¿Cómo llegamos a fin de año?

Por Lucas Spinosa

Durante el proceso de desestructuración del Estado en la década de 1990 se profundizaron las desigualdades sociales, el mercado laboral se volvió más heterogéneo, el número de asalariados disminuyó, los ingresos fueron más desiguales y compuestos por otras formas no salariales. En artículos anteriores, junto a Mara Pedrazzoli, analizamos las transformaciones en el mundo del trabajo y cómo se consolidó una fisonomía múltiple en la que conviven diferentes escalas de integración con el capital global y gran desigualdad en materia de ingresos en distintos sectores de la economía. Además, a medida que el proceso inflacionario se aceleraba, las discusiones paritarias fueron siendo más frecuentes para evitar pérdidas mayores en la clase trabajadora.

Lejos del 60 por ciento propuesto por el gobierno a principio de año, los distintos gremios vienen cerrando el año con acuerdos muy por encima de ese valor, pero sin alcanzar a equipara la inflación que acumula un 120 por ciento a octubre. En algunos casos se compensan con bonos y sumas extraordinarias. El gremio de Bancarios cerró noviembre con un acumulado desde enero del 142 por ciento más sumas no remunerativas, en Comercio firmaron un incremento del 130 por ciento, mientras Estatales acordó un 129 por ciento y un bono de 70.000 pesos para quienes cobren hasta 5,5 salarios mínimos. El sindicato de Camioneros que venía de reabrir paritarias en agosto, luego de las PASO, donde acordó un 61 por ciento en tres tramos hasta enero de 2024, acabó por incorporar un bono de 240.000 pesos para el cierre del año. Como vemos, los salarios siguen corriendo detrás de la inflación. Lo novedoso es que algunos sindicatos pusieron sobre la mesa cláusulas atadas al IPC, como es el caso de los trabajadores del neumático y los metalúrgicos.

En la esfera de lo político, el panorama es también complejo e incierto. El resultado de las elecciones abrió las puertas de la Casa Rosada a un no tan nuevo proyecto ultraneoliberal, pero más novedoso en su formato estético, enfoque discursivo y diálogo con una porción considerable de las clases populares. En ese sentido, llega al gobierno un proyecto político que no escondió su discurso antiderechos y de desprecio del Estado, pero que al mismo tiempo logró un apoyo masivo de la sociedad en general y la clase trabajadora en particular.

Las primeras medidas que fueron declaradas reiteradamente por el presidente electo, de lograr implementarlas, tendrían un fuerte impacto en la calidad de vida de la clase trabajadora, ya golpeada durante los últimos años. Se espera un incremento de las tasas de desempleo producto de la política de privatización de empresas públicas y de una posible dolarización de la economía, que acompañado de un estancamiento con inflación daría lugar a un escenario social de mucho deterioro. Por otro lado, si se promueve una serie de propuestas de reforma en la regulación laboral (entre las que se destacan la eliminación de las indemnizaciones y su reemplazo por un sistema de fondo de desempleo, la reducción de las cargas patronales y componentes impositivos del salario, y la promoción de retiros voluntarios en el sector público) quedará debilitado el modelo sindical argentino y la lucha paritaria. A esto se suma la intensión de limitar los mandatos sindicales, la liberación de las afiliaciones y limitación del derecho a huelga declarando a algunos sectores como esenciales.

Un ejemplo de la sintonía que tienen algunos sectores empresarios con estas medidas es el caso automotriz, donde luego del balotaje la empresa Toyota comenzó a negociar salarios de manera individual directamente desde sus áreas de recursos humanos.

Frente a este panorama, la respuesta de los sindicatos viene siendo cautelosa pero clara a la vez. En un reciente plenario de secretarios generales de la CGT se reafirmó lo establecido en el documento de 15 puntos presentado antes del balotaje a los candidatos, donde se plantea la plena vigencia del derecho del trabajo, la libertad en materia de negociación colectiva y la defensa de la protesta social como derecho. En sintonía, las recientes elecciones de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), logró reunir a los distintos sectores que componen el mundo del trabajo con la presencia del consejo directivo de la CGT, las dos CTA, actuales ministros de trabajo de nación y provincia y referentes de organizaciones sociales. Durante el gobierno de Mauricio Macri esta alianza fue estratégica para atenuar el impacto de las políticas regresivas, y será el turno de un nuevo partido.

Lucas Spinosa es docente e investigador, especialista en estudios del trabajo FSOC-UBA / ICSyA-UNAJ.


Un desempleo bajo pero con indicadores preocupantes

Por Noelia Torres

Según los últimos datos de la EPH-Indec (segundo trimestre 2023) podemos tener un pantallazo de cómo recibe el gobierno de Javier Milei el mundo del trabajo.

La población en condiciones de trabajar, es decir, la PEA asciende a 14 millones de personas. De esa cantidad 13,1 millones se encuentran ocupados y 0,9 millones desocupadas. En términos de tasas, la tasa de desempleo se ubica en un 6,2 por ciento. No se llegaba a estos valores desde el segundo trimestre de 2015 y representa una baja de 0,7 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre de 2022. Es una buena noticia, pero no es el único indicador que hay que observar.

Por otro lado, del total de personas ocupadas, un 74,2 por ciento son asalariadas (13,1 millones) y el 25,8% restante (3,4 millones) son no asalariadas con una alta participación de las personas cuentapropistas. Asimismo, del total de personas ocupadas, se registraron un 57,8 por ciento de ocupados plenos, un 28,4% de sobreocupados y un 7,4 por ciento de subocupados demandantes. Este último guarismo nos da un primer indicador de la precariedad del mundo del trabajo ya que está formado por personas que trabajan menos de 35 horas semanales pero que están dispuestas a trabajar más horas, aunque registró una leve baja respecto del mismo periodo, pero del año anterior (menos 0,3 puntos porcentuales).

También la alta cantidad de sobreocupados es un indicador preocupante ya que muchas personas trabajan más de 45 horas semanales debido a que no llegan a cubrir sus necesidades solamente con un empleo (algo que no es de extrañar con una inflación acumulada para este año de 120 por ciento).

Otro indicador preocupante de cara al futuro son las 3,6 millones de personas (36,8 por ciento de las personas ocupadas) sin descuento jubilatorio ya que, al no estar registradas dentro de un marco legal, son las personas con un costo de despido más económico y no podrán acceder a ningún subsidio por desempleo, en caso de que haya despidos debido al ajuste ya anunciado. Estas personas tampoco tienen acceso a una obra social ni a una cobertura ante un accidente de trabajo. Esto también traerá problemas a futuro ya que son personas a las que se le dificultará jubilarse en tiempo y forma. Si analizamos el empleo no registrado por rama de actividad, los sectores más complicados son Trabajo Doméstico (75,6 por ciento), Construcción (66,9 por ciento), y Hoteles y restaurantes (49,5 por ciento).

Dentro de estas personas ocupadas, un 41 por ciento son varones entre 30 y 64 años, el 80,6 por ciento se desempeña en el ámbito privado y la rama de actividad que más trabajadores posee es la industria manufacturera con 12,1 por ciento.

Por otro lado, si caracterizamos a las personas subocupadas, la mayor parte son mujeres entre 30 y 64 años (25,7 por ciento) y un 33,6 por ciento manifiesta estar en búsqueda de empleo hace más de un año. Lamentablemente, estos valores no sorprenden ya que las mujeres suelen estar en una condición de precariedad mayor a la de los varones por lo que es más fácil despedirlas y a la vez es luego más difícil que las vuelvan a contratar, sobre todo si están en edad reproductiva. Además, del total de desocupados, un 15,5 por ciento menciona que su ocupación anterior fue en el Servicio Doméstico, un sector altamente feminizado.

El desafío en el que se encuentra el nuevo gobierno es mantener el nivel de desempleo en su mínimo histórico, pero atender las necesidades de todas aquellas personas que deben salir a buscar otras alternativas de empleo dados los bajos salarios respecto del resto de los precios de la economía y de aquellas personas que no se encuentran registradas lo cual genera problemas intertemporales para el conjunto de la sociedad.

Noelia Torres es economista FCE-UBA, miembro del colectivo feminista Paridad en la Macro.