Brasil, el país-modelo que citó el Presidente en IDEA, marcha hacia un presunto régimen de “trabajo libre” muy parecido a cuando terminó el esclavismo y los esclavos de los cafetales se convirtieron en mano de obra barata. Muy barata. Ésa es una de las conclusiones de una investigación elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Economía del Trabajo de la prestigiosa Universidad de Campinas, a la que tuvo acceso PáginaI12. 

Bajo la guía de José Dari Krein y un equipo, 22 colaboradores escribieron 73 páginas sobre la reforma laboral brasileña impulsada por el presidente Michel Temer y aprobada en julio último por el Congreso.

“La globalización impone una intrincada red de relaciones de poder y dominación que cuestiona el papel de los Estados y fragiliza las políticas de protección social y de derechos”, señala el estudio. Para el CESIT, que dirige Anselmo dos Santos, la reforma laboral se funda en el “el desmonte de la trama de protección social construida sistemáticamente desde 1930, junto con la industrialización del país”.

El viernes Mauricio Macri elogió a Brasil por su sistema judicial y su apego a la Constitución. Allí la flexibilización se nutrió de proyectos elaborados por la Confederación Nacional de la Industria (la UIA brasileña, aunque más poderosa que la argentina) y del documento “Un puente para el futuro”. La firma de autor del puente correspondió al propio Temer en 2015. El golpe de agosto de 2016, con un juicio político que según Dilma Rousseff violó la Constitución, ya estaba en marcha en marcha. La CNI, Temer y el diputado del Partido de la Socialdemocracia Brasileña Rogério Marinho, que escribió el proyecto finalmente aprobado por el Congreso, se movieron con seis principios. 

  • Formas de contratación más precarias y atípicas.
  • Flexibilización de la jornada de trabajo.
  • Rebaja de la remuneración.
  • Alteración de las normas de salud y seguridad del trabajo.
  • Fragilización sindical y cambios en las formas de la negociación colectiva.
  • Limitación al acceso a la Justicia del Trabajo y limitación del fuero laboral.

Las contrataciones más precarias incluyen la tercerización, las jornadas parciales, el trabajo autónomo como si el operario fuera un emprendedor y la creación del contrato intermitente, también conocido como “contrato de hora cero”. El empleado queda a disposición del empleador, que puede usar al contratado según sus necesidades, con alternancia de períodos de servicio y períodos de inactividad. El vocabulario cool habla de trabajadores just in time. La verdad es que el trabajo se convierte en changa y no precisa del sindicato, a tal punto que el nuevo régimen legal prevé la rescisión de contratos sin homologación del gremio. 

La flexibilización de la jornada laboral contempla la adaptabilidad del empleado a las subas y bajas de la actividad. Puede llegar a 12 horas de trabajo seguidas de 36 de franco. El CESIT interpreta que esa alteración baja la remuneración, intensifica el ritmo de trabajo porque lo concentra en menos horas y “desorganiza la vida social y familiar”. El sistema laboral anterior a Temer establecía dos intervalos de 30 minutos para amamantar. A veces esos intervalos se sumaban. Todo cambió: de ahora en adelante la forma de dar la teta será fruto de una negociación privada entre empleada y patrón.

El fraccionamiento de las jornadas y la intermitencia reducirá los ingresos, y de esa manera se achicarán los aguinaldos y se irá desfinanciando la seguridad social.

La ley de la Era Temer desvincula la duración del trabajo y del tipo de intervalo con la salud, la higiene y la seguridad. También hace hincapié en el presentismo, aun a costa de las condiciones físicas del trabajador. 

El ensanchamiento de los ámbitos de negociación individual, la tercerización y la prevalencia de las tratativas por sobre la ley de por sí debilitan a los gremios. Encima, son fenómenos que van acompañados de una búsqueda de fragmentación sindical y de reducción de recursos sindicales.

Adiós futuro

El problema, para el CESIT, no es solo la coyuntura. “La reforma inhibe las perspectivas de futuro de buena parte de la clase trabajadora, que tendrá pocas chances de jubilarse o de desplegar su trayectoria profesional.” El problema jubilatorio es que la reducción de derechos impedirá reunir los años para jubilarse o comprobar los pagos y desfinanciará el sistema de seguridad social. A su vez el supuesto déficit es utilizado como argumento en favor de la reforma laboral y también de la previsional.

Con el argumento de adaptarse mejor a la globalización, el objetivo del establishment brasileño es ir sustituyendo leyes por contratos, minimizar al máximo posible la legislación como un ámbito vinculante, crear contratos distintos al que fija una relación por tiempo indeterminado y reemplazar derechos universales por derechos diferenciados. Si fuera posible, habría que completar este menú con la negociación por empresa y la eliminación de la intervención estatal. 

El nuevo régimen “en lugar de reconocer la asimetría de la relación entre capital y trabajo supone que un contrato de trabajo constituye una relación entre iguales”, dice el CESIT.

Para sortear esta realidad, el establishment argumenta, igual que en la Argentina, que el alto nivel de trabajadores informales estaría indicando un fracaso del régimen de protección. Reducir derechos existentes y diferenciar sectores sería, entonces, la forma de incluir a los excluidos. Lo contrario es tachado de corporativismo: El “exceso” de derechos de unos trabajadores sería la contraparte de la falta de derechos de otros. 

Un paquete así representa para el CESIT “un golpe contra la democracia, entendida como proceso constante de invención y reinvención de derechos”. Y apunta, en una interpretación que podría ser ensayada también en la Argentina: “En Brasil, históricamente, las luchas por los derechos llevan a la radicalización autoritaria de las fuerzas conservadoras”. Por eso las reformas laboral y previsional son dos de los ejes del golpe conservador de agosto de 2016.

Antes de 2016, sin la precarización que está imponiendo el régimen de Temer, entre 2003 y 2015 bajo los gobiernos de Lula y de Dilma fueron creados 21 millones de empleos formales. Media Argentina. En 2016, en cambio, el nuevo gobierno generó 1,32 millones de desempleados. 

Con un sistema precarizado las perspectivas económicas empeoran. “Las estrategias de flexibilización acentúan de forma más rápida la destrucción de puestos de trabajo en períodos de crisis, de modo que la recuperación posterior la actividad económica, en caso de que ocurriera, no será suficiente para reponer los empleos perdidos”, dice el documento. Cita estudios según los cuales la baja en productividad, cuando fue verificada, se debió solo en un 25 por ciento al aumento del costo salarial y en un 75 por ciento al incremento de costos de alquiler, de logística, de transporte y de servicios, incluidos los de intermediación financiera. De paso: en 2016 el sector financiero fue el que más ganó en Brasil, mientras caía brutalmente el consumo y se reconcentraba el capital. Al revés de lo que advierten las series, quizás todo parecido no sea simple coincidencia.

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