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Página/12 en Perú
Desde Lima
Perú vivió un día negro para la justicia y los derechos humanos. El exdictador Alberto Fujimori, que cumplía una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, salió libre por un cuestionado indulto dado en 2017, luego anulado por ser considerado ilegal y hace unos días resucitado por el Tribunal Constitucional (TC) en una decisión dividida.
La liberación de Fujimori desacata resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha calificado de ilegal el indulto, y que emitió una resolución señalando que el Estado peruano debía abstenerse de liberarlo “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”.
El gobierno de Dina Boluarte, aliada del fujimorismo, decidió incumplir lo resuelto por la Corte IDH, cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio, y liberar a Fujimori en sintonía con el Tribunal Constitucional. Esto pone al Estado peruano contra el sistema interamericano de derechos humanos. Con el lema “indulto es un insulto” se han convocado protestas contra la liberación del expresidente que entre 1990 y 2000 encabezó un gobierno autoritario y corrupto.
Fujimori salió de prisión a la casa de su hija Keiko --su heredera política-- en un exclusivo barrio de la capital. Keiko había llegado al penal junto con su hermano Kenji antes de que su padre fuese liberado. Esperaron su salida con dirigentes y congresistas del fujimorismo en la puerta del penal, una cárcel exclusiva para expresidentes dentro de un cuartel policial.
Por el penal desfilaron viejos rostros de la dictadura que salieron como fantasmas de tiempos oscuros y nuevas caras del fujimorismo que encabeza Keiko y rinde culto al dictador condenado por asesinato con alevosía y secuestro agravado, entre otros delitos.
Al final de la tarde del miércoles se abrió la puerta metálica del penal y salió Fujimori con un barbijo mal colocado. Se abrazó con sus hijos. Dirigentes fujimoristas, acompañantes de la familia y policías tomaban fotos con sus celulares. El padre y los dos hijos subieron a una camioneta de la familia estacionada en la puerta del penal. Se sentaron en el asiento trasero y salieron del cuartel policial. En la calle los esperaban decenas de simpatizantes. La camioneta avanzaba lento, abriéndose paso entre la gente que daba vivas al exdictador. Sonaba la canción “chino, chino, chino…”, usada en la campaña electoral para las elecciones del año 2000 que Fujimori ganó con fraude.
Entre los simpatizantes que celebraban estaban los miembros del grupo violento La Resistencia, una fuerza de choque de ultraderecha que hostiliza y ataca a periodistas, políticos, magistrados y todo aquel que no esté alineado con sus posturas extremistas. En una caravana con custodia policial llegaron hasta la casa de Keiko, en un trayecto de más de una hora. Los esperaban más simpatizantes. En la puerta de la casa, Keiko agradeció a las autoridades que liberaron a su padre.
El indulto restituido fue dado en la noche de Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Lo hizo argumentando un perdón humanitario por un supuesto mal estado de salud del exdictador. Pero la realidad es que fue un canje de impunidad por votos fujimoristas a favor de Kuczynski en un proceso de destitución en el Congreso por cargos de corrupción.
Lo del grave estado de salud de Fujimori para indultarlo fue una farsa. El exdictador salió en libertad con el indulto, pero meses después volvió a prisión. En mayo de 2018, la Corte IDH ordenó al Estado peruano revisar la legalidad del indulto y en octubre de ese año la Corte Suprema lo anuló. En marzo de 2022, el TC restituyó el indulto que había sido anulado y ordenó liberar a Fujimori. La Corte IDH se pronunció, como ha ocurrido ahora, en contra de esa decisión. En esa ocasión el gobierno del entonces presidente Pedro Castillo decidió acatar lo dispuesto por el tribunal internacional y Fujimori no fue liberado. Hace unos días el TC insistió en resucitar el indulto y volvió a ordenar la libertad de Fujimori. Esta vez, a diferencia de los ocurrido en 2022, el gobierno se puso del lado del TC y de Fujimori y fue liberado.
Los abogados de las víctimas del fujimorismo, organismos de derechos humanos y amplios sectores exigen se cumpla lo dispuesto por la Corte IDH contra el indulto y se revoque la liberación de Fujimori. Este organismo internacional deberá reunirse para ver el caso y el incumplimiento del Perú de sus resoluciones, lo que podría llevar a sanciones contra el Perú. La Corte IDH ya señaló que este indulto no cumple las condiciones exigidas para otorgarlo como ser un grave estado de salud, no contribuye al esclarecimiento de la verdad, no hay admisión de la gravedad de sus delitos, no ha pagado la reparación civil ni ha pedido perdón a las víctimas.
Fujimori fue sentenciado a 25 años en 2009 por un tribunal de la Corte Suprema por el asesinato a balazos en noviembre de 1991 de quince personas, entre ellas un niño de ocho años, en una modesta vivienda de Barrios Altos en Lima, y por el secuestro, asesinato y desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992. Estos crímenes fueron cometidos por un destacamento clandestino del ejército que operaba como un escuadrón de la muerte, llamado grupo Colina, formado por el régimen fujimorista que operó bajo órdenes y protección de Fujimori. Son dos casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, pero no los únicos asesinatos del grupo Colina. También fue condenado por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Además de esta condena, recibió otras sentencias por corrupción, pago de sobornos a medios de comunicación y espionaje.
Fujimori llegó al poder en 1990 después de derrotar sorpresivamente en las elecciones al escritor Mario Vargas Llosa, candidato de una coalición de derecha. Hasta entonces era un desconocido, bautizado y popularizado como “el chino” en la campaña, y ganó con un discurso contra el neoliberalismo que defendía Vargas Llosa. Una vez en la presidencia, Fujimori incumplió todas sus promesas y puso en marcha una política neoliberal.
En abril de 1992 dio un golpe para capturar todo el poder. Cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial y la Fiscalía, censuró los medios de comunicación y sobornó a sus propietarios para tener su respaldo, reprimió sindicatos y organizaciones sociales. Inició un gobierno autoritario de la mano con los militares. Endureció su política económica neoliberal con masivas privatizaciones denunciadas de corrupción, beneficios a grandes empresas y eliminación de derechos laborales. Combinó esa política con un extendido clientelismo que le dio respaldo en sectores populares.
Con el control total del poder y los grandes medios llamó a elecciones para un nuevo Congreso en el que tuvo mayoría absoluta. Cambió la Constitución para imponer una Carta Magna neoliberal y posibilitar su reelección. Fue reelegido en 1995 y en 2000 luego de elecciones fraudulentas que gatillaron masivas protestas. En noviembre de 2000, Fujimori huyó del país cuando su régimen se desmoronaba en medio de escándalos de fraude electoral, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Se fugó a Japón, país de sus padres, lo que le permitió asumir esa nacionalidad para eludir la Justicia. En noviembre de 2005 viajó sorpresivamente a Chile, donde fue detenido y luego extraditado al Perú en septiembre de 2007 para ser juzgado.
Fujimori está ahora libre, pero esto es cuestionado por la justicia internacional y ahora enfrenta un pedido fiscal de prisión preventiva por un nuevo juicio, en este caso por la desaparición de seis campesinos. La impunidad ha ganado esta vez y el fujimorismo y la derecha celebran. Pero es un triunfo que puede no ser definitivo.
