Las movilizaciones populares, sobre todo de mujeres y disidencias, hicieron posible que en 2005 y 2014, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se llevaran adelante las llamadas moratorias previsionales que establecieron un mecanismo de regularización de aportes para que pudieran acceder a la jubilación las y los adultos mayores que cumplieran con la edad establecida (65 años para varones y 60 para mujeres) pero que no hubieran acumulado los 30 años de servicios con aportes requeridos por la ley. El 74 por ciento de las mujeres jubiladas lo hicieron a través de las moratorias previsionales.

En 2016, la Ley 26.970 fue prorrogada exclusivamente para mujeres de entre 60 y 64 años. En julio de 2022, el Gobierno Nacional extendió esta prórroga hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, a la espera de la sanción de una nueva ley. Finalmente, en febrero de 2023, se sancionó la Ley 27.705, que puso en marcha el Plan de Pago de Deuda Previsional que, en sus dos años de vigencia, se estima que permitirá acceder a la jubilación a 800 mil adultos y adultas mayores.

Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el 51,2 por ciento de las jubilaciones y pensiones actuales fueron incorporados gracias al Plan de Inclusión Previsional. El organismo agrega que el total de Jubilaciones y Pensiones aumentó 109,5 por ciento desde 2003 a 2016, llegando a los 6.617.587 beneficios y alcanzando así la cobertura del 97 por ciento de las personas en edad jubilatoria, la más alta de Latinoamérica.

“Las moratorias previsionales durante los gobiernos de Cristina lograron alcanzar a un porcentaje que llegaba entre el 95 y el 97 por ciento de las personas en edad de jubilarse”, explica Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma. Ruiz contó además que con la Ley de Reparación Histórica sancionada durante el Macrismo, las jubilaciones perdieron poder adquisitivo. “La ley de reparación histórica del macrismo con la PUAM es un subsidio a la pobreza, la ley dice que se pagará si hay recursos en el Tesoro y cuando fallece el o la compañera de vida no recibe una pensión, por eso decimos que la PUAN debe ser reemplazada porque es casi seguro que ahora vengan por esos recursos”, dice Graciela Iturraspe, ex diputada nacional y luchadora incansable por los derechos de los y las adultas mayores.

Iturraspe explica además que con la ley de moratoria del gobierno de Cristina logra que tanto hombres como mujeres que trabajaron de manera informal buena parte de su vida, pudieran jubilarse. De cada 10 mujeres que llegaban a la edad de jubilarse, solo una llegaba a los 30 años de aportes y de 10 hombres que llegaban a los 65 años, hace 4 años, solo 3 tenían los aportes, por eso la ley de moratoria vino a reparar la informalidad laboral.

Fue bajo la gestión de Fernanda Raverta en el Anses que se reconocieron los trabajos de cuidado: “por cada hije, se reconoce un año de aporte más dos años por cada familiar discapacitado que tuvieran a su cargo. Eso sumaba y cuando se contemplaba el tema de la moratoria se le restaba al pago, porque otra de las cosas que hay que decir es que ninguna moratoria fue gratis, que todas las personas que accedieron al beneficio de alguna manera pagaron los años de aportes. Los que no pagaron fueron las patronales, gracias a la ley del Menemismo que redujo los aportes patronales a menos de la mitad”, detalla Ruiz.

El reconocimiento de las tareas de cuidado como trabajo se logró también gracias a las movilizaciones populares de las organizaciones de mujeres, sobre todo sindicalistas. La célebre frase transformada en consigna de lucha de Silvia Federici “eso que llaman amor es trabajo no pago” se materializó en ley: se reconoció un año de aportes por hije, dos años por hije adoptade, un año por hije con discapacidad y 2 años en caso que de haber sido beneficiaria de la Asignación Universal por Hije por al menos 12 meses.

Con la llegada de Javier Milei al gobierno, las organizaciones temen perder los derechos conseguidos: “ante la proximidad de la asunción del nuevo gobierno, la designación de Giordano en el área de Seguridad Social, Anses, sus declaraciones y las del instituto del cual forma parte, convoca a sus centros provinciales a declararse en estado de alerta y movilización. Según las declaraciones a las que nos referimos, existiría voluntad de avanzar en la apropiación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Recordemos que en el año 2008 cuando se reestatiza el sistema provisional, los fondos acumulados por las Afjp, constituyeron dicho fondo de garantía hoy invertido en acciones y bonos del estado argentino y de las principales empresas del sector privado. Esta herramienta se constituyó en un fondo aníiciclico, para épocas de crisis, pero inhabilitando para uso en gastos corrientes. Es intangible, por lo cual no puede ser apropiado por otro poder del Estado”, dice en un comunicado el Centro Nacional de Jubilades de ATE, que reúne a tods los trabajadores y trabajadoras estatales, hoy jubilades.

También se alerta por las 13 cajas provinciales que siguen brindando a sus trabajadores y trabajadoras la posibilidad de llegar a la edad de retiro con un cálculo del haber inicial, en función de los mejores haberes de los últimos tres años. Así como una fórmula de movilidad que ata los haberes jubilatorios a lo que se va consiguiendo en paritarias por los trabajadores en actividad, con lo cual el porcentaje por estos conseguido, se traslada uno o dos meses después a los trabajadores jubilados. “Debemos cuidar especialmente la ley de moratoria, es muy posible que se obture la posibilidad de renovarla cuando deje de tener vigencia la actual renovación. En aras de cuidar los fondos estatales, si se anula dicha ley, millones de argentinos quedaran sin cobertura alguna al llegar a la edad jubilatoria”, alertan.