Uno de los debates que se dará en los próximos años en la órbita del derecho administrativo será acerca del llamado principio de subsidiariedad, que le otorga al Estado un mero rol "suplente" (o supletorio) frente a la iniciativa privada. Es paradójico: la pandemia nos debiera haber enseñado otra cosa, la importancia de lo público. Cuando faltaban camas en los hospitales, las proveyó el Estado. Cuando las papas queman, la iniciativa privada suele desaparecer o esconderse (en derecho financiero esto ya tiene un nombre: riesgo moral, que va de la mano del Too big to fail, cuando se toman préstamos solo para rescatar a los bancos privados o cuando los especuladores compran deuda espuria para fugarla dejando al Estado el “pago“ del riesgo que asumen ellos, como reconoció hasta el propio Espert, por eso la negociación de Guzman fue perdidosa, fue débil). O cobrar diez veces más y en dólares el precio del tubo de oxigeno. A esa "libertad" de mercado (en Perú cobraban 7 dólares la pastilla de ibuprofeno en plena pandemia) que le pone precio a todo, incluyendo a la vida humana, (cultura del descarte, anti humanismo) el derecho (administrativo) no le debería regalar argumentos. Ni doctrina.

Este es un debate de fondo que existe entre los profesores de derecho administrativo. Dromi era uno. Pero hay otros. Rodolfo Barra, flamante procurador del tesoro, es un profesor dedicado a la materia: la conoce bien. A diferencia del último Procurador de Macri, Saravia Frias, que desconocía por entero la materia de su órbita, y llegó al cargo luego de que Macri expulsara a Carlos Balbin por investigar los peajes, Barra (como Balbin, aunque en sus antípodas partidarias probablemente) no es un improvisado del derecho administrativo. Son académicos ambos. Por eso es importante saber qué opina. Porque ha escrito mucho sobre esto.

Sostiene Barra: “Esta distribución de competencias nos lleva naturalmente a la formulación del principio de subsidiariedad, por el cual la competencia del Estado alcanza sólo a aquellos ámbitos de la vida social en los que la actividad de los particulares -individuos o agrupaciones intermedias- no pueda o no deba desarrollarse. (…) Se trata entonces de competencias basadas en responsabilidades propias, es decir de derechos y deberes…” Este párrafo de Barra es importante porque a diferencia de la doctrina mayoritaria, (Cassagne, que suele citarlo profusamente, aunque la doctrina de Cassagne está más orientada al sector empresario, no al mundo académico ni a la administración pública, le dedica uno de sus libros a Blaquier), se lo cita en forma parcial, omitiendo dos cosas: los “deberes” (a que Barra hace mención) y “la competencia del Estado alcanza sólo a aquellos ámbitos de la vida social en los que la actividad de los particulares -individuos o agrupaciones intermedias- no pueda o no deba desarrollarse”. Cuando lo cita a Barra, Juan Carlos Cassagne suele omitir esta última parte: el no “deba” desarrollarse. Esto implica acotar el avance cosificante del libre “mercado” a cualquier esfera, poniendo a resguardo el sentido social y moral del Derecho. Los “deberes” que encarna también, muchas veces en grado último, el Estado. La causa final del Estado es el bien común. (“En síntesis, en el bien común -fin del Estado- se agota el aspecto sustancial de la problemática estatal”). El Estado es el garante moral último de los derechos que el mercado no siempre respeta. En ello, la subsidiariedad encuentra un límite mucho más claro que el que propugna Cassagne, que reduce el Estado al máximo, porque para Cassagne –no para Barra- el estado parece una mala palabra. Analizar con precisión el alcance que cada autor de derecho administrativo (Balbin, Sesín, etc.) le otorga a este principio de subsidiariedad puede servir de baremo para interpretar hacia dónde se mueve nuestra doctrina y, luego del triunfo de Milei, nuestras políticas públicas. Pensar también cómo se puede plantear a la doctrina mayoritaria en derecho administrativo pro empresaria, una dogmática diferente, y crítica, que reivindique en serio los intereses de nuestra Nación. Canning o Scalabrini Ortiz no es solo el nombre de una avenida.

Desde la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE) se ha luchado mucho estos cuatros años por volver a levantar la bandera, pisoteada, de la abogacía pública, jerarquizando sus programas, muchos de los cuales habían desaparecido. Y volvieron. Y también volvió el trabajo federal con las provincias, muchas de las cuales están empezando a capacitar a sus abogados y abogadas: misma actitud que están tomando muchos municipios. El derecho administrativo municipal está creciendo. Este desarrollo es incipiente pero muy alentador. Nos ordena.

La tercerización de la formación del servicio jurídico ha sido un flagelo para la defensa de los intereses nacionales. Ojalá no se cometa ese error de nuevo. Argentina paga muy caro no tener a sus abogados del Estado bien formados. Pagar cifras millonarias a estudios extranjeros no parece la mejor estrategia. Mejor estudios argentinos. Mejor abogados de nuestro país. Mejor no tercerizar más la defensa de nuestros intereses. No se puede relegar ni delegar más la defensa de la Patria. No se puede delegar tampoco la formación de nuestros abogados. Como el ISEN no delega la formación del servicio diplomático, la ECAE no puede delegar la formación del servicio jurídico.

Se han recuperado para el servicio jurídico muchos cursos que habían sido dados de baja: una especialización en lavado de activos y delitos económicos complejos, en colaboración con la UIF y la AFIP, que ya existía, pero fue dada de baja por considerar que no hacía falta que los abogados argentinos, que tienen en sus manos nada menos que la defensa nacional, supieran de estas cosas. También se recuperó la Maestría en Abogacía Pública, que existía, pero fue dada de baja. Mejor mantener a los abogados del Estado argentino en la ignorancia o poco preparados. Mejor que no tengan instrumentos para combatir el crimen financiero.

También se recuperó una especialización en seguridad social con la ANSES, que han cursado 75 abogados del organismo distribuidos en todo el pais. Estos programas no deben ser recortados.

La ECAE celebrará en 2024 sus primeros treinta años de vida. Nace emulando la ENA de Francia, hoy ILP. Así como el ISEN en Cancillería forma al servicio diplomático, la ECAE en la PTN forma a nuestro servicio jurídico. No es una tarea menor. El Estado no puede renunciar a formar a sus abogados. No puede tercerizar más este trabajo. No lo puede delegar.

Hace muchos años una secretaria me confesó que en una época que te enviaran a trabajar a la ECAE era asimilado a que te mandaran a "Siberia". Nunca entendí, como director de la ECAE, cómo puede ser un "castigo" ser enviado a trabajar al lugar donde se forman quienes tienen en sus manos nada menos que la defensa de la Nación. Es un lugar que nos honra. 

* Director Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE)