Puigdemont responde al ultimátum de Rajoy

PáginaI12 En España

Desde Barcelona

Carles Puigdemont hoy aclara, u oscurece. El requerimiento que el presidente español, Mariano Rajoy, le hizo a su homólogo catalán para que confirme si declaró o no la independencia durante el confuso acto parlamentario de la semana pasada, fijaba hoy como fecha límite y su respuesta, decisiva para la evolución del conflicto. Si el líder independentista, finalmente, se decanta por persistir en su intención de secesión unilateral, Rajoy y su equipo- el Partido Socialista (PSOE) incluido- lo tienen claro: se procederá a intervenir la autonomía de Cataluña, con la consiguiente convocatoria de elecciones regionales. Los dos partidos mayoritarios de España, eso sí, le dan una segunda oportunidad al Govern catalán que, en caso de mantenerse en la declaración de la independencia, todavía tiene hasta el jueves para rectificar.

“¿Qué hará Carles Puigdemont?” es la pregunta que todos en España y Cataluña se hacen, atrapados por esta interminable y angustiosa película de suspenso. Pero el presidente de la Generalitat solo se limitó a pronunciar unas palabras en favor del pacifismo, el civismo, la serenidad y la democracia “como inspiradores de las decisiones que hemos de tomar” ayer durante un homenaje al 77 aniversario del fusilamiento del expresidente de Cataluña, Lluís Companys, por las tropas franquistas. Puigdemont aprovechó el momento de la ofrenda floral en el mausoleo del dirigente asesinado para contraponer su figura de “coraje y dignidad” a la del Partido Popular (PP) que hace pocos días lo amenazaba con “terminar como Companys” si se mantenía en su camino hacia la secesión. 

Desde que, el miércoles pasado, el gobierno español activara- con su requerimiento a Puigdemont- el mecanismo por el cual podría aplicarse el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía de Cataluña, las amenazas fueron bajando de tono y el PP pasó de esgrimir esos argumentos de corte fascista a situarse en una postura más calma y hasta promotora del diálogo. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, señaló en rueda de prensa este jueves que “se le ha hecho una oferta sensata, moderada y entendible” al president de la Generalitat para que vaya a dialogar al Congreso de los diputados, dentro de la comisión propuesta por los socialistas para analizar el modelo territorial de España y emprender una reforma de la Constitución. Con esta repentina invitación al diálogo dentro del Parlamento, la número dos del gobierno del PP insiste en que el conflicto entre Cataluña y España es un problema interno que no necesita algo que su partido rechaza de cuajo, la intervención internacional. “Esos son los mediadores, los 350 diputados y otros tantos senadores que representan al conjunto del pueblo español”, remarcó Santamaría.  

Mientras que para el PSOE como para el PP y Ciudadanos la única salida pasa por las elecciones anticipadas en Cataluña- ya sea porque el propio Puigdemont las convoque como respuesta al ultimátum de Rajoy o porque decida no renunciar a la declaración de independencia y, como consecuencia, el artículo 155 se ponga en marcha llevando a los comicios regionales-; para las fuerzas independentistas no hay más camino que el de seguir adelante. Ayer, también durante el homenaje al ex president Lluís Companys, la diputada Gabriela Serra de la CUP- formación secesionista y anticapitalista que comparte gobierno con Esquerra Republicana (ERC) y el partido de Puigdemont (PdeCat)- afirmaba que “lo primero es la proclamación de la república catalana”. Serra insistió en que la CUP “pide, suplica y exige un pleno extraordinario en el que se declare la República, que es lo que nuestro pueblo decidió mayoritariamente en el referéndum del pasado 1 de octubre”, explicó. “Pedimos, por tanto, que se celebre un pleno extraordinario y se abra el proceso constituyente. No hay más posibilidad de diálogo”, sentenció aunque con un matiz: “Habrá que dialogar, sí, pero entre el presidente de la República Catalana y el presidente de la monarquía borbónica”.

Carles Puigdemont tiene sobre su escritorio, en esta jornada clave, las exigencias de la CUP y de la organización independentista Assemblea Nacional Catalana (ANC)- en la misma línea que los anticapitalistas- plasmadas por escrito en una carta y un comunicado que le enviaron inmediatamente después del requerimiento de Rajoy. La presión del sector más “duro” del secesionismo se suma al pedido de su otro aliado, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que considera que “se debe dejar claro que la independencia está declarada y firmada”, según explicó su portavoz, Sergi Sabriá, en una entrevista en la emisora Onda vasca. 

Otras voces de ERC, sin embargo, prefieren ser más cautas y no echar más leña al fuego de rumores de fracturas dentro del bloque independentista, por lo que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se esmeró ayer durante la ofrenda floral a Companys en subrayar el cuidado de “la unidad del soberanismo para poder cumplir el mandato de la mayoría de catalanes de conseguir la independencia”. Junqueras evitó entonces pronunciarse sobre la postura de la CUP o de la ANC, y se ancló en la necesidad “imprescindible” de la unidad dentro del grupo soberanista porque “sino, no se culmina la República”.

El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, encarna, por su parte - junto a Mariano Rajoy y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera- la exigencia de todo lo contrario: que Puigdemont diga que no hubo declaración unilateral de independencia. “Nadie quiere, salvo Albert Rivera, aplicar el 155. Está en la mano del señor Puigdemont no hacerlo. A partir de ahí, el PSOE, en las distintas conversaciones que ha tenido con el presidente del Gobierno, tiene una opinión y una interpretación propia del artículo 155. Se trata de reconstruir, no de suspender”, explicó Sánchez en una entrevista a Eldiario.es. “ Lo que ocurrió el 6 y el 7 de septiembre (cuando el Parlamento catalán aprobó las leyes de referéndum y de transitoriedad hacia un Estado independiente) es que los propios dirigentes de las instituciones catalanas suspendieron el autogobierno de Cataluña, la situaron fuera de la legalidad constitucional y, en consecuencia, el deber de los propios dirigentes catalanes es volver a situarla dentro de esa legalidad. A partir de ahí, podemos hablar. Si no lo hacen, tendrá que hacerlo el Estado social de derecho”, sentenció el número uno de los socialistas, en un apoyo sin fisuras al ultimátum del gobierno de Rajoy.