Modificar el Código Urbanístico (CUR), proteger los inmuebles patrimoniales y los barrios residenciales frente al avance inmobiliario, y ponerle un límite a las privatizaciones y concesiones de los espacios verdes públicos. Esas son las principales expectativas y pedidos de las organizaciones vecinales porteñas en materia urbanística ante el inicio del mandato de Jorge Macri en la jefatura de Gobierno. Las agrupaciones, que crecieron y se unificaron para rechazar las diversas políticas urbanas de Horacio Rodríguez Larreta, adelantaron a este diario que mantendrán sus reclamos y que esperan, como prioridad, la modificación del Código prometida en campaña.

Luego de la aprobación del nuevo Código en 2019, la sigla CUR comenzó a estar en la agenda de la gran mayoría de las organizaciones barriales. El impacto se sintió en particular desde 2021, cuando la apertura de la cuarentena revitalizó la actividad constructiva, y los vecinos y vecinas empezaron a notar como la nueva norma, que reemplazó al viejo Código de Planeamiento Urbano para aumentar capacidades constructivas y alturas de los edificios, habilitaba un avance desenfrenado sobre los barrios de casas bajas. El proceso llevó a un crecimiento de las protestas y a la unificación de las organizaciones en la Interbarrial Buenos Aires, que agrupa hoy a más de 20 barrios que piden la modificación del CUR para volver a limitar las construcciones. 

"Buscamos la revisión consensuada con ciudadanos y organizaciones del CUR que ha ocasionado la perdida de calidad de vida, del cuidado del medio ambiente y de la identidad barrial en toda la Capital, y que está siendo resistido por los ciudadanos damnificados", dice ahora a Página 12 Ana Bas, de la agrupación Basta de Demoler (BdD). Adriana, de Colegiales Participa y Decide, recuerda en tanto que su barrio, como otros más de diez, presentó un proyecto de revisión del CUR este año. "Considerando que a partir del 10 de diciembre la Legislatura va a tener una nueva conformación, apelamos a la sensibilidad de los legisladores para que voten los proyectos presentados", sostiene. 

Así lo ordenó el propio Macri en su discurso ante los y las legisladores, en el que les pidió que trabajen en la revisión del CUR que, sostuvo, "cambió de forma notable la identidad y el perfil de muchos barrios". "Todos los espacios políticos estuvimos de acuerdo en esto a lo largo de la campaña, y espero que eso sea tratado en la primera sesión ordinaria del año próximo”, añadió. Las palabras causaron un sabor agridulce en las organizaciones. Pese a lo positivo de la confirmación, esperaban que el proyecto se tratara este año. 

Desde Villa del Parque, uno de los barrios que sufre las consecuencias del CUR, y que también presentó su proyecto de modificación, Sandra cuenta que "veníamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Urbano con la promesa de que el proyecto iba a ingresar en diciembre". La integrante de Conciencia Urbana Comuna 11 advierte que durante los meses que vienen "se seguirá construyendo de acuerdo al CUR". Desde la Interbarrial ya pidieron que se suspendan los permisos para obras de más de nueve metros hasta que se concreten las modificaciones. 

La ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, sostuvo por su parte que en el discurso de Macri no quedó claro "si la modificación que está pensando es una reforma parcial y de emergencia para atender a los barrios más afectados o la evaluación integral participativa que se debe hacer cada cuatro años". En la última reunión del Foro Permanente Participativo del CUR, funcionarios del GCBA presentaron un primer boceto de proyecto en el que se indicaba que se retocaría la normativa para 15 barrios. 

Demoliciones

El avance inmobiliario habilitado por el CUR está intrínsecamente relacionado con el problema de las demoliciones: en una ciudad donde los lotes libres escasean, para construir hay que demoler. La casi nula protección con la que cuentan los inmuebles históricos hace que, además, sean la presa más fácil para las empresas desarrolladoras. En este sentido, Bas plantea como una de las principales expectativas que se complete "el catalogo de bienes inmuebles a proteger construidos antes de 1941, implementar la protección adecuada, como mandan los fallos del amparo que iniciamos en 2011, y reglamentar las normas de compensación a los propietarios de bienes protegidos". 

En efecto, en abril de este año, el juez de primera instancia Aurelio Luis Ammirato, titular del Juzgado N°10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, ordenó al GCBA que complete el catálogo de edificios construidos antes del 31 de diciembre de 1941 para evaluar su protección patrimonial, un listado que nunca se completó pese a estar previsto por la Ley 3056 de 2009 a través del procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial. 

Desde 2009 sólo se realizó un relevamiento de 141 mil edificios previos a 1942. De ellos, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales seleccionó 18.195 inmuebles, pero los proyectos de ley para fijar su protección no fueron tratados en la Legislatura, según denuncia BdD. La expectativa en este sentido es simple: que el GCBA cumpla con la catalogación de los inmuebles. Para la integrante de BdD, esto es clave para que "se reconozca el fundamental valor material e inmaterial de la conservación de nuestro patrimonio".

Espacios verdes

Costa Salguero, Costa Urbana, Distrito Joven, Parque Sarmiento, Parque de la Innovación y los playones ferroviarios. Entre otros, esos casos son paradigmáticos de los usos que la gestión de Larreta otorgó a los espacios que eran, que son o que podrían ser públicos. La expectativa de las organizaciones es que ahora se limite la inclinación hacia lo privado marcada por ventas o concesiones. "Ante este nuevo escenario político seguiremos luchando por la defensa de los espacios verdes públicos, el bien común, el ambiente, la identidad barrial y una mejor calidad de vida bajo los principios de la democracia participativa", sostiene Adriana, de Colegiales Participa y Decide.

En ese barrio tienen el caso del playón ferroviario, del que se vendieron terrenos para edificios, algunos ya casi finalizados, otros por construir. Sólo a cambio de eso se construyó un parque en el resto de los lotes, un paradigma que se repite en la venta de terrenos del ex Tiro Federal para el Parque de la Innovación, o en los casos de Costa Urbana y Costa Salguero, que Macri recibirá judicializado. También judicializados están los cuatro lotes del playón de Colegiales que todavía no fueron vendidos y por el que las organizaciones ya presentaron un proyecto que "solicita la rezonificación de los cuatro lotes para anexarlos", según indica Adriana.

Las concesiones, en tanto, abundan en casos como el Parque Sarmiento, con doce hectáreas en manos privadas, o en la zona de Costanera Norte que abarca al Distrito Joven. La creación de los "distritos" durante la gestión de Larreta también es un punto cuestionado por las organizaciones como uno de los aspectos a resolver. Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, señala que se trata de "paraísos fiscales" en los que "las empresas que residen tienen beneficios". Actualmente la Ciudad tiene cinco "distritos" donde, según Baldiviezo, "financia desde un 50 a un 70 por ciento las inversiones que realicen los privados para instalar sus empresas".