El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ratificó su “apoyo a la gestión del presidente Javier Milei”, aunque aclaró que “el Partido Cordobés no repliega ninguna de sus banderas en los reclamos de las deudas pendientes” con la provincia. El mandatario habló tras tomar juramento a nuevos ministros de su gabinete en la ciudad de Río Cuarto.
Llaryora, que el domingo sucedió al saliente gobernador Juan Schiaretti, pidió que “Dios ilumine a Javier Milei" y deseó que "le vaya bien porque si le va bien, nos va a ir bien a todos los argentinos”, en el acto que se desarrolló en el Teatro Municipal de la capital alterna provincial, en el sur de Córdoba. Luego remarcó que el nuevo Presidente "cuente con el Partido Cordobés para el apoyo a las reformas que tenga que hacer para encaminar a la Argentina a la paz y al progreso”.
Después, le pidió a Milei que “cumpla con lo que dijo en la campaña” con respecto a regularizar la deuda que la Nación tiene con Córdoba, “que se salden las deudas pendientes”, instó.
En esa línea también exigió que el Presidente le “saque la pata al campo, que deroguen las retenciones que es el robo más grande que sufre el pueblo cordobés”, como así también sumó el reclamo por la regularización de la deuda que la Anses mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia.
Además reclamó una “distribución equitativa de los subsidios”, especificando al respecto que Córdoba quiere “el mismo monto, el mismo dinero que les dan a los porteños” para el transporte y otros servicios.
Por otra parte dijo que no está de acuerdo con paralizar la obra pública, al considerar que “la obra pública es sinónimo de progreso de los pueblos y si no se hacen quedan condenados al atraso”, por lo tanto anunció que va a hacer "lo posible y lo imposible para que la obra pública no se detenga, al igual que la salud y la educación pública".
También reafirmó que en su gestión se van a tomar “muchas decisiones difíciles para que Córdoba siga creciendo en un marco de austeridad”, y entre esas medidas ratificó el congelamiento de la incorporación de empleados públicos, salvo el caso de salud, seguridad y educación, y que además se recortará el 25 por ciento de los haberes de gobernador y vice, 15 por ciento de ministros y 10 por ciento de los restantes funcionarios.
