Cuatro expresidentes y trece políticos y exministros del Grupo de Puebla pidieron este domingo en una carta que la Organización de los Estados Americanos (OEA) intervenga "ante las graves afectaciones del orden democrático" en Guatemala, donde la Fiscalía intenta anular los resultados de las elecciones ganadas por Bernardo Arévalo. En un sentido similar el embajador de la Unión Europea (UE) en Guatemala, Thomas Peyker, indicó que esa comunidad está preparando una serie de sanciones en contra de las personas que estén vinculadas al "intento de golpe de Estado".
"Violación al sistema democrático"
El Grupo de Puebla pedirá formalmente "la aplicación de la cláusula democrática contenida en la Carta Democrática del 2001 en su capítulo IV que prevé la intervención del organismo cuando se presenten graves afectaciones del orden democrático". En la carta, firmada por el ya expresidente argentino Alberto Fernández, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el colombiano Ernesto Samper y el ecuatoriano Rafael Correa, entre otros representantes, consideran que los hechos de Guatemala "socavan la transición democrática al presidente electo" y son una "violación al sistema democrático".
Por ese motivo los firmantes alegan que en Guatemala "sería procedente aplicar la carta democrática (de la OEA) puesto que se cumplen los presupuestos del derrocamiento de un gobierno democráticamente constituido". Las actuaciones de la Fiscalía y del gobierno saliente, consideran, se tradujeron "en el no reconocimiento del resultado de las elecciones generales, la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla y la incautación de las actas de las elecciones presidenciales".
A ese escenario se suma ahora el "persistente interés del gobierno de Guatemala y la Fiscalía de desconocer e intentar anular los resultados de las últimas elecciones en las cuales fue elegido, y reconocido por el Tribunal Electoral, Bernardo Arévalo como presidente constitucional". En ese sentido Thomas Peyker, embajador de la UE en Guatemala, indicó que su organización está "preparando sanciones en el marco de medidas restrictivas dirigidas contra los responsables del intento de golpe de Estado en Guatemala".
Los dichos de Peyker coinciden con los comentarios previos del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien planteó que las últimas acciones del Ministerio Público de Guatemala "constituyen una violación de la Constitución de Guatemala, el Estado de Derecho, el proceso electoral y los principios más básicos de una democracia, incluido el principio fundamental de la separación de poderes".
La propia OEA condenó "el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala" por la tentativa de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales para anular las elecciones generales del país. Además la OEA solicitó al presidente del país, Alejandro Giammattei, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema y al Congreso que actúen contra los "perpetradores de este atentado" para "defender las instituciones y el orden constitucional".
Nuevo ataque de la Fiscalía
El viernes pasado la Fiscalía de Guatemala, a la que Arévalo acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un golpe de Estado en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios "son nulas de pleno derecho ya que no fueron autorizadas" inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral. La presunta invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morales en una rueda de prensa en la que dijo que deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano.
Como presunta razón para la anulación de las elecciones, Morales dijo que existe una irregularidad administrativa ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral. Sin dar tregua, la Fiscalía acusó a Arévalo de supuestas ilegalidades en la formación de su partido, Semilla, en 2018, además de un presunto caso de lavado de dinero, por lo que insistió en que se le debe retirar su inmunidad de presidente electo.
Según la fiscalía Arévalo conocía las falsificaciones de firmas cuando se creó el partido y presuntamente tampoco registró los ingresos de la fuerza política. Arévalo rechazó esas acusaciones y dijo que todo "está debidamente documentado". En noviembre la Fiscalía presentó una primera solicitud para quitarle la inmunidad a Arévalo y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, a quienes acusó de instigar a estudiantes que ocuparon de mayo de 2022 a junio de 2023 una universidad estatal.
Tensión hasta el cambio de mando
En los últimos 45 días, tres delegaciones de Estados Unidos llegaron al país centroamericano para reunirse con autoridades locales y verificar el proceso de transición electoral. Pese a las advertencias internacionales, la incertidumbre y los ataques de la Fiscalía podrían continuar según distintos expertos.
Una de las garantías de los comicios es que la presidenta del tribunal electoral, Blanca Alfaro, garantizó que los resultados de los comicios están firmados y certificados, aunque también señaló que una sentencia distinta de la Corte de la Constitucionalidad, máximo tribunal del país, podría anular su decisión.
Arévalo rechazó el viernes pasado una nueva arremetida de la Fiscalía que busca invalidar su victoria electoral, lo que calificó de un "golpe al corazón de la democracia" guatemalteca cuando solo falta poco más de un mes para su investidura. "Estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo, y perverso. Los golpistas están dando patadas de ahogado", afirmó el presidente electo de Guatemala en conferencia de prensa.
