El juez federal N° 1 de Salta, Julio Bavio, procesó al empresario boliviano Jorge Adalid "Fantasma" Granier Ruiz por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes, en calidad de organizador. En la resolución, dictada el jueves último, el magistrado también ordenó el embargo de los bienes de Granier Ruiz por 30 millones de pesos.

La investigación del caso fue impulsada por el fiscal federal Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), y el fiscal general Eduardo Villalba, a cargo de las investigaciones que esa misma área realiza en el NOA.

El juez Bavio resaltó que Granier Ruiz tenía un pedido de captura desde el 2 de marzo del 2022 y fue capturado finalmente el 29 de marzo de este año en Brasil, cuando viajaba desde la localidad de Rondonópolis a Campo Grande, en Matto Grosso, para encontrarse con un socio.

Los fiscales Iglesias y Villalba solicitaron la extradición de Granier Ruiz en el marco de una investigación que se había iniciado a partir de pruebas surgidas de expedientes que llevaba adelante el juez Bavio, entre ellos la causa que derivó en la detención de Adelaida Castillo, su hija Estela y Rodrigo López por el transporte de 389 kilos de cocaína, el 24 de septiembre de 2020.

Ese procedimiento se llevó a cabo en el norte de la provincia de Buenos Aires, sobre la ruta nacional 9, en la localidad El Paraíso, partido de Ramallo. Castillo iba en una camioneta Ford Ranger, mientras que su hija y López iban en otra.

La Gendarmería Nacional había seguido al trío desde su salida de Buenos Aires hasta la ciudad de Rosario, donde se encontraron con el conductor de una camioneta Toyota que llevaba la droga, que después fue traspasada a la camioneta de Castillo en una finca ubicada en la localidad de Ibarlucea.

El 7 de abril del 2022 el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta condenó por este hecho a Castillo a 13 años de prisión por el transporte de estupefacientes, en calidad de organizadora. Y Estela y López recibieron penas de 8 años de cárcel por el mismo delito, pero en grado de partícipes primarios.

Como resultado de la investigación liderada por los fiscales Iglesias y Villalba, el 8 de marzo de 2022 se detuvo al conductor de la Toyota que había llevado la droga hasta Ibarlucea, identificado como Ignacio Quintana, y también fue capturado Fabián Pelozo, ya condenado, que fue clave en la actividad de esta organización narcocriminal de alcance trasnacional.

La fiscalía estableció que Quintana y Pelozo tenían el rol de recibir la droga que llegaba de Bolivia por vía aérea y era arrojada en campos ubicados en Santa Fe. En el juicio contra ambos, el fiscal general Carlos Amad afirmó que “eran los encargados de la logística, el acopio y la entrega del producto a los distintos compradores e intermediarios, como el caso de Adelaida Castillo, rol que cumplieron con respecto a la droga secuestrada en Ramallo”.

Por este hecho, el TOF2 de Salta condenó a Pelozo y Quintana a 9 y 7 años de prisión, respectivamente, por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautores.

En la continuidad de la investigación, se identificó a Granier Ruiz como el “organizador” del transporte de los 389 kilos de droga incautada en Ramallo. La imputación surgió de conversaciones que mantuvo con Castillo en las que ofrecía la cocaína y su traslado aen avionetas, servicio por el cual su nombre aparece en otras investigaciones, recordó la fiscalía. La más destacada fue la que llevó a la captura y condena a 15 años de prisión de Valdemar Loza, por el tráfico de 1.160 kilos de cocaína.

En el procesamiento, el juez Bavio destacó la tarea de la PROCUNAR. “Se pudo concluir que Granier Ruiz organizó la maniobra ilícita investigada, pues de la extensa investigación se estableció que aquél tuvo la dirección exclusiva de las actividades que luego realizarían o materializarían junto con el resto de sus coimputados, los cuales estuvieron siempre en relación, cuanto menos, de subordinación”, afirmó.

Para arribar a esta conclusión, tuvo en cuenta los diálogos citados por la fiscalía. En uno de ellos, Granier Ruiz reconoció que cobraba 320 mil dólares por el transporte, con un adelanto de 50 mil. A la vez, dejó en claro que la capacidad de carga de las avionetas rondaba entre los 380 y 400 kilos.

En los intercambios de mensajes Granier Ruiz y Castillo dejaron en evidencia que tenían un trato comercial de larga data. Incluso, la mujer le hizoa un reclamo por un faltante. Hay conversaciones en las que coordinaron fechas, horarios y lugar de encuentro, entre ambos y con otros cómplices, entre ellos Pelozo, una especie de “mano derecha” del empresario boliviano, quien también mencionó a dos hijos suyos con distintos roles dentro de la organización.

Granier Ruiz cumple la prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, ubicado en la localidad de General Güemes.

Sobre su participación en el cargamento incautado, el juez señaló que Granier Ruiz no tuvo la necesidad de participar materialmente del comercio de la droga, porque por su de posición jerárquica superior, “se vale de intermediarios para lograr el plan criminal orquestado, pero que sin él no se llevaría adelante”. Añadió que por estas razones "el tráfico ilícito organizado es un delito sumamente complejo, que además puede superar las fronteras nacionales, no sólo para distribuir droga en condiciones de ser finalmente consumida, sino que puede ocurrir que en diferentes países se perfeccione el proceso, por cuanto existen naciones productoras de estupefacientes y países de tránsito o centro de distribución”.