Alberto Fujimori se apresta a recuperar la libertad en Perú. El exdictador, electo en 1990 (entonces derrotó a Mario Vargas Llosa), dio un autogolpe en 1992, disolvió el Parlamento, reformó la Constitución y fue reelecto en 1995 y 2000, en comicios muy sospechosos. De viaje por Japón a poco de iniciado su tercer mandato, renunció y estuvo prófugo hasta que fue extraditado tras un viaje a Chile.

Entre 2007 y 2015 acaparó cinco condenas en la Justicia de Perú, por un total de 52 años y medio de cárcel. El indulto del presidente Pedro Pablo Kuczynski a fines de 2017 dervió en un escándalo, ya que el entonces mandatario buscó apoyarse con esa medida en el fujimorismo. Eso no impidió su caída y que luego la Justicia ordenara el regreso de Fujimori a prisión.

La primera condena vino en noviembre de 2007, y fue de seis años, por usurpación de funciones. Fue por un hecho también de noviembre, pero de 2000. Antes de su renuncia Fujimori supervisó en persona el allanamiento de la casa de Trinidad Becerra, exesposa de Vladimiro Montesinos, principal asesor del gobierno. Montesinos, considerado el monje negro del fujimorismo, había sido grabado cuando sobornaba a un diputado opositor, en un escándalo que fue el comienzo del fin del régimen.

En abril de 2009, con Fujimori ya en Perú, recibió una condena histórica de 25 años por crímenes de lesa humanidad. Fue hallado culpable de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado correspondientes a los casos de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) y los secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia. Un total de 25 personas fueron asesinadas en esas matanzas a manos de grupos paramilitares. Los secuestros también los hicieron los militares, el de Gorriti, en las horas posteriores al autogolpe.

Tres meses después de la condena por violaciones a los derechos humanos el exdictador sumó una sentencia por peculado y falsedad ideológica. Había pagado una 15 millones de dólares de manera ilegal a Montesinos. Le dieron siete años y medio.

Más tarde sumó otros seis años por espionaje telefónico, comprar medios de comunicación en 2000 y pagarle a diputados para que se pasaran de bloque en el Congreso.

En 2015, Fujimori añadió otros ocho años por peculado. La Justicia consideró probado que había desviado 122 millones de soles peruanos destinados a las Fuerzas Armadas para comprar espacios en diario sensacionalistas. 

El fujimorismo tiene en su haber otras cuestiones, como la represión feroz en la recuperación del residencia del embajador de Japón, en abril de 1997. Había sido tomada por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, y todos los asaltantes fueron abatidos, además de un rehén. También se señala a Fujimori por la esterilización forzosa a mujeres en los Andes, una práctica que, se calcula, afectó a más de 200 mil personas.