Tras la condena en primera instancia contra un hombre acusado por abuso sexual en perjuicio de su hija y de su expareja, madre de la niña, familiares armaron un perfil de facebook en el que afirman que es inocente. Pero en los comentarios exponen e insultan a la denunciante, miembra de madres protectoras Salta, quien tras estos hechos realizó la denuncia por violencia digital y psicológica ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVFG) del Poder Judicial y pidió que se tomen medidas de protección.
La madre hizo la denuncia, el martes ultimo, acompañada por la abogada Andrea Aparicio, del programa nacional Patrocinar, que asiste a víctimas de violencia sexual. La denunciante solicitó que los familiares del acusado, ahora denunciados, se abstengan de realizar publicaciones en redes sociales contra ella y que se elimine el perfil de facebook en el que se la violenta y revictimiza tanto a ella como a la niña que resulta expuesta. Asimismo, pidió que se suspenda el régimen de comunicación de estas personas con la hija.
"Pido que cese la violencia y que los organismos de protección actúen frente a esta situación, el Poder Judicial sobre todo que actúe para frenar el accionar de esta familia, sumamente violenta que viene atacándome todo el tiempo y después de la condena sigue haciéndolo", dijo la mujer a Salta/12. También insistió en pedir "una condena firme y efectiva" para el hombre condenado, que recurrió al Tribunal de Impugnacióna tratando de revertir la sentencia en su contra.
En el perfil de facebook, en los comentarios familiares del acusado incluso exponen la imagen y el nombre de pila del propio imputado, datos que se habían resguardado en las coberturas mediáticas para proteger la identidad de la niña víctima, única hija de este hombre. A la nena se la nombró desde las organizaciones que apoyaron la causa con el nombre ficticio Dulce para cuidar su identidad. Incluso durante el juicio, hubo pedidos expresos de la fiscalía y de la asesora de incapaces que intervino, convalidados por el Tribunal para que se protegiera la intimidad de la niña. El abogado defensor Matías Adet, había solicitado también que no se le tomaran fotos de frente al acusado.
En octubre último, la Sala I del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, integrada por Leandro Feans, Javier Araníbar y María Victoria Montoya Quiroga, condenó a 12 años de prisión al acusado por abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de su expareja y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo contra la hija en común, que tenía tres años de edad al momento de los hechos. Además, el Tribunal ordenó la inmediata detención del hombre y lo privó de su responsablidad parental respecto de la niña víctima.
El perfil de facebook en el que se lo defiende lleva el nombre "Justicia por (y el nombre del hombre condenado)". "Se observan frases que dicen 'por un estado de derecho', 'no un estado de sospecha', 'condenado sin pruebas', 'solo relato', todo en alusión a la condena de mi expareja", expuso la denunciante. Algunas de las personas que comentan son la tía, la novia y primos y primas del hombre. Una prima escribió "tengan cuidado", menciona el nombre y apellido de la denunciante y se refiere a ella con una variedad de insultos. Una tía se expresa en idéntico sentido.
La madre señaló en la denuncia que familiares del acusado ejercen violencia digital y psicológica en la red social usando sus perfiles personales y dejó asentados los comentarios que publicaron. "Me afectan psicológicamente, me da temor, tengo miedo de que me manden a alguien a golpear o que estos comentarios generen odio masivo en la sociedad, como así también de que me perjudiquen laboralmente", manifestó.
Ex funcionaria y comentadora
Una tía del acusado que comenta en su defensa en el perfil de facebook es nada menos que una abogada y ex defensora pública oficial. En la sentencia, el Tribunal ordenó que se remitan copias de las actuaciones pertinentes al Colegio de Gobierno de la provincia, para que evalúe la conducta de esta mujer que en su rol de funcionaria había logrado acceder a los expedientes que implicaban a su sobrino, algo que, según señaló la fiscala María Luján Sodero Calvet, le estaba vedado por el cargo.
Los familiares del acusado que comentan son varios y contestan ante los planteos en contra que hacen otras usuarias. Entre las respuestas de miembros de la familia del condenado también se lee "aguante Milei", la perspectiva de género y el apoyo a la denunciante y su hija es señalada como "un curro", y dicen que se acaba "el 10 de diciembre", también opinan contra el aborto legal.
En el juicio surgieron diversas pruebas periciales, entre éstas, las psicológicas que indicaron la falta de mendacidad o fabulación en el relato de la denunciante. Además, se incorporaron informes que dan cuenta de que había sido víctima de violencia de género, sexual, psicológica y económica y de que se encontraba en riesgo. Mientras que la pericia oficial al acusado resultó desfavorable para él. También se incorporaron otras pruebas en las que se basó la fiscala Sodero Calvet para sostener la acusación contra el acusado en cuanto a la violencia sexual cometida en perjuicio de la hija.
La denunciante recalcó que el protocolo de la denuncia por abuso sexual contra la infancia se activó en el Hospital Materno Infantil a donde acudió con la niña ante manifestaciones que realizaba después de una visita al padre.
Entre los planteos de los familiares del hombre en el perfil señalan un supuesto interés económico de la denunciante. Sin embargo, durante el juicio penal por abuso sexual, la fiscala y la abogada querellante mencionaron que la madre del acusado inició un juicio de desalojo contra la denunciante y su hija, como represalia tras la denuncia por abuso sexual a la niña. Se trata de una casa adjudicada por el Instituto Provincial de la Vivienda y la mamá de la nena aseguró que ella paga las cuotas.
Ese proceso civil de desalojo tuvo irregularidades porque la madre de la niña fue juzgada sin defensa ya que no se la brindaron en el Ministerio Público cuando la solicitó. Por ese motivo la abogada Andrea Aparicio presentó un recurso de inconstitucionalidad que espera su resolución en la Corte de Justicia de Salta.
Este año se aprobó la Ley Olimpia 27.736, que incorpora la violencia digital a la Ley nacional 26. 485 de protección integral a las mujeres contra la violencia de género. Comprende como "violencia digital o telemática" a "toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar".
