La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, pidió al Juzgado de Garantías N° 1 de la ciudad de Salta que continúe el trámite de las causas que se siguen contra el ex intendente, ex senador provincial y actual intendente electo de Rosario de Lerma Sergio Omar Ramos, quien está acusado por el delito de "peculado de bienes y peculado".

El Ministerio Público Fiscal informó que el requerimiento de Salinas Odorisio se sustenta en que Ramos ya no cuenta con fueros porque concluyó su mandato como senador provincial, y "en consecuencia, el trámite de desafuero iniciado por la Cámara de Senadores de Salta deviene en abstracto".

En los comicios generales provinciales realizados el 14 de mayo de 2023, Ramos fue electoa otra vez intendente de la localidad de Rosario de Lerma, cargo que asumirá el domingo próximo, 10 de diciembre.

Ya en junio de 2020 esta fiscalía, entonces a cargo de la fiscala Verónica Simesen de Bielke, pidió que Ramos fuera juzgado acusado por peculado por el desvío de fondos públicos que fueron transferidos por la Provincia al municipio de Rosario de Lerma.

El 25 de abril de 2022, el Juzgado de Garantías N° 2 suspendió la remisión de la causa a juicio hasta tanto el Senado de Salta se expidiera sobre el pedido de desafuero de Ramos, lo que nunca ocurrió.

El 17 de mayo último Salinas Odorisio pidió el juicio contra Ramos, acusado en este caso por peculado de bienes, y también pidió que se juzgue a la ex funcionaria municipal Natalia del Valle Guerra, en su caso como partícipe necesaria del mismo delito. 

La primera acusación, por peculado, es por el supuesto desvío de $341.715 que habían sido enviados apor la provincia por una gestión realizada por Ramos ante la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo. 

El MPF detalló en su momento que estos fondos fueron liquidados al municipio de Rosario de Lerma, a través de la cuenta corriente bancaria que tiene en el Banco Macro, en dos acreditaciones distintas; una del 26 de agosto de 2013 por $ 250.715 y otra del 13 de noviembre del mismo año por $91.000. Esos fondos estaban destinados a la creación y puesta en funcionamiento de un proyecto de empresa social, que tenía como fin la construcción de casas prefabricadas.

Para llevar a cabo este proyecto la municipalidad de Rosario de Lerma se había comprometido a aportara el “espacio físico y la mano de obra para remodelaciones edilicias necesarias”, con el propósito final de que los vecinos y vecinas "cuenten con una vivienda digna y el trabajo mancomunado de unión y solidaridad a través del cooperativismo”.

El monto total asignado al proyectoa, de $341.715, incluía la adquisición de maquinarias, herramientas, moldes e insumos para placas, insumos para dos viviendas, elementos de protección personal, mobiliario de oficina, construcción edilicia, capacitación, coordinación de proyecto e imagen e impresión.

En la investigación la Unidad de Delitos Económicos Complejos estableció que la obra que debía ejecutarse no fue llevada adelante, ya que en el lugar donde debía concretarse no encontró indicios de esa obra y tampoco pudo comprobar que se realizara en otro sitio. Esto fue corroborado en una inspección ocular y por un testigo que hizo un relevamiento para verificar la obra y no encontró indicios de movimientos de terreno, que debían necesariamente ser llevados a cabo para iniciar la obra. Otro testigo dijo que el lugar es un terreno baldío.

Además, una auditoría externa para determinar contable y financieramente todo lo referido al proyecto, estableció que con el dinero únicamente se compraron tejuelines por $30.000, que "fue la única erogación realizada, por lo que se desconoce el destino final de los otros $311.715".

El MPF señaló entonces que "no pudo acreditarse el destino de los montos que se exteriorizan como abonados por la Provincia de Salta al Ente municipal, ni de los bienes adquiridos por el Municipio para la realización del proyecto referido, a pesar que ellos estaban determinados a cumplimentar un fin específico, habiéndoseles otorgando en consecuencia un destino extraño al que estaban direccionados".

Una camioneta del Senado 

En cuanto a la segunda acusación, la intervención de la fiscalía de Delitos Económicos se inició de oficio el 13 de febrero de este año, después de que se difundiera la noticia de que el 5 de febrero una concejala de Rosario de Lerma, Natalia del Valle Guerra, había chocado un vehículo que se encontraba a cargo del Senado de Salta. 

En respuesta a un pedido de informe de la fiscalía, el Ministerio de Economía de Salta comunicó que el título de propiedad de ese vehículo, una camioneta Chevrolet S10, modelo 2009, estaba desde el 14 de julio de ese año a nombre del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Finanzas y Obras Publicas de la provincia (actual Ministerio de Economía), que lo había entregado a la Cámara de Senadores el 21 de junio de 2009. 

A su vez, esta Cámara informó que el 16 de julio de 2020 había entregado la camioneta a Sergio Ramos, por entonces senador provincial por el departamento Rosario de Lerma. Con estos datos la fiscalía citó a audiencia de imputación a Ramos y a Guerra, pero el legislador no se presentó y solo Guerra fue acusada formalmente por peculado de bienes. Ramos fue citado otra vez para el 26 de abril y esta vez sí fue y negó los hechos, igual que antes lo había hecho Guerra.

Sin embargo, la fiscala Salinas Odorisio consideró que en su calidad de funcionario público Ramos "se apartó de los fines previstos por los que la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, le había asignado la camioneta Chevrolet, modelo S10, efecto público cuya administración y custodia le había sido confiada en razón de su cargo, señalando que el imputado colocó dicho bien fuera del alcance de su custodia que le fue asignada, entregando el mismo a la incusa, para que lo utilice para asuntos personales, perjudicando en consecuencia el patrimonio y el normal funcionamiento de la Administración Pública”.