Miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) pidieron nuevamente la liberación de detenidos en el marco de las medidas de seguridad en El Salvador para combatir a las pandillas. El llamamiento se hizo en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Unos 100 familiares de detenidos se organizaron para realizar una marcha que recorrió algunas de las principales calles de San Salvador, portaron carteles con nombres y fotografías de los detenidos y nuevamente exigieron su libertad.

Samuel Ramírez, representante de Movir, dijo que la actividad se realizó en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y representa "la última de su tipo en este año". Señaló que "en El Salvador, lamentablemente, no se están cumpliendo (los derechos humanos). Acá, se violentan los derechos humanos y la gente se muere en las cárceles, las capturan y los procesos judiciales no avanzan y al presidente no le importa".

Ramírez apuntó que en las cárceles "hay personas con problemas de salud graves" y "simplemente los están dejando morir". Por lo que pidió que "los liberen y que agilicen los procesos judiciales".

Llamó a los familiares de detenidos a "organizarse" porque "en la calle la denuncia tiene un gran peso, por eso las personas se deben organizar porque esto sí afecta la imagen del presidente". "Puede ser que (el presidente) entienda que ya no es violentando los derechos que se va a ganar al pueblo o una elección", agregó.

El Movir surgió en el marco del régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del Gobierno para combatir a las pandillas y ha acompañado a familiares de los detenidos ante diversas instituciones, donde han defendido su inocencia.

El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que ha dejado al menos 73.800 detenciones.

La advertencia de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI) advirtió recientemente que la "violencia" ejercida por el Estado salvadoreño, en el marco de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y de una "alarmante regresión" en la protección de los derechos humanos, "reemplaza gradualmente" a la ejercida por las pandillas en las comunidades empobrecidas.

En junio de 2022, AI advertía que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sumergía al país en "una crisis de derechos humanos luego de tres años de gobierno".

En el contexto del régimen de excepción, AI indicó que las organizaciones humanitarias han documentado 327 casos de desapariciones forzadas, aproximadamente 102.000 personas privadas de libertad, una situación de hacinamiento carcelario del 236 % y más de 190 muertes bajo custodia estatal.

Se suman más de 5.000 "víctimas directas", la mayoría jóvenes y que habrían sufrido una detención arbitraria por las autoridades de seguridad.