Alberto Julio Baños entró en el Poder Judicial en plena dictadura. En el fuero penal ordinario se ganó fama de duro. “Duro entre los duros”, remarca un juez que lo frecuentó y que recuerda que Baños no escondía sus simpatías por las fuerzas de seguridad a lo largo de su carrera. En septiembre pasado, Baños presentó su renuncia como magistrado. Lo hizo mientras tenía a su cargo la investigación por la desaparición de Arshak Karhanyan y mientras se negaba sistemáticamente a correr de la pesquisa a la Policía de la Ciudad pese a que había estado involucrada en un sinnúmero de irregularidades.

El alejamiento de Baños de la actividad pública no duró mucho. Este lunes, se comunicó con las autoridades salientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) para informarles que él se haría cargo de la dependencia que durante el Frente de Todos (FdT) estuvo en manos de Horacio Pietragalla Corti. Si bien aún no hubo confirmación oficial por parte de La Libertad Avanza (LLA), Página|12 pudo saber que ya pautó una reunión para este martes en las oficinas de la SDH en la exESMA.

Todavía tampoco hay confirmación oficial de que la SDH conservará su rango. Una señal que alertó a militantes y organismos es que el ministerio ya no será de “Justicia y Derechos Humanos”, sino únicamente de “Justicia”. La cartera es conducida por el penalista Mariano Cúneo Libarona, que en las últimas semanas hizo gala de sus buenas migas con jueces y fiscales.

Cúneo Libarona y Baños se conocen de sus años mozos en la justicia ordinaria. En la actualidad, Cúneo lo reclutó como docente de la especialización en Derecho Procesal Penal que dirige en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA). A priori, todas las señales que dio Cúneo es que no loteó el Ministerio de Justicia con los cuadros técnico-políticos del PRO ni le cedió lugar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, de reconocida militancia en organizaciones que justificaron el accionar de las Fuerzas Armadas o de seguridad durante la última dictadura. En las últimas semanas, se había instalado el rumor de que Claudio Avruj podría volver a la SDH, pero en el entorno del exfuncionario macrista dijeron a este diario que nunca estuvo en los planes.

Si bien desde los organismos de derechos humanos esperan conocer cuáles serán los primeros pasos de Baños, su nombre no generó tranquilidad. “Esta designación confirma que no habrá una política de derechos humanos, porque él no tiene trayectoria en la materia y es considerado un juez duro o vinculado a la policía”, sostiene Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Esta perspectiva quedó plasmada en algunas de las causas que estuvieron a su cargo en las que no se reconocieron los derechos de las víctimas, fue muy restrictivo en la intervención de las querellas o se negó a apartar a la Policía de la Ciudad en el caso de Arshak Karhanyan”, agregó.

Dureza judicial

Baños entró en la justicia civil de la Capital Federal en 1977 —en plena dictadura—, pero hizo toda su carrera en el fuero penal. Se había criado en la zona norte del conurbano. Jugador de rugby en el San Isidro Club (SIC), después se reinventó como defensor en los torneos de fútbol entre empleados judiciales. Antiguos contrincantes lo recuerdan por su fiereza a la hora de impedir desbordes por los laterales.

Se graduó en 1987 en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, en 1993 —en pleno menemismo— asumió como juez penal. En esos años, uno de sus mejores amigos era el juez Juan José Galeano, quien estuvo a cargo de la investigación por el atentado contra la AMIA y que terminó condenado por el desvío de la pesquisa. Según el diario La Nación, fue padrino de uno de sus hijos.

Baños tuvo una serie de casos de fuerte impacto. Entre ellos, la masacre de Cromañón, que se cobró la vida de 194 pibes y pibas. En su juzgado también tramitó la causa sobre el robo de las manos de Juan Domingo Perón. En 2008, Baños denunció que desconocidos habían entrado a su casa en Lomas de Zamora y se habían llevado tres cuerpos de ese expediente. Lo interpretó como un mensaje mafioso porque estaba por reiterar un pedido para que la Secretaría de Inteligencia informara si guardaba en sus archivos información sobre el tema. Al año siguiente, Baños protagonizó otro episodio policial: con su custodia de la Policía Federal Argentina (PFA) se tiroteó con delincuentes que quisieron robarle cuando estaba por ingresar a su vivienda en la zona sur del conurbano.

A finales de los años ‘90, había tenido la causa de los presos que salían del Servicio Penitenciario para robar. En 2000, denunció que desde la cárcel se había orquestado un plan para matarlo. En ese momento, la responsable de los asuntos penitenciarios del gobierno de Fernando de la Rúa era Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de Javier Milei y quien tendrá bajo su órbita los establecimientos penitenciarios federales.

En 2012, Baños procesó al perito Roberto Locles por haber dañado intencionalmente la bala que mató al militante Mariano Ferreyra. En los últimos años, Baños se destacó por sostener la participación de la Policía de la Ciudad en la investigación por la desaparición de Karhanyan pese a que es la fuerza que integraba la víctima, personas sindicadas como sospechosas y porque frustró un sinfín de medidas de prueba. “Mi principal experiencia con el juez Baños fue a partir de la causa de Arshak, y dejó muchísimo que desear en cuanto al compromiso por la investigación de la desaparición forzada de Arshak y principalmente por el trato con su madre. Me preocupa porque la SDH tenía un rol importante en la búsqueda de este policía –que está próximo a cumplir cinco años desaparecido”, afirma Victoria Montenegro, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. De hecho, la SDH había pedido el apartamiento de Baños por su defensa de la Policía de la Ciudad.

Si bien por integrar el fuero ordinario Baños no tuvo actuación en las causas de lesa humanidad, tuvo incidencia en un expediente que tenía como protagonista a una de las figuras más emblemáticas de la última dictadura. En 2010, concedió un Hábeas Corpus que había presentado la familia del exministro de Economía José Martínez de Hoz para que saliera del penal de Ezeiza —donde estaba alojado por orden del juez federal Norberto Oyarbide—. Baños lo envió a la clínica de Los Arcos. En un planteo que hicieron los Martínez de Hoz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, valoraron la intervención del juez Baños.

La llegada de Baños a la SDH marca un giro de 180 grados con respecto a la impronta que le dio Pietragalla Corti durante su gestión. Pietragalla Corti es hijo de víctimas del terrorismo de Estado y restituyó su identidad gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. En una entrevista reciente con Página/12 destacó que la marca de su paso por la SDH fue tener una política contra la violencia institucional y haber hecho foco en la celeridad de los procesos contra los genocidas. 

Bajo asedio

Desde los sectores castrenses vienen reclamándole a Milei que cierre la SDH, justamente por su rol en los juicios por crímenes de lesa humanidad. La Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) reclamó el fin de la política de memoria, verdad y justicia así como el despido de tres profesionales que intervienen en los procesos contra los genocidas. 

En las últimas horas trascendió que el propio Cúneo Libarona dejó la defensa del policía retirado Enrique Barré, que fue el segundo jefe del Pozo de Banfield, porque era incompatible con su cargo de ministro de Justicia. 

"Son personas con un perfil acorde al gobierno entrante", dice la abogada Guadalupe Godoy en alusión a Cúneo Libarona y Baños. "Está claro que habrá áreas de la SDH que van a intentar debilitar en su funcionamiento, concretamente las que tienen que ver con políticas de memoria y políticas contra la violencia institucional".

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