de Sala. Se la acusó de “tumultos” e “instigación a cometer delitos” durante el acampe de la Túpac Amaru frente a la casa de gobierno provincial. Al día siguiente, el gobierno de Morales amplió la denuncia por presunta malversación de 29 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas.

A partir de allí se redobló la persecución con el armado de una serie de causas contra Sala en la justicia jujeña y comenzó también el reclamo de diversos sectores por la libertad de la dirigente social y diputada del Parlasur, que fue llevada al penal de Alto Comedero mientras Macri hablaba del caso. Entonces, el Presidente decía que le parecía “bien” que los jueces “se animen a defender el valor de la ley”. En los primeros días de febrero el caso llegó a las Naciones Unidas a través de distintos organismos de derechos humanos, y el Papa Francisco le enviaba a la dirigente social un rosario bendecido.

El 3 de marzo se pronunció el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que hizo un “llamamiento urgente” al Estado argentino e instó al gobierno de Macri a pronunciarse, esto es, a liberarla o justificar el arresto por escrito. Ese mismo mes se creó el comité para pedir por la liberación de Sala. En él confluyeron sectores sociales, sindicales y políticos cercanos al kirchnerismo.

El 12 de agosto, a casi siete meses de su detención, Sala inició una huelga de hambre para denunciar que en forma “arbitraria” que le prohibían recibir visitas en Alto Comedero. A los cuatro días, por sugerencia de sus abogados, levantó la medida.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU volvió a pronunciarse el 28 de octubre. No dudó en calificar como “arbitraria” la detención de la líder de la Tupac Amaru y solicitó al gobierno de Macri su liberación “inmediata”. En base a ese pronunciamiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a la Argentina dar “pronta respuesta” al pedido de Naciones Unidas.

El año se cerró con la condena a tres años de prisión en suspenso para Sala por la causa del “escrache” de 2009 a Morales, cuando éste era senador. Dos semanas más tarde se cumplieron doce meses de encierro y se reanudaron los pedidos para su liberación, así como las críticas de sectores políticos al accionar del gobierno y la justicia de Jujuy.

A fines de febrero de este año, Sala fue notificada de tres nuevas imputaciones en su contra, esta vez por “amenazas” y por “inducción a cometer delitos”.

En junio, llegó a Jujuy el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, quien fue al penal de Alto Comedero a reunirse con Sala. También se encontró con Morales. Un mes más tarde, la CIDH dio luz verde a una medida cautelar a favor de la dirigente y planteó la prisión domiciliaria. El gobierno de Morales cumplió a regañadientes esa decisión. Sala no fue llevada a su casa de San Salvador de Jujuy con su esposo, sino a una vivienda en las afueras de la ciudad.

El 29 de septiembre le fue revocada la prisión domiciliaria, en un fallo de la Cámara de Apelaciones de Jujuy, que ordenó su regreso al penal de Alto Comedero. A pesar de que ese tribunal concedió la apelación que realizó la defensa de Sala, la medida se cumplió hoy en forma violenta por orden del juez Pablo Pullen Llermanos. La dirigente social fue llevada esposada, descalza y en piyama rumbo a la misma cárcel de la cual la CIDH dijo que había que sacarla porque allí corrían riesgo su vida y su integridad física.