La relación entre el gobierno saliente y la Corte Suprema estuvo marcada por un largo enfrentamiento que terminó hace días con el dictamen que impulsó el juicio político contra los cuatro jueces del máximo tribunal. Los supremos quisieron quedarse con la última palabra y respondieron con un nuevo fallo adverso: dijeron que la silla que estaba en disputa en el Consejo de la Magistratura –el órgano encargado de la selección y remoción de los jueces y de las juezas– le corresponde al senador del PRO Luis Juez y no a Martín Doñate, como se reclamaba desde la bancada kirchnerista.

Tres días después del balotaje que ganó Javier Milei, Ricardo Lorenzetti pidió el desplazamiento de Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Robles había estado en el centro de la escena después de que se filtraron chats que habría intercambiado con Marcelo D’Alessandro cuando todavía estaba a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En la nota, Lorenzetti le recriminaba a Rosatti que –para proteger a su vocero– había decidido no tratar algunos casos. Entre ellos, la silla en disputa entre el PRO y Unidad Ciudadana.

El fallo finalmente llegó. Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz dijeron que el sillón en cuestión debe quedar en poder de Juez. Los tres supremos emplazaron a la presidencia del Senado a enviar el título designando a Juez y a Humberto Schiavoni como su suplente en un plazo de cinco días. El trámite deberá ser completado por Victoria Villarruel, que ya estará a cargo de la Cámara alta.

Fue la propia Corte la que disparó la discusión sobre la conformación del Consejo de la Magistratura. El 16 de diciembre de 2021 –después de las elecciones de medio término–, los supremos declararon la inconstitucionalidad del sistema de integración del organismo. Fue en el marco de un planteo que estaba en el tribunal desde 2015 y que se había demorado durante el gobierno de Mauricio Macri porque los interlocutores de esa administración prometían públicamente que iba a tratarse una ley para modificar la estructura del Consejo.

El fallo –conocido como “Colegio de Abogados”– obligó a que el Consejo de la Magistratura adecuara su integración a la que existía antes de la reforma de 2006, que había sido impulsada por Cristina Fernández de Kirchner como senadora. Así, el número de integrantes trepó a 20 e incluyó el desembarco de Rosatti en su doble rol de presidente de la Corte y del Consejo.

Los distintos estamentos debieron adecuar su integración. El Senado tiene cuatro sillas en el Consejo de la Magistratura. Dos van para el bloque mayoritario; uno para la primera minoría y otro para la segunda minoría.

Por la mayoría, la Cámara alta designó a Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara. La discusión se abrió cuando el oficialismo informó que se había dividido en dos bloques: el del Frente de Todos –que era la mayoría– y el de Unidad Ciudadana, que tenía más senadores que el del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). En esa línea, el designado fue Martín Doñate, pero Juez siempre reclamó la silla para sí. Por la UCR fue elegido Eduardo Vischi.

Juez presentó un amparo. Doñate no tuvo intervención en el trámite en el fuero contencioso administrativo. En noviembre pasado, la Corte finalmente consideró que era nulo el decreto a través del cual se había designado a Doñate para ocupar una banca en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué decían que era nulo? Porque al momento de notificar el fallo sobre la nueva composición del Consejo, el PRO era la segunda minoría. Los supremos entonces fueron especialmente duros con el FdT. Dijeron que la partición del bloque no había obedecido a fines genuinos y que era una artimaña para ocupar un lugar que no le correspondía.

Pero allí no terminó la cruzada de la Corte. En febrero de este año, sus miembros se negaron a tomarle juramento a Doñate para que asumiera en el Consejo en el período 2022-2026.

El único de los supremos que no fue parte de esta jugada fue Lorenzetti, que fue crítico de sus colegas por haber “resucitado” una ley que permitía agrandar el Consejo y, en simultáneo, entronizar a Rosatti como presidente de los dos cuerpos.

Desde el FdT denunciaron que el desembarco de Rosatti en el Consejo significó una paralización durante largos meses, particularmente lo responsabilizaron por la imposibilidad de avanzar con la designación de quienes pudieran reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña, adonde habían sido trasladados sin mediar concurso por Macri.

El gobierno de Milei deberá completar tres vacantes en la Cámara de Casación, más de media docena en los tribunales orales de Comodoro Py y tres de los jueces de primera instancia solo en el edificio de Retiro. Según estimaciones de la Corte, casi un tercio de los tribunales del país está vacante.