El Tribunal Electoral de Guatemala afirmó este viernes que los resultados de las elecciones en que resultó elegido presidente Bernardo Arévalo "están oficializados y son inalterables", luego de que la fiscalía asegurara el mismo día que deberían ser anuladas por supuestas irregulares en la primera vuelta.
"Los resultados están validados, están oficializados y son inalterables (...)", los funcionarios electos "deben tomar posesión" en enero próximo, "de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional", afirmo en rueda de prensa la presidente del Tribunal, Blanca Alfaro.
La magistrada aseguró que "las credenciales" de los candidatos elegidos fueron emitidas y la fiscalía "no tendrían ninguna facultad" para hacer que el TSE anule unas elecciones, "salvo una sentencia que venga de la Corte de Constitucionalidad (CC, el máximo ente judicial)".
Hay un presidente electo
"Nuestro presidente es don Bernaro Arévalo y nuestra vicepresidenta, Karin Herrera", y ya recibieron sus credenciales como funcionarios elegidos, al igual 340 alcaldes, 160 diputados al legislativo y 20 al Parlamento Centroamericano", afirmó.
Más temprano, en conferencia de prensa, la fiscal Eugenia Leonor Morales había afirmado que hubo anomalías en "las actas finales de cierre de escrutinio" por lo que "son nulas de pleno derecho" para las elecciones disputadas en primera vuelta en junio y en segunda ronda en agosto.
Alfaro subrayó que en este momento "no hay manera de que el Tribunal Supremo Electoral pueda repetir una elección". "Es una investigación, le reconocemos al Ministerio Público (fiscalía) esa facultad, pero una investigación no puede darse en un mes, tiene que durar muchos años", cuestionó.
Las acusaciones de este viernes son un nuevo intento del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, por evitar que Arévalo, socialdemócrata que promete lucha frontal contra la corrupción, asuma el poder el 14 de enero, según sus partidarios.
En reiteradas ocasiones, Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) han alzado la voz para criticar las maniobras de la Fiscalía contra Arévalo.
