Un caso único de torturas a un preso, que llegó a la justicia con pruebas aportadas por colegas de los penitenciarios torturadores, podría quedar en la nada si el juez del caso sigue el pedido de archivo solicitado nada menos que por la fiscalía a cargo. El 30 de marzo de 2015, un preso fue molido a palos por al menos dos penitenciarios del Complejo I de Ezeiza. La Procuvin impulsó una denuncia presentada por la Procuración Penitenciaria: las pruebas aportadas fueron la declaración de la víctima, el testimonio de un penitenciario que denunció el hecho, y la revisación del médico del penal, que constató las marcas de la golpiza. Para el médico también hay pedido de indagatoria porque no presentó denuncia. Lo insólito del caso (por inusual) podría diluirse en la nada si el juez atiende el pedido de la fiscalía federal 1 de Lomas de Zamora, a cargo de la acusación, quien pidió que se archivara el expediente.

 Según la imputación de la Procuvin, los penitenciarios federales Ovidio Oscar Orrego y Alan Diego González, jefe de turno en el Módulo de Ingreso, Selección y Tránsito del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, ingresaron a la celda 2 del Pabellón K, donde dormía el preso en cuestión, previo pedido de llaves al celador de turno, Cristian Bareiro. Allí, le propinaron “una brutal golpiza consistente en golpes de puño en la cabeza y el rostro, patadas en el estómago, agresiones en el pecho con un elemento punzante, golpes en el abdomen con la base de una botella y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo con el palo de un secador de piso, elemento que el interno tenía en su celda, retirándose luego ambos de la mencionada celda dejando a la víctima herida y sin recibir ningún tipo de asistencia”, según consta en la presentación.

Trasladado moribundo al servicio de sanidad, fue atendido por el médico Leonardo Lista, quien verificó la papilla que habían hecho con el cuerpo en un acta oficial presentada como prueba. Lista también recibió pedido de indagatoria aunque no de detención, porque obvió presentar la correspondiente denuncia. El pedido de indagatoria y detención impulsado por la Procuvin ante la justicia federal de Lomas de Zamora, después de haber reunido pruebas insólitas para estos casos (la denuncia del celador y el acta médica), corre el peligro de quedar en la nada si el juez atiende el pedido del fiscal (presuntamente) acusador: solicitó que se archivara la causa por falta de pruebas.