El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, le puso paños fríos al proyecto de reforma de Código Procesal Penal que impulsan el Senado y la Corte de Justicia de Salta. Es que si bien coincidió en que es necesario avanzar a mecanismos que permitan agilizar los tiempos de la administración de justicia, sostuvo que esa reforma tiene que ir acompañada por una inversión en recursos humanos y en infraestructura carcelaria. 

El procurador estuvo en el Senado la semana anterior, en el marco de la ronda de consultas que viene haciendo la Cámara alga sobre el proyecto de reformar del Código Procesal Penal de la provincia con vistas a adoptar la oralidad plena. Antes el Senado se había reunido con la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero, y el juez de Corte López Viñals, quienes expusieron su apoyo a la reforma, sin objeciones. 

En el encuentro ampliado con las comisiones de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, y de Justicia, Acuerdos y Designaciones, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, encabezados por el procurador general, coincidieron en la necesidad de que se avance con las reformas al sistema acusatorio, iniciadas en Salta en en 2011, para llegar a un sistema de oralidad con el objetivo de agilizar el servicio de justicia.

Sin embargo, el MPF hizo observaciones al proyecto de reforma. Sostuvo que la reforma plantea un cambio de diseño procesal, que lleva a un sistema adversarial, y advirtió que no se podrá avanzar en este sentido sin la reasignación de recursos financieros y humanos, y una mayor inversiuón en las cárceles.

El procurador informó que que el MPF recibió en un año, solo en el Distrito Centro, 94.763 denuncias, de las cuales 2.153 (menos del 3%) se transfirieron al Poder judicial para que se haga el juicio, mientras que las otras 92 mil causas se resolvieron a través de un trabajo de depuración que incluye entre otras cosas, mediación, acuerdo de partes, desestimación, archivo.

Al término del encuentro García Castiella aseguró respecto de esos métodos de resolución de los conflictos penales, que el MPF hace "una apuesta al diálogo”. 

En cuanto al proyecto de reforma, coincidió en que “a mediano a plazo el camino es avanzar en la oralidad" y en ese sentido opinó que el plan piloto de oralidad que la Corte de Justicia puso en marcha tiene algunos aspectos positivos. Pero advirtió: "Si hay una predisposición de avanzar hacia un sistema un modelo adversarial, tenemos que tomar las previsiones presupuestarias, logísticas, edilicias y de re transformación tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público". 

Y dejó en claro que esto no puede ser inmediato, porque "demanda consensos, tiempos, análisis y también acompañar una política carcelaria", que "en algún momento" debe ser afrontada, pero "quizás el tiempo histórico político de hoy no sea el más propicio para eso". 

Sobre la infraestructura carcelaria de la provincia, sostuvo que hay un déficit y que si se quiere seguir el modelo de oralidad de la provincia de Mendoza, "como se está pretendiendo" se debe tener en cuenta que "Mendoza acompañó estas reformas procesales con una explosión en cuanto a inversión carcelaria importantísima, un modelo de estas características llevó el número de 3 mil presos a 6 mil y tienen esa capacidad de alojamiento". En cambio, Salta en la actualidad, está "muy lejos de eso". Con estos y otros reparos, el procurador aconsejó: "tenemos que ser muy prudentes a la hora de determinar políticas criminales para hacerlo con mucho cuidado y que el impacto en cuanto a la sociedad, al sistema carcelario y a la administración de justicia sea el mejor, el más adecuado”.

El procurador señaló que el modelo que se aplica hoy en la provincia para investigar los hechos delictivos,  concentra "mucho en la investigación penal del fiscal" que debe llevar a juicio "ya una cuestión preparada y definida con rapidez, porque todo se iba a dirimir en el juicio oral"; en cambio, en el modelo adversarial, "es una investigación permanente donde el fiscal abandona el despacho y se ve obligado a abandonar el control de la investigación" y para ello necesita de "una policía especializada que le lleve prácticamente el caso" porque el fiscal no va a tener tiempo para dirigir porque "va a estar abocado permanentemente a la asistencia a debate, a oralizar". 

"El sistema adversarial se basa esencialmente en la mayor cantidad que pueda lograr de juicios abreviados, de penas negociadas y evitar llegar al debate oral. Esa pena negociada, esos procesos abreviados vienen de la mano con una aceleración de las condenas efectivas, entonces tenemos que tener la previsión suficiente para alojar esas condenas efectivas que se van a acelerar o precipitar en un tiempo. Es un cambio de paradigma, que demanda, por un lado, prever una solución carcelaria, y por el otro, una policía especializada o equipos de investigación especializados que refuercen suficientemente a las fiscalías, amén del diseño interno del Ministerio Público que hasta ahora estaba pensado en un sistema espejo para como venían funcionando los Juzgados”, reseñó García Castiella. 

También tras el encuentro el senador Javier Mónico destacó el consenso sobre la necesidad de reformar el Código Procesal Penal de la provincia, para mejorar el sistema de justicia, pasar a "un sistema de justicia que permita una mayor inmediatez con la víctima con el imputado, que brinde mayor transparencia hacia la sociedad, que sea más ágil, más rápido en cuestión de tiempo, y la oralidad tiene esas bondades". 

El Senado tiene previsto continuar con las consultas, ahora con el Poder Ejecutivo provincial, a traves del Ministerio de Seguridad y Justicia.