Organismos de derechos humanos de Salta se plantaron esta mañana frente al edificio de la Legislatura provincial para sentar su posición ante los avisos de quita de derechos por parte de la ultraderecha que asumió en el Ejecutivo Nacional. Aunque también le hicieron reclamos al gobierno provincial, y a la Legislatura de Salta, que no trató el proyecto de ley de memoria impulsada por estos organismos.
"Decimos 'Ni un paso atrás' en la conquista de nuestros derechos, no podemos retroceder, perder derechos ya adquiridos por la lucha del pueblo y los trabajadores y trabajadoras", afirmaron las Asociaciones de DDHH Lucrecia Barquet, Coca Gallardo, Doctor Miguel Ragone, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales e HIJOS, en un texto difundido mientras se manifestaban en el momento de la asunción del gobernador Gustavo Sáenz.
El texto detalla esos derechos que ahora ven amenazados: "Exigimos a las autoridades nacionales entrantes salud integral física y mental para todos y todas; educación pública gratuita y laica, la vigencia de los convenios colectivos de trabajo, seguridad alimentaria, matrimonio igualitario, accesibilidad a la vivienda y políticas públicas para combatir y reparen la violencia institucional y la violencia de género".
Mientras adentro se realizaba el acto protocolar de toma de juramento del gobernador y el vicegobernador Antonio Marocco, y después se escuchaba el mensaje del primer mandatario salteño, afuera referentes históricas de organismos de derechos humanos se mezclaban con trabajadores que se acercaron con demandas de reivindicación laboral, entre ellos, docentes autoconvocados y empleados de salud. Se dio el caso de que esas manifestaciones se hicieron detrás del tendedero con las figuras de víctimas del terrorismo de estado, que simbólicamente quedaron en primera fila acompañando esos reclamos.
En ese contexto, Elena Rivero, de la Asocación Coca Gallardo, habló por los altavoces: “Las organizaciones de DDHH seguimos en la lucha, como hemos estado en estos 40 años de democracia. Seguimos en la lucha con nuestras banderas de memoria, verdad y justicia. Fueron 30 mil, fue genocidio, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, afirmó.
“Ni un paso atrás con los derechos conquistados por el pueblo argentino”, sumó Nenina Lezcano, otra histórica, en este caso de Familiares. Recordó que el proyecto de ley de memoria que estos organismos impulsan en la provincia, apunta precisamente a que "los diputados, los senadores, los funcionarios, el gobernador, sepa qué es la memoria y qué significó el terrorismo de estado para que hoy podamos hablar de justicia social”.
Hoy están aquí frente a la Legislatura, recordó, como en 1983, cuando asumía el primer gobernador de esta etapa democrática, Roberto Romero. Aquella vez “vinimos los familiares de desaparecidos con nuestras fotos y nuestros reclamos para decir a dónde están los desaparecidos. Y hoy decimos que hagamos memoria ya".
Nenina cuestionó que las y los legisladores de Salta no hayan aprobado la ley de memoria, y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Laura Cartuccia, que "habla de la teoría de los dos demonios". También cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, "que quiere liberar a los genocidas detenidos” que fueron juzgados en juicios con todas las garantías constitucionales. “Una vicepresidenta que no es solamente negacionista, es promotora de los militares responsables" de la represión ilegal, aseguró. También reivindicó la continuidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, puesta en duda por las nuevas autoridades, y la existencia de un archivo de la memoria.
Dijo que la memoria es necesaria para que "los que no supieron qué significó tener familiares desaparecidos, tener terrorismo de estado, que sepan hoy, en la democracia".
Al gobernador le pidió que no nombre "no nombre a gente del proceso militar" en el gobierno provincial" cuestionando que asuma "una ministra de Educación que precisamente es del Partido Renovador de(l ex gobernador de facto y gobernador constitucional Augusto) Ulloa", en referencia a la ex legisladora Cristina Fiore, que asumió en la cartera educativa.
La memoria es necesaria, afirmó, "para que esos errores no se cometan nuevamente",a porque "fue mucha la lucha de las Abuelas para recuperar nietos, fue mucha la memoria y las luchas de las Madres para saber a dónde estaban sus hijos e hijas. Yo tengo un padre y una hermana desaparecida, y miles de primos y primas en distintos lugares del país, y vengo a decir que la memoria significa que las nuevas generaciones no voten a tipos que defienden al terrorismo de estado”.
Los organismos de DDHH también sentaron posición sobre la investigación de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. "No vamos a permitir que prosperen los pedidos que los genocidas, amparados detrás de asociaciones negaciocistas y pro gobiernos autoritarios, pretenden del nuevo gobierno que asume hoy, sanción de leyes negacionistas y beneficios de condonaciones y conmutaciones de penas que no le corresponden a quienes asesinaron, torturaron, violaron y desaparecieron a 30 mil argentinos y argentinas".
"Aquí hubo genocidio y eso ya no se discute", así lo atestiguan "los 800 Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio en todo el territorio nacional, los 133 nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo que recuperaron su identidad tras haber sido apropiados durante el cautiverio de sus padres por quienes los asesinaron y los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos", ratificaron.
En Salta, a pesar de que las y los legisladores no sancionaron una ley de memoria, "hemos identificado y señalizado centros clandestinos de detención tortura y exterminio", señalaron: el lugar donde se cometió la Masacre de Palomitas; el abra de El Gallinatoa, donde dinamitaron cuerpos; la Central de Policía de la provicnia; la delegación de la Policía Federal, el Regimiento de Infantería de Monte 28 en Tartagal, el puesto N° 20 de la Gendarmería Nacional en Orán; el Cementerio de la Santa Cruz, y "aún faltan muchos más".
Asimismo, la Justicia Federal de Salta concluyó 16 juicios por crímenes de lesa humanidad, "con culpables por crímenes contra la humanidad, que están hoy cumpliendo su condena".
"La mejor prevención contra el genocidio y terrorismo de estado es el cumplimiento de las leyes reparatorias que compensen el daño causado a todo el pueblo argentino. Los juicios de Lesa Humanidad y las políticas públicas de Memoria Verdad y Justicia son unas de las formas de reparación. Son las conquistas y logros de las organizaciones de derechos humanos acompañadas por la inmensa mayoría del pueblo argentino", afirmaron los organismos de DDHH de Salta.
"Los organismos de DDHH esperamos que el nuevo gobierno nacional siga sosteniendo el compromiso de memoria verdad y justicia que la sociedad argentina acordó como forma de reparación de la ruptura del tejido social después de sobrevivir el terrorismo de estado de 1976", añadió Elia Fernández, de HIJOS.
El texto difundido, en el que se reseña la normativa nacional e internacional que garantizan los derechos humanos, cierra en la misma línea: "Ya dijimos Nunca Más y lo reafirmamos cada 10 de diciembre día Internacional de los Derechos Humanos. No vamos a retroceder, no daremos Ni Un Paso Atrás". Y con la invitación a "la comunidad argentina a unirse para defender todos los derechos conseguidos en estos 40 años de democracia".
