La Corte Suprema dejó firme –después de largos años de espera– la sentencia contra el represor Alejandro Duret, condenado a quince años de prisión por la desaparición de Carlos “Chiche” Labolita, el amigo de Néstor y Cristina Kirchner con el que convivieron hasta el 24 de marzo de 1976. “Después de tanta lucha, llegamos a lo que tenía que ser”, le dijo a Página/12 Gladis D’Alessandro, compañera de Labolita que hace 47 años busca saber qué pasó con él.

“Chiche” y Gladis eran de Las Flores, provincia de Buenos Aires, pero se habían mudado a La Plata para estudiar y trabajar. Ella militaba en la Juventud Peronista y él en Montoneros. Para septiembre de 1975, "Chiche" había decidido abandonar la organización con críticas hacia la lucha armada. El problema era que eso implicaría también dejar la casa en la que vivían.

Estaban en la búsqueda de un lugar al que mudarse cuando sonó el timbre. Gladis estaba sola y se sobresaltó. Cuando se acercó a la puerta, vio a una chica arreglada que se presentó diciendo: “Soy Cristina Fernández, la compañera de Lupín. Vengo a decirte que en mi casa hay lugar”. En un papelito, le dejó la dirección.

Cuando “Chiche” volvió, juntaron unas cosas y fueron hacia la casita de City Bell, que pertenecía a la familia de la actual vicepresidenta. A fin de ese año, Cristina y Néstor viajaron a Santa Cruz para pasar las fiestas y fueron detenidos. Eso obligó a que todos tuvieran que dejar la casa por razones de seguridad.

Cuando regresaron del sur, se instalaron en la misma pensión en la que están viviendo “Chiche” y Gladis. Allí escucharon juntos el comunicado de la Junta Militar que había derrocado a María Estela Martínez de Perón, y decidieron volver a dividirse. El padre de “Chiche” –un docente con militancia gremial– fue detenido en Las Flores. “Chiche” quiso volver a su ciudad. Allí fue detenido el 25 de abril de 1976.

Inicialmente, “Chiche” quedó alojado en la comisaría de Las Flores. A los dos días lo trasladaron junto con otros detenidos. Al resto lo dejaron en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Bonaerense. A “Chiche” lo entregaron en la Oficina de Inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul. Fue el propio Duret quien lo recibió.

En la madrugada del 1 de mayo, “Chiche” fue llevado descalzo hasta la casa de la familia. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, atinó a decirle a su compañera. Después, a Gladis la subieron a un auto, pero finalmente la liberaron. Nunca pudo saber qué le hicieron a su compañero.

El juicio por lo sucedido con “Chiche” Labolita se celebró en 2009. Fue el primer proceso por crímenes de lesa humanidad que tuvo lugar en los tribunales de Mar del Plata tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Las audiencias terminaron con una condena a prisión perpetua para Pedro Pablo Mansilla –jefe del Área 125-- y con una absolución para Duret.

En 2011, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución de Duret y lo condenó a quince años de prisión. Duret se fugó un día antes de que los camaristas firmaran el fallo. Se fue a Chile, de donde fue expulsado al poco tiempo.

Doce años después de que la Casación dictara su condena, la Corte confirmó la sentencia. Lo hizo sin adentrarse a examinar el caso y con un rechazo de pocos párrafos de un recurso que había presentado su defensa. El fallo salió con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El cuarto supremo, Carlos Rosenkrantz, no firmó.

Duret afronta actualmente otro juicio por la represión en la subzona militar 12. Durante la declaración indagatoria que brindó el mes pasado, el exoficial de inteligencia pretendió presentarse como un perseguido político y expresó su solidaridad con todos aquellos que combaten al terrorismo.

Los organismos de derechos humanos cuestionaron las demoras que registra la Corte Suprema a la hora de resolver planteos en casos de lesa humanidad. Eso derivó en un cuestionamiento de relatores de Naciones Unidas. En su única reunión formal con los integrantes del máximo tribunal, el ministro de Justicia, Martín Soria, les recriminó a los cortesanos que la Argentina podría afrontar reclamos internacionales por estas dilaciones. Sin embargo, los supremos no han puesto estos casos como una de sus prioridades.