La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio informó que hasta el mediodía fueron detenidas 16 personas, entre ellas siete funcionarios del Servicio Penitenciario, tres de ellos con el grado de jefes; de las otras nueve personas, siete son mujeres y dos hombres.
Las detenciones se concretaron en el marco de una investigación de denuncias a funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta que habrían habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos a personas detenidas. Con ese fin el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, conformó una Unidad Fiscal integrada por las fiscalías especializadas en delitos económicos complejos y narcocriminalidad (UDEC y UFINAR).
Esta mañana se realizaron 37 allanamientos en distintos lugares de la capital salteña en el marco de esta investigación que lleva adelante esta Unidad Fiscal conformada por la fiscal Salinas Odorisio, y los fiscales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
El operativo fue ejecutado por 85 efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que usaron 21 móviles de la Policía de Salta, con la colaboración en cobertura de seguridad del Grupo Antidisturbios Infantería y el Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo (GOPAR). El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que fueron allanadas 35 viviendas particulares, distintas celdas de la Unidad Carcelaria 1, más conocida como cárcel de Villa Las Rosas, y un puesto de trabajo de una empleada del Ministerio de Educación de la provincia, que tiene a su hijo privado de la libertad. Esta cartera aclaró que la detención no tiene vinculación con su labor en el Ministerio.
El MPF también resaltó que la Unidad Fiscal cuenta con la colaboración de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Salta. Y detalló que investiga a funcionarios de este Servicio que habrían habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios a personas detenidas, o permitido el ingreso a la cárcel de elementos prohibidos y estupefacientes.
La Unidad Fiscal tuvo como principal objetivo la confirmación de los hechos denunciados mediante la compilación de operaciones bancarias, declaraciones testimoniales, la captación de las comunicaciones durante 60 días y el análisis de 113 extractos bancarios sobre un total de 17 personas que fueron investigadas, todo lo que permitió la individualización de los responsables de estos hechos.
