Como se viene dando desde que La Libertad Avanza ganó las elecciones nacionales, otra vez hubo una confrontación en la Cámara de Diputados de Salta. Esta vez fue por la prórroga de la prohibición de desalojar a familias campesinas, sean criollas u originarias. El oficialismo provincial impulsaba la ley, la oposición la rechazaba. Finalmente, se impuso la mayoría y se aprobó en definitiva la prórroga del artículo 9 de la ley 7658, que crea el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales, hasta el 31 de diciembre de 2024.

El artículo prorrogado suspende las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios. 

La iniciativa venía con la aprobación del Senado, por lo que fue girada al gobierno provincial para su promulgación. La encargada de presentarla fue Socorro Villamayor (del bloque Salta Tiene Futuro), quien no se mostró muy convencida, pero la defendió. Recordó que esta ley se aprobó en 2010 y que hasta la gestión de Gustavo Sáenz no se había avanzando en su cumplimiento (de hecho, la gestión de Juan Manuel Urtubey la prorrogó recién en 2017) respecto de la regularización de la tenencia de la tierra. Pero ahora sí hay una Unidad Ejecutora Provincial que está avanzando con acuerdos, trabajando sobre 67 mil hectáreas, destacó. Si pudiera, pondría en esta nueva ley que se prorroga "por un año y por única vez", afirmó. 

Moisés Balerrama (del bloque Gustavo Sáenz Conducción), habitante del departamento Rivadavia, una de las zonas donde hay una importante conflictividad territorial, fue más enfático. Es de suma importancia que se apruebe esta prórroga, dijo. Contó que en su departamento hay muchos casos de pequeños productores que “de la noche a la mañana” se encuentran con que "apareció" un dueño de la tierra que habita. 

"Esto es inconstitucional", retrucó Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular). Aseguró que con esta ley se quitan derechos a unas personas, que se elimina la igualdad ante la ley, y ya más descarnado, recordó que la provincia necesita inversiones, "cómo se imaginan que puede caer esto", recriminó. 

Le sucedieron expresiones a favor de la prórroga, de las diputadas Mirtha Miller (Todos) e Isabel de Vita (Todos), y del diputado Gustavo Dantur (Más Salta). “Mientras persistan los factores de riesgo tendremos que seguir prorrogando este artículo de esta ley”, sostuvo De Vita. “Muchas de estas tierras han sido compradas con los ocupantes adentro”, recordó Dantur y añadió sobre las familias poseedoras: "No son usurpadores, son ciudadanos que estuvieron y están en esas tierras, a título de dueños”.

Roque Cornejo (de Ahora Patria, que se referencia con el oficialismo nacional) presentó un dictamen de minoría en rechazo. “Esta ley es inconstitucional”, aseguró. Pero fue su compañera de bloque Griselda Galleguillos la que caldeó los ánimos. Puso en duda que todas las personas que se identifican como originarias lo sean, y exhibió un desconocimiento llamativo sobre el campesinado: “¿Quiénes son los pequeños productores, cuántos son, en qué condiciones están, a qué se dedican en esas tierras?”, interrogó antes de calificar la prórroga como “una ridiculez”.

El diputado Rogelio Segundo, originario de Santa Victoria Este, recogió el guante: “El que no sabe, el que no vive dentro del dolor que pasa el pueblo indígena y el pequeño ganadero criollo, puede decir cualquier cosa y sin cuidado de nuestro vocabulario. Hoy hay gente que está escuchando y las palabras que dicen duelen mucho”, les recriminó. 

"Hay gente que se aprovecha de la vulnerabilidad del campesino criollo y del pueblo indígena”, añadió antes de preguntar si es "constitucional desalojar a una persona que vive ya la cuarta generación (en un lugar)" porque "gente que tiene plata" compró esas tierras aún sabiendo que había personas viviendo ahí. "Yo sé muy bien esto, tengo mucha experiencia, sufrí”, insistió. “En la ruta 81 hay propiedades de los Romero, de Macri, de Susana Giménez“, cerró. 

Jorge Restom (Todos), que también es del norte provincial, se sumó. los pueblos originarios "jamás lograron vencer a corporaciones que desembarcaron a lo largo y a lo ancho de la ruta 81, muchos que ocuparon grandes cargos en la provincia y la Nación y que hoy son dueños de ese territorio de la ruta 81, que tiene la mayor cantidad de agua subterránea del departamento San Martín” y dividen a criollos e indígenas, aseguró. 

También José Gauffin (del PRO) se opuso a la prórroga, en su caso, por entender que no es una solución, pero finalmente, a la hora de votar, se impuso la amplia mayoría del oficialismo y la prórroga se aprobó en definitiva. 

Críticas al ajuste 

La diputada Nancy Jaime (Metán, Más Salta) se adelantó a las críticas al ajuste anunciado por el gobierno nacional. Lo hizo al presentar su proyecto de declaración pidiendo que el gobierno provincial incorpore en el plan de obras públicas de 2024 la construcción de una nueva planta potabilizadora en Metán. 

Empezó por destacar la importancia de contar con "un estado presente”, después de haber escuchado el mensaje del ministro de Economía de la Nación. Qué se va a hacer con las obras imprescindibles, como esta planta de agua, interrogó antes de atacar: “Esa misma excusa (de falta de fondos) hemos escuchado al gobierno anterior (el de Mauricio Macri), pero bien que se la fugó al exterior, y resulta que este gobierno que se acaba de ir ha podido hacer obras públicas” y repartió los recursos de manera federal.

“Este gobierno, a dos días de haber asumido, ya nos está hablando de ajustes”. “¿Qué le vamos a decir al pueblo cuando nos exijan viviendas, nos exijan la planta potabilizadora, exijan cloacas? Cuando no puedan pagar la luz. Porque esta historia ya la vivimos”, cuestionó. 

“Se avecinan épocas muy duras para los señores intendentes”, advirtió por su parte, Gustavo Dantur, de Metán. Habrá mayor necesidad en la gente, justo cuando se achica la coparticipación y cuando no habrá obra pública, reseñó. Por eso le pidió al gobierno de salta que acompañe a los municipios, “ayudándoles a pagar el aguinaldo”. 

Una reprimenda para el Poder Judicial 

José Gauffin y Durand Cornejo criticaron al Poder Judicial de Salta por el proceso que llevó a cabo en relación al crimen de las turistas francesas. Gauffin afirmó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “es una reprimenda importante al Poder Judicial de Salta”, porque dice que la Cámara de Impugnación se arrogó facultades que no tiene al condenar a Santos Clemente Vera, cuando es el tribunal de juicio el que puede tomar esta determinación. 

“Sostengo que ese fallo no tiene que tener como única consecuencia la libertad de Santos Clemente Vera, tiene que tener una repercusión sobre el Poder Judicial de Salta”, insistió y aseguró que "el mismo Poder Judicial tiene que iniciar el enjuiciamiento del Tribunal de Impugnación”. También pidió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que se invite a Vera para escucharlo. 

Lo que pasó con Vera “es tremendo y no puede quedar así. Once años le han robado a este hombre”, siguió Durand Cornejo. “No se puede aceptar que vivamos en indefensión a este punto. No es la primera vez”, cuestionó.