Referentes de las cinco comunidades originarias que habitan en el municipio de Coronel Juan Solá, o Estación Morillo, en el departamento Rivadavia, buscaron ayer respuestas en la Comisaría de esa localidad y pretendían hacer lo propio en la intendencia en procura de evitar que comerciantes de la zona vendan alcohol etílico o nafta a niños, niñas y adolescentes indígenas.
Sin embargo, afirmaron que las respuestas siguen sin llegar pese a los constantes y reiterados reclamos que realizan en la zona desde hace ya años, en el marco de una descomposición social que va de la mano del crecimiento de las adicciones.
Roberto Arias, referente de la comunidad Chañar 2, contó a Salta/12 que en la Comisaría solicitaron más operativos de seguridad. En la reunión estuvieron también representantes de las comunidades Primavera, La Cortada, 50 Hectáreas y Misión Katam.
“El tema de la seguridad es que los comerciantes que venden bebidas alcohólicas no las vendan a los chicos”, sostuvo. Denunció que el alcohol etílico es comprado por chicos y chicas indígenas de entre 11 y 12 años, “porque es lo más barato y les rinde más”.
Respecto de la inhalación de nafta, afirmó que si bien existe una sola estación de servicio, hay negocios de comestibles que también la venden y de allí que chicos y chicas la consiguen con facilidad.
También se elevaron reclamos al delegado de Asuntos Indígenas de la provincia, Marcelo Córdova, quien estuvo de comisión por la zona. Este miércoles esperaban acercar sus inquietudes por nota al intendente del municipio, Gerardo Atta Gerala.
Arias apuntó contra el mandatario comunal al entender que “todas estas cosas pasan por él”, en referencia a la presunta inacción para frenar la venta de alcohol a niños, niñas y adolescentes de las comunidades, y por la falta de regulación de la venta del combustible en cualquier almacén.
"La gente criolla habla de que somos responsables porque somos los padres. Pero nosotros no les damos plata a los chicos que en realidad roban (cosas) y venden, o se esconden por ahí y amanecen en cualquier lado porque no hay seguridad”, lamentó. Como ejemplo, indicó que a veces niños y niñas de las comunidades “salen a comprar el pan y no vuelven más”. Y, en cambio, se terminan reuniendo en grupos en los que consumen sustancias tóxicas.
Arias recordó que “también hubo muertes” a raíz de los problemas que acarrea el consumo entre los jóvenes “porque se 'machan' y después buscan violencia”. El referente dijo que pese a que se hicieron denuncias en la Comisaría por estos hechos no reciben respuestas: “dicen ‘ya vamos’, pero nunca llegan. Y los que quedan lastimados de las peleas están ahí tirados y se mueren por la falta de atención”, afirmó.
Según Arias, desde 2017 hubo una quincena de fallecimientos a causa de esta problemática social que afrontan las comunidades indígenas frente al crecimiento de las adicciones. E incluso contó el caso de una mujer desaparecida.
Además, calculó que entre 100 y 150 chicos y chicas menores de 18 que se encuentran en esta situación de consumo que muchas veces se origina en su pre adolescencia a los 10 u 11 años. “Se han puesto rebeldes. Andan con machetes, armas blancas, entonces no podés salir. Y si mandás a un chico a comprar vuelve sin la plata”, describió.
Ayer los referentes definían en reunión que en caso de no haber respuestas concretas a esta preocupación, en dos días podrían tomar el edificio municipal.
Reunión de la mesa interministerial
La información oficial del gobierno provincial respecto de la visita del secretario de la Delegación de Asuntos Indígenas, Marcelo Córdova a la zona, no mencionó reunión alguna o respuesta a los reclamos planteados por las comunidades de Morillo. Sin embargo, el funcionario dijo a Salta/12: "los paisanos me pidieron (la sanción de) una ley que prohíba la venta de bebidas a las comunidades". Pero entendió que la salida en estos casos debe ir otras vías.
Mientras, el gobierno destacó la reunión de la mesa interministerial para “el abordaje de temáticas de pueblos indígenas”, convocatoria encabezada por Córdova y el intendente Atta Gerala.
"Las mesas de diálogo son importantes realizarlas debido a que, en territorio, se pueden plantear las problemáticas e intercambiar las posibles soluciones de acuerdo a la realidad zonal”, dijo Córdova.
En representación del Ministerio de Salud Pública participó el gerente del hospital de Morillo, Adrián Cardozo, y la gerente administrativa, Belén Yllesca Carranza. “Fue una oportunidad para exponer todo lo que se viene trabajando desde el ámbito sanitario y fortalecer las articulaciones entre Provincia y municipio durante el período estival”, indicó Cardozo.
Además, el médico comentó que el equipo profesional se fortaleció con la incorporación de una nueva médica especialista en medicina familiar y comunitaria y dos licenciadas en psicología y trabajo social.
“Coronel Juan Solá es un territorio extenso de más de 12 mil kilómetros cuadrados y tiene una densidad poblacional aproximada de 12.500 personas. La incorporación de las nuevas profesionales permitirá extender la cobertura sanitaria en el Área Operativa IV”, dijo.
