El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta ordenó el decomiso a favor del Estado nacional de la finca El Pajeal, cuyo territorio, de casi 5 mil hectáreas, linda con el Estado Plurinacional de Bolivia y "Constituyó el instrumento por antonomasia del accionar delictivo de la asociación ilícita liderada por Delfín Castedo". 

El decomiso había sido pedido por los fiscales federales Carlos Amad y Jorge Viltes Monier y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), representada por la abogada María Emlia Figueroa, ya en el juicio que concluyó el año pasado con la condena de los hermanos Delfín Reynaldo y Raúl Amadeo "Hula" Castedo y otras cinco personas por actividades vinculadas al narcotráfico, pero el Tribunal difirió su tratamiento para escuchar a quienes se consideraran con derecho a la propiedad, la viuda de Aparicio y los dos hijos y una hija de este matrimonio, y Héctor Barroso, hijo del anterior titular registral, Ocaviano Barroso.

El Tribunal integrado por Federico Díaz, Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, ordenó el decomiso el 29 de noviembre y dejó "sin efecto todo derecho real de usufructo constituido a favor de la señora Irma Yolanda Tejerina", la viuda del ex diputado provincial José Ernesto Aparicio, socio de los Castedo. 

El Tribunal rechazó el pedido de restitución del inmueble realizado por Tejerina y sus dos hijos, José Carlos Aparicio y Ernesto Tobías Aparicio, y su hija María Andrea Aparicio, por entender que sabían de la actividad delictiva que se llevaba a cabo en ella. En cambio, dejó a salvo el derecho de propiedad de Héctor Ricardo Barroso sobre el 5% de la finca, por considerarlo un "tercero de buena fe", que no sabía de la utilización de la finca para fines delictivos.

En diciembre de 2022 este mismo Tribunal condenó a los hermanos Castedo y a Eduardo Torino, Alberto Yudi, Mario Alberto Yudi, Luis Yudi y Melba del Carmen Araujo por asociación ilícita, falsificación de documento público y encubrimiento de lavado de activos. Además, en noviembre de este año la justicia provincial condenó a prisión perpetua a los hermanos Delfín y Raúl por el crimen de Liliana Ledesma, que había denunciado el uso de esta finca para actividades ilegales. 

Al decidir ahora sobre el destino de El Pajeal, el Tribunal Oral Federal recordó que el decomiso "no sólo tiene carácter retributivo, sino también preventivo o disuasivo. Su principal sentido es el de impedir que el autor del ilícito penal pueda seguir disfrutando de lo que por él obtuvo, ya que carecería de sentido imponer la pena y permitir que el delito siga produciendo sus efectos". 

En ese sentido, reseñó que a pesar de la detención de su líder en 2016, el clan Castedo "siguió operando bajo las estrictas instrucciones de Delfín Castedo" enviadas desde la cárcel federal de Güemes, lo que pudo hacer "merced a su propio financiamiento económico, pero sobre todo gracias su posición en El Pajeal, que nunca abandonó". Quedó en evidencia, dijo el Tribunal, que Delfín Castedo "continuó ejerciendo su absoluto señorío sobre esas tierras pese a los pedidos de captura en su contra desde fines del año 2006 –tras el homicidio de Liliana Ledesma en septiembre de 2006- y durante su detención", hasta el 30 de noviembre de 2017, momento en que se hizo cargo de la finca El Aybal, vecina de El Pajeal, la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires. 

El TOF1 recordó que se probó que los hermanos Castedo ocuparon la finca desde mayo del 2000 mediante un "acuerdo verbal" con Aparicio; destacó las "actividades delictivas desplegadas por la asociación ilícita haciendo base en El Pajeal -pretendiendo también extender sus dominios sobre la finca El Aybal- vinculadas al contrabando y tráfico de estupefacientes, y otras mercaderías" y "la explotación del campo El Pajeal por parte de Castedo y su banda, que se erigió como una estratégica fachada de generación de utilidades supuestamente legítimas, logrando introducir al circuito formal el producido de sus actividades ilícitas".

“Delfín Castedo lideró una empresa criminal de tamaña envergadura que contrabandeaba droga principalmente desde Bolivia hacia nuestro país mediante un paso internacional, paso privado y sin control ni restricciones, del que se valió a través del dominio territorial sobre la finca El Pajeal, y que intentó extender sobre la finca El Aybal, ejerciendo un señorío absoluto sobre la frontera que ocupaba la finca, punto neurálgico de sus negocios”, afirmó el TOF1. 

"Claramente la frontera con Bolivia (por la parte de El Pajeal) se utilizaba como aduana paralela para el contrabando", agregó. 

El verdadero dueño 

El TOF1 recordó asimismo que tanto Aparicio como los hermanos Castedo arrastraban antecedentes vinculados al narcotráfico desde la década del 90. Y aseguró que en el juicio que concluyó el año pasado se demostró que "el verdadero dueño de la finca El Pajeal es Delfín Castedo".

"La finca fue entregada a Delfín por Ernesto Aparicio con el conocimiento y consentimiento de su núcleo familiar, y a espaldas de Héctor Ricardo Barroso y de María Lujan Aparicio", hija extramatrimonial de Aparicio, afirmó.

Es más, el Tribunal aseguró que El Pajeal fue un elemento central para que Delfín Castedo llegar a constituirse en un capo narco: "Contó con la ventaja de encontrarse en el lugar preciso y con las personas indicadas en el tiempo justo, que lo catapultaron a erigirse en amo y señor de la frontera del norte de nuestro país con la república de Bolivia. Sus socios: la estructura comercial y económica, representada por la familia Yudi, en cabeza de Alberto Yudi, y también de Luis Yudi, conocidos como prósperos comerciantes en la zona; y, el poder, gracias a la figura indiscutible de Ernesto Aparicio en toda la localidad de Salvador Mazza, cuyo aporte esencial -entre otros- resultó la finca El Pajeal, sin contar con sus aceitados lazos con el mundo del narcotráfico a gran escala”, razonó. 

El Tribunal afirmó que entre Aparicio y Delfín hubo "una verdadera transmisión de dominio oculta bajo las anotaciones registrales constatadas". Algo similar a "las simulaciones que rodearon a El Aybal, resultando ambos casos parte de la misma maniobra y plan de acción: esto es, la utilización de terceros como forma de mantener a salvo la principal fuente productora de la riqueza inusitada y desmesurada de Delfín Castedo". 

"Deviene indiscutible que la finca El Pajeal, en tanto unidad económica y funcional, en los hechos y sin perjuicio de las anotaciones registrales en cabeza de terceros, pertenece a Delfín Castedo, en virtud del acuerdo que Ernesto Aparicio y Castedo cerraron a mediados del año 2000", concluyó. 

El Tribunal entendió que existe un paralelo entre El Pajeal y la vecina El Aybal, de casi 20 mil hectáreas y que se decomisó antes, y a la que la organización quería incorporar. Para incorporarla se planificó "toda una estrategia montada sobre la base de una simulación registral que les permitiría a los hermanos Castedo, y a su socio en los negocios espurios -Aparicio- acaparar una extensión en la frontera aún mayor. Las ventajas eran claras: se ampliaba la aduana paralela y se multiplicaban las posibilidades de evadir los controles del Estado”. 

"La adquisición de la finca El Aybal se trató lisa y llanamente de una simulación montada por la asociación ilícita para colocar la finca en manos de Delfín Castedo, que implicó también un fenomenal lavado de activos en tanto se pagaron -al menos- USD 600.000, que salieron de las arcas de Castedo", agregó. 

Actitud complaciente

El TOF también consideró llamativo que una vez cometido el crimen de Ledesma, ya prófugos los hermanos, Aparicio no hubiera intentando retomar el control de la finca, y que tras su fallecimiento, a fines de 2013, tampoco lo hicieran su mujer y sus hijos. 

Para el Tribunal, la viuda de Aparicio y a los tres hijos deal matrimonio tuvieron "Una actitud evidentemente complaciente o aquiescente al respecto, comportándose (a partir de su mayoría de edad, en el caso de los hijos) tal como lo haría un prestanombres".

"María Andrea Aparicio, Irma Yolanda Tejerina, José Carlos Aparicio y Ernesto Tobías Aparicio en ningún momento opusieron reparo al señorío ejercido por Delfín Castedo. Fueron funcionales al acuerdo de Ernesto Aparicio y Delfín Castedo, y es evidente que sostuvieron durante todo este tiempo el statu quo registral (y también de hecho) de la finca El Pajeal por decisión y voluntad propia", reprochó. 

"Si no se comportaron como dueños de El Pajeal durante los más de 17 años -mientras fue utilizada por Delfín Castedo a la cabeza de su gran empresa criminal- lo fue por su exclusiva voluntad", siguió. 

En este punto, el tribunal federal afirmó que la familia de Aparicio no podía desconocer los señalamientos públicos que vinculaban al entonces diputado con el narcotráfico. Recordó en tal sentido las denuncias públicas de Liliana Ledesma y su asesinato. "Quedó en evidencia que consolidar el señoría sobre la frontera era una prioridad en los planes criminales del grupo, y Liliana Ledesma con los pequeños productores, al exponer públicamente el cierre de los caminos, hablar de los desmontes ilegales y acusarlos de narcotraficantes, no hacía más que boicotear el claro objetivo tenido en miras por la organización". 

"Alguna razón justifica que la familia directa de Ernesto Aparicio guardara silencio", razonó el TOF1, y si bien aclaró que esto no implica un reproche, representa un indicio que "se contrapone a la buena fe argüida por los peticionantes". 

"Si Delfín Castedo, pese a la persecución judicial y luego de su detención, pudo seguir decidiendo sobre el destino de El Pajeal, fue por su indiscutible carácter de dueño de la finca, conocido y consentido por los hijos y la esposa de Ernesto Aparicio", agregó. 

Y concluyó: "En el caso de la señora Irma Tejerina y de sus tres hijos, quienes figuran en el registro inmobiliario como titulares de derechos sobre El Pajeal, corresponde de igual modo el decomiso de tales derechos en razón de que son personas que conocían el empleo ilícito de esta finca como instrumento para la realización de operaciones de contrabando y narcotráfico".