A días de finalizar la gestión del gobernador Gerardo Morales, integrantes de la Policía de la provincia encapuchados intentaron amedrentar a las nueve familias que habitan hace más de 30 años en el barrio Radio Estación, en la ciudad de Tilcara, y resisten la intención del gobierno de Jujuy de trasladarlas para instalar un polo comercial turístico al costado de las vías por donde pasará el Tren Solar.

El gobierno impulsa que el predio sea desalojado a pesar de que la mayoría de las familias residentes son monomarentales, con niños y niñas a su cargo. Además, ninguna de las viviendas se encuentra sobre las vías o impide la llegada del tren.

Se trata de los predios del ex ferrocarril donde en breve llegará el Tren Solar turístico, obra que la gente de la Quebrada celebra, pero pide que se respeten los títulos de las tierras que ex ferroviarios adquirieron a Ferrocarriles Argentinos, además de que las viviendas están alejadas de las vías.

La abogada Alejandra Cejas, que representa a las familias Chiliguay, Castillo, Mealla, y Rodríguez, anticipó que la audiencia para tratar el recurso de nulidad que presentó contra la orden de desalojo y por las denuncias contra el fiscal Fernando Alancay y el funcionario provincial Emiliano Rodríguez se realizará el jueves próximo a las 18. Inicialmente esta audiencia había sido convocada para el lunes 4, pero fue pospuesta por pedido del fiscal.

El juez de Control Gustavo Ortiz ordenó que las familias residentes en el barrio Radio Estación debían ser desalojadas el 29 de noviembre, pero el recurso presentado por Cejas logró frenar esta medida. Ahora hay una nueva orden que vence el 6 de diciembre, pero la audiencia para tratar las objeciones de la abogada de las familias será el jueves 7. En ese marco, la Policía de Jujuy viene tratando de ejecutar la orden de desalojo. Está previsto que el gobernador inaugure el jueves próximo la obra del tren en la localidad de Volcán.

Ayer, ante la presencia de policías en Radio Estación, Cejas se trasladó a Tilcara, junto a referentes de organismos de derechos humanos. “Están violentando a las familias y el gobierno desesperado envió efectivos encapuchados, armados, sin identificarse, para sacar a las familias en medio de la noche. Es repudiable el proceso que implementan. Estamos presentando habeas corpus para que haya una protección porque no se sabe qué puede pasar”, afirmó. 

“Las familias están en sus casas super atemorizadas por toda la presión que están padeciendo por parte del gobierno de la provincia“, acotó la abogada.

Entrada la noche del martes, efectivos policiales con la cara cubierta amenazaban con desalojar a la fuerza y rodearon las viviendas en medio de la oscuridad. Un vecino describió que estos policías encapuchados y con barbijos llegaron cerca de las 19.30. “Vinieron varios con la cara tapada, con gorras, intimaron a la familia por el desalojo o que firmen el convenio o bien en dos horas ellos volvían para el desalojo”, relató. 

Efectivos policiales llegaron por la tarde con la ministra de Desarrollo Humano, Alejandra Martínez; también estuvo la concejala y actual intendenta electa Sonia Pérez, quienes buscan que las familias que resisten en sus viviendas firmen el convenio para trasladarse. Más de 16 familias ya accedieron a este traslado y algunas fueron reubicadas en módulos pequeños sin servicios básicos, mientras que a otras les entregó un lote en el marco del programa Mejor Vivir. En algunos casos la Policía trasladó por la fuerza a las familias dejando pertenencias a la intemperie.

Las familias explicaron que tienen una audiencia programada para el jueves, pero los policías les dijeron que “regresaban para el desalojo y en la orden que dejaron pegada dice que hasta las 20 horas pueden hacer el desalojo. Actúan con mucha arbitrariedad, empujan a la gente, provocan ante la desesperación”, contó una vecina. Finalmente el desalojo no se llevó a cabo anoche. 

Las familias pidieron una prórroga para el desalojo, “ellos vienen a apurar y la orden dice que es vence el 6 de diciembre, o sea mañana”. Frente a la nueva presión vecinos del pueblo se autoconvocaron, solidarizándose con las familias afectadas.

Un vecino contó que en esas circunstancias se les acercaron “como diez policías de civil, porque no están uniformados, llegaron con gorras. Algunos se pusieron unas pecheras que dicen: Investigaciones. Actúan amedrentando, presionando a la gente y creen que con eso la gente se va a ir”, sostuvo. “Los vecinos ya venimos sufriendo hace rato el atropello, sacan fotos a las casas a la gente que pasa en el barrio. Sentimos mucha impotencia por lo que vivimos y son los hogares de la familia, hijos, nietos que han crecido en el barrio”, aseveró.

A la par de esta jornada de violencia institucional señalada por las familias a las que se intenta desalojar, el gobierno de Jujuy sostuvo en un comunicado que "una sola familia continúa en el Barrio Radio Estación" y la responsabilizó de estar "imposibilitando que el proyecto del tren turístico avance y se concrete el primer tramo Volcán-Tilcara". Aseguró también que en noviembre "las familias fueron reubicadas paulatinamente y de manera voluntaria", que la policía "colaboró con el traslado de sus bienes y objetos personales". Y afirmó que "En la espera que la única familia acceda a alguna de las propuestas superadoras, autoridades del Ministerio de Seguridad continúan explicando la medida de desalojo de la justicia provincial con el fin de restablecer la conexión ferroviaria que permitirá a las localidades de la Quebrada contar un servicio eficiente en pos del desarrollo económico y social de sus habitantes”.

Cortaron el servicio eléctrico

Desde el lunes último el personal de la empresa prestataria EJESA cortó el suministro de energía eléctrica a las familias que fueron trasladadas. “Vienen con órdenes para dar de baja al servicio, cuando sabemos que fue declarado servicio básico la luz y el agua y acá parece que no hay derecho a nada. Acá lo único que quieren es cumplir con la orden de desalojo sin juicio previo, sin sentencia, pero lo mismo mandan de Jujuy –capital- una orden de los superiores pero nosotros no vemos nada. Hay familias que no tienen servicio”, relató el vecino.

En el barrio Radio Estación hay familias que tienen los servicios luz, agua e internet desde hace años y algunos hasta cuentan con conexión a la red de gas natural.

“La justicia no hace valer la documentación que consta. Desde el 95 que se hizo cargo EJESA están los papeles, y antes era Agua y Energía y la gente tiene esa documentación de que ellos pagan el servicio", añadió el vecino. También destacó la contradicción del gobierno, expuesta en la denuncia del coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial del Tren Solar Jujuy - La Quiaca, Emiliano Rodríguez, que aseguró que "la gente se metió el año pasado, y la gente tiene el servicio desde hace 30 años”.

Susana Gutiérrez, que tiene su vivienda al lado de un local gastronómico del actual intendente Ricardo Romero, a quien no lo notificaron de desalojo, se encadenó desde la semana pasada. Ella cuenta con la documentación de su vivienda, además insiste en quedarse porque está alejada de la vía y le dijo a la ministra que el desarrollo comercial en esa zona debe ser oportunidad para la gente del lugar principalmente. “No presentaron el proyecto, ni tampoco se realizó un estudio de impacto ambiental, acá hubo una decisión arbitraria y nos quieren sacar”, sostuvo.