El violento traslado de Milagro Sala al penal de Alto Sufridero en un auto sin chapas es la prueba definitiva del odio que el contador Gerardo Morales y sus ejecutores judiciales sienten por la fundadora de la organización barrial Túpac Amaru. Tropas de combate con pasamontañas y armas largas la sacaron de su cama sin previo aviso con las primeras luces de ayer, la golpearon a ella y a su esposo Raúl Noro, de 74 años y se la llevaron a empujones hacia ese penal muy próximo al barrio que la Túpac Amaru construyó a 7 kilómetros de la capital provincial. Noro dijo que la esposaron descalza y en piyama. La revisión médica al ingresar al penal constató los moretones en sus brazos. El último punto de la resolución decide “diferir la notificación a los letrados defensores a los fines de evitar que la imputada tome conocimiento anticipado de lo dispuesto, de modo que no se perjudique el normal desarrollo y/o eficacia del procedimiento”. El derecho de defensa y todas las normas codificadas en la Constitución y los códigos son obstáculos a la voluntad del sátrapa, cuyos visires remueven.

Consultado para esta nota el coordinador de la Túpac Amaru y del Frente Milagro Sala por el Trabajo y la Dignidad, Coco Garfagnini, consideró que se trata de una provocación a una semana de las elecciones y exhortó a no entrar en ese juego con respuestas espontáneas a la indignación que esto suscita. 

Poco después de la detención, cuando Jaime Duran Barba le preguntó por la causa de tal obstinación, el presidente  Maurizio Macrì le respondió que según Morales el 80 por ciento de los jujeños querían verla detenida. El consultor le respondió:

–Tú eres hombre, blanco, rico, rubio y de ojos celestes. Ella es mujer, indígena, pobre y organizadora social. No tienes forma de ganar enfrentándola. 

Morales no tardó 24 horas como gobernador antes de poner en ejecución un meditado plan para destruir a la organización y a su creadora. Su aliado en la UCR, Ernesto Sanz, explicó que si no la detenía dejaba de ser gobernador, admitió que fue privada de su libertad por una protesta pero que luego se le presentaron cargos por la mitad del Código Penal para justificar la decisión. El plan debía ejecutarse en la primera quincena de diciembre de 2015, pero se demoró un mes porque uno de los tres ómnibus con gendarmes que Morales había pedido para llevarlo a cabo, se precipitó al vacío y murieron 43 jóvenes oficiales y suboficiales.

Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que Milagro no podía estar un día más en el penal porque corría peligro su vida, fue trasladada a una vivienda en las afueras de la ciudad, que no era su domicilio, y se instaló en la puerta un destacamento de Gendarmería. Esto viola la ley de ejecución penal que prohíbe la custodia por fuerzas de seguridad, a raíz de lo cual el juez fue denunciado por prevaricato y la ministra Bullrich por abuso de autoridad. Ni uno del centenar y medio de detenidos en prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad son controlados por fuerzas de seguridad. Además se rodeó con alambre de púa la edificación como un remedo absurdo de Guantánamo, se colocaron cámaras de seguridad y se fijó un régimen de visitas abusivo. Al hacerlo, Pullen Llermanos dijo que no coincidía con la CIDH en que corriera riesgo su vida en Alto Sufridero y que no se trataba de una prisión domiciliaria sino del traslado a otro lugar de detención. Además, le impuso la humillante obligación de asomarse tres veces por día al balcón para saludar a sus carceleros.

–Gendarmes, buenos días. ¿Dónde está Santiago Maldonado? –fue el saludo que ella les dirigió como prueba de que no habían quebrado su dignidad. Esto enfureció a Morales, quien ordenó devolverla a la cárcel. Así lo decidió la Cámara de Apelaciones y Control con fundamentos que exhiben su grosero desconocimiento del derecho y las obligaciones internacionales. Mientras se tramitaba la apelación, que suspende la medida, Pullen Llermanos inventó otra causa disparatada. Ahora sí reconoce la medida cautelar dictada por la CIDH y transcribe los peritajes psiquiátricos ordenados por la Corte Suprema de Justicia, que hablan de un trastorno depresivo mayor, ideación suicida, riesgo para su vida y necesidad de acompañamiento las 24 horas por miembros de su familia. Pero en una retorsión perversa del sentido los utiliza para fundamentar el incumplimiento: dice que ella se negó a ser trasladada al hospital público, pero omite consignar que tal como lo autoriza la ley había solicitado ser atendida por sus propios médicos en una clínica privada. Pullen en cambio le envió medio centenar de policías y sin previo aviso ni a ella ni a sus abogados intentó llevarla al hospital. Como no accedió, a la mañana siguiente repitió el operativo pero en dirección al lugar de su desesperación, donde el Servicio Penitenciario cumple en forma sistemática su parte en el hostigamiento y el menoscabo. Para colmo, dispone que la mantengan en aislamiento, sin contacto con las demás internas. Sin asomo de ironía el juez dice que así vela por su vida, que según la CIDH está en riesgo en la cárcel a la que fue devuelta. Si tenía imperio y fuerza para llevarla al penal contra su voluntad ¿por qué no podría haberlo hecho al hospital, algo también ilegal pero menos gravoso? Del mismo modo, si tanto le preocupara la salud de Milagro, ¿por qué en vez de un container de gendarmes no instaló uno de atención médica? Son razonamientos extravagantes que demuestran por el absurdo la irracionalidad a la que conduce el odio hacia esta mujer, tanto el de Morales como el del propio Pullen Llermanos.

En un video filmado por el Servicio Penitenciario durante uno de los traslados constantes a los que es sometida para degradarla, como si no fuera una líder social y política sino el Chapo Guzmán, Pullen la trata en forma despectiva y autoritaria. Sola y esposada entre una nube de penitenciarios y judiciales, ella le responde con altivez:

–¿Por qué tiene que darme órdenes así? Yo no soy su hija. 

Pullen Llermanos apenas puede contener la furia. Con un gesto de la mano reitera la orden de que retroceda un paso.

–No sos patrón de estancia vos. Simplemente sos un juez. Seguí inventando causas –replica Milagro. Luego le dice en la cara que también él tiene una causa por la apropiación de un niño, igual que la presidente del Superior Tribunal, Titina Falcone, y que alguna vez deberá rendir cuentas. El traslado de ayer es la represalia por la difusión de ese video. 

La única respuesta de Pullen Llermanos a las denuncias formuladas por el atropello es que no la sacaron descalza ni en piyamas. 

El CELS notificó la novedad a la Comisión Interamericana y al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que también ordenó su libertad. La solución de fondo la tiene la Corte Suprema de Justicia, que desde abril demora un pronunciamiento sobre la prisión preventiva en dos causas: una por sus fueros como parlamentaria del Parlasur, otra porque no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. La Corte es el único tribunal del país que no reconoce plazos para resolver en una causa con personas detenidas. Cuando la CIDH dictó la medida cautelar, un juez de la Corte Suprema me dijo que tenían una resolución preparada disponiendo la libertad de Milagro, pero que ante el pronunciamiento interamericano no la firmarían. Esta cobardía del tribunal supremo permite los atropellos a la legalidad del señorío jujeño de Morales y sus jueces.

Mientras tanto, Macrì haría bien en escuchar el consejo de Duran Barba. Ese resultado es inexorable. Cuanto antes lo haga menor será el dolor que infrinja y el daño que se infiera a sí mismo.

 

La carta manuscrita de Milagro desde el penal.