El gobierno que hoy asume viene anticipando que, por lo menos en una primera etapa de su gestión, los argentinos y las argentinas la vamos a pasar mal.

El presidente electo Javier Milei, por ejemplo, afirmó que los primeros seis meses “serán muy duros” por el ajuste que impulsará, en línea con lo que adelantó en su campaña electoral. En paralelo, el expresidente Mauricio Macri habló de ajuste “bestial”. La futura canciller, Diana Mondino, en la 29ª Conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), les dijo a los empresarios reunidos: “Si llegaron hasta acá, aguanten seis meses más, muchachos, que éste va a ser el mejor país del mundo”.

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, no se quedó atrás: “todos sabemos que en Argentina hay que hacer cambios y esto es como ir al dentista: te va a doler, pero bueno, son pasos necesarios”.

Por detrás de todas estas intervenciones hay un guión común: “es necesario atravesar un primer tiempo de dolor o de malestar para luego acceder a una segunda época de bienestar”. Se parece a una de las frases más célebres de Carlos Menem: “estamos mal, pero vamos bien”.

El presente de penurias que proponen contiene una combinación de fuerte ajuste, apertura total de la economía, profunda desregulación y cambios de fondo en la legislación laboral y previsional. En ese contexto de liberalización comercial, los productos importados compiten con la producción nacional y, por lo tanto, con el empleo local afectando los puestos de trabajo. Ese conjunto de iniciativas puede actuar en el tiempo como un ancla antiinflacionaria, pero con un costo altísimo: enfriamiento de la economía, caída de los salarios reales, cierre de PyMEs y debilitamiento de todo un conjunto de políticas asociadas al desarrollo nacional, entre otros graves problemas. Se actúa sobre la enfermedad pero la consecuencia es el empeoramiento del enfermo.

Ya se ha dicho: en la perspectiva del nuevo gobierno, atravesar el dolor es indispensable para luego alcanzar una mejoría. El sufrimiento sería un indicador de que se va en la dirección correcta. Desde esa visión, la liberación de los “precios reprimidos”, la eliminación de los subsidios a las tarifas o una significativa devaluación del dólar oficial producirán un aceleramiento de la inflación. En simultáneo, el ajuste fiscal del orden del 5% del PBI que aplicarán generará una significativa caída de la actividad económica. Como canta Goyeneche en "Naranjo en flor": “Primero hay que saber sufrir”.

En paralelo, el nuevo gobierno también buscará avanzar en la venta de empresas y activos públicos. Para ello, recurrirá una vez más al discurso de la ineficiencia y el déficit. Sin embargo, y en sentido contrario a ese discurso, en la semana se conoció que Aerolíneas Argentinas cerrará el año con ganancias cercanas a los U$S 32 millones, alcanzando el equilibrio financiero por primera vez desde 2008.

Otro ejemplo es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), valuado en unos U$S 76.000 millones a noviembre, cuyo objetivo es atenuar el impacto financiero que pudiera ejercer la evolución negativa de las variables económicas y sociales sobre el régimen previsional público. Entre diciembre de 2019 y junio de 2023, el valor en dólares de ese fondo se incrementó un 117%, lo que contrasta con lo ocurrido durante el período 2015-2019, cuando el FGS se redujo casi a la mitad, de U$S 66.000 millones a U$S 35.000 millones.

Durante la semana, Julie Kozack, directora de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, señaló en conferencia de prensa que “se necesita un plan de estabilización fuerte, creíble y respaldado políticamente para abordar de manera duradera los desequilibrios macroeconómicos de Argentina y sus desafíos estructurales, al tiempo que, por supuesto, se protege a los más vulnerables de la sociedad”. En la campaña electoral, Milei había asegurado que la cuestión del FMI no iba a "ser un problema” porque su propuesta era llevar adelante un ajuste fiscal mayor al exigido por el organismo de crédito.

En este escenario, se escuchan voces que señalan que todo el Parlamento debe acompañar el programa del nuevo gobierno, ya que es la expresión del reciente voto popular. Pero el resultado electoral no cancela las diferencias: hay dos modelos de país y diversas expresiones políticas de esos dos modelos.

Además, nuestra Constitución consagra la división de poderes, y establece una frecuencia diferente en la renovación de esos poderes. El Ejecutivo se renueva cada cuatro años, mientras que la Cámara de Diputados se renueva por mitades, y el Senado por tercios. Esa decisión constitucional tiende al equilibrio de poderes y establece que cada elección no le da el poder absoluto a quien la gana. En la convivencia de estas diversas frecuencias, si quien ejerce el Ejecutivo gana una elección de medio término, normalmente pasa a tener mayoría parlamentaria, y facilita así su gestión del gobierno. De lo contrario, necesariamente tendrá que gobernar con acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. En la misma línea, hay que recordar que los senadores y diputados que acaban de asumir fueron electos en la primera vuelta electoral, donde Unión por la Patria fue el espacio político más votado.

En síntesis: en este período que se inicia hay una mayoría que votó al nuevo gobierno y otra parte significativa del electorado que apoyó la fórmula de Unión por la Patria. Pero en el Parlamento, si a los legisladores que acaban de jurar se suman los representantes que fueron elegidos en 2021, hay una fuerte presencia parlamentaria de quienes tenemos el mandato de contribuir a construir una sociedad más justa y con más derechos en oposición a quienes quieren lo contrario.

El nuevo gobierno tratará de aprovechar la legitimidad inicial que le da una mayoría de la población para implementar sus políticas. Sin embargo, en el Congreso, las fuerzas parlamentarias que representamos a otra parte importante de la población no convalidaremos políticas que vayan en contra de la ciudadanía bajo la incierta promesa de un “futuro mejor”.

Nada bueno puede construirse desde la destrucción de los derechos y el empobrecimiento de la población.

Seguimos creyendo en la justicia social y en que allí donde hay una necesidad hay un derecho.

* Diputado nacional Unión por la Patria y presidente Partido Solidario.