Luego de la asunción de Javier Milei y de la jura de los ministros escogidos, uno de los casilleros que quedan por llenar es el de ciencia y tecnología. Las últimas novedades indican que el Ministerio que hasta el 10 de diciembre administraba Daniel Filmus pasará a ser una secretaría de Estado denominada “Innovación, Ciencia y Tecnología”. A priori, dependerá de Jefatura de Gabinete y será coordinada por el empresario Fintech Alejandro Cosentino. Mientras tanto, Laura Toledo --actual directora del Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec), de clara orientación productiva-- se hará cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que hasta la fecha presidía Fernando Peirano. El Conicet, como ya se sabía, estará bajo las órdenes del investigador, veterinario y clonador Daniel Salamone.

Desde hace dos semanas, Cosentino --contador público y licenciado en Administración, UCA-- organiza la transición del espacio que se encarga de la gestión de la ciencia y la tecnología en Argentina. Se reúne en las oficinas del Polo científico y tecnológico (radicado en Palermo, CABA), conversa con las autoridades salientes y prepara el terreno para lo que vendrá. A diferencia del perfil que exhibieron sus predecesores (los científicos Lino Barañao, Roberto Salvarezza y Filmus), Cosentino proviene del ámbito empresarial, específicamente, del ramo de las Fintech, es decir, de aquellas compañías que ofrecen servicios y productos financieros digitales. Como fundador y CEO de Afluenta, anuncia su CV, es reconocido por “sus operaciones de gestión exitosa de servicios financieros en Latinoamérica”.

Según marca el detalle de su curriculum, desempeñó roles de modernizador en American Express y el Banco Río. Conoce el mundo financiero y el de las tecnologías, tanto que recibió premios y brinda conferencias al respecto. Además, es miembro fundador de la Asociación de Empresarios Argentinos (ASEA), de la Asociación Argentina de Fintech y la Alianza Iberoamericana Fintech. Sin dudas, el hecho de colocarlo a él como referente de CyT implica una decisión estratégica: el gobierno baja línea y, al igual que en otros mandatos neoliberales como el de Macri, se ponderará el perfil mercantil y tecnocrático. Como contrapartida, la promoción de las ciencias básicas y sociales perderá vigor.

Además de Cosentino y Toledo (que también se desempeña como vicepresidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología), María José Martello, subsecretaria de Modernización en el gobierno macrista, suena como nombre con chances para liderar la subsecretaría de Innovación. De ese espacio pasarían a depender los diversos organismos descentralizados que componen el sistema científico y tecnológico en la actualidad. La referencia es para instituciones como el Conicet, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) o el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Privatizaciones, leyes y modelos

En Conicet, como es de público conocimiento, quien estará al frente será Daniel Salamone. Veterinario y uno de los clonadores argentinos de mayor relevancia, estará al frente de la institución científica que agrupa a nada menos que 11 mil investigadores/as de carrera y una cifra equivalente de becarios. Le impondrá, a tono con lo que plantean los pergaminos de Cosentino, un perfil empresarial a la producción de conocimientos científicos. Hasta el momento, no obstante, no se sabe si, como adelantaba el propio Milei durante su campaña, el Consejo se privatizará o seguirá funcionando bajo la órbita estatal.

Los ecos de la privatización, sin embargo, no menguan en otras instituciones científicas de relevancia. INVAP, una de las más prestigiosas en Latinoamérica, fue una de las que sonó durante los últimos meses como posible objetivo. La empresa se destaca a nivel internacional por el desarrollo de tecnología de punta orientada a la fabricación de soluciones en el área nuclear, espacial, defensa y seguridad, ambiente y medicina. La impronta está clara no solo para la ciencia y la tecnología, sino para todas las áreas de gobierno. La fórmula es precisa: ajuste presupuestario y privatización siempre que se pueda.

Habrá que ver, hasta qué punto, las leyes sancionadas durante la gestión de Alberto Fernández pueden funcionar como dique de contención para evitar que el sistema de ciencia y tecnología local no se desguace todo lo que el actual oficialismo aspira. Se puede mencionar la Ley de financiamiento, que asegura el incremento del porcentaje del PBI anualmente hasta llegar al 1 por ciento hacia 2032; y, por otra parte, la norma vinculada al Plan 2030 (debatido ampliamente en múltiples sectores de la sociedad) que establece las líneas estratégicas y prioridades a impulsar.

Con los cambios, queda por ver qué sucederá con proyectos poderosos en plena ejecución, como la vacuna nacional para combatir la covid “Arvac Cecilia Grierson”; el lanzador de satélites “Tronador II” que construye la Conae; los desarrollos vinculados al litio que lidera la empresa Y-TEC (propiedad de YPF y Conicet); o bien, el futuro del CAREM: el primer reactor nuclear pensado y fabricado en suelo local, bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

En las sociedades actuales, tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha conocen la necesidad de sostener la producción del conocimiento científico. Incluso potencias admiradas por Milei, como Israel o Estados Unidos, saben de lo estratégico e imprescindible que significa apoyar las políticas orientadas al fomento del sector. Por tanto, si va a imitar a los desarrollados, al menos que imite lo bueno. 

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