El gobierno de Javier Milei modificó por decreto una normativa y designó a Rodolfo Barra como Procurador del Tesoro de la Nación. Para hacerlo, se invocó un artículo  de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

A través del Decreto 21/2023 —de Necesidad y Urgencia— el Gobierno modificó la Ley N° 18.777 que regula las funciones de la Procuración del Tesoro de la Nación, la  jerarquía del Procurador del Tesoro de la Nación y los requisitos para acceder al cargo. 

Esa reglamentación  establecía que quien ocupara ese puesto debía estar en un rango etario determinado: "no menor de treinta ni mayor de setenta años", algo que Barra no cumplía porque tiene 75 años. 

Mediante este decreto se elimina ese requisito de edad: ahora solo se requiere ser ciudadano argentino, abogado con título habilitante de una universidad argentina y tener al menos 8 años de antigüedad en la profesión.

La modificación se fundamenta en el principio constitucional de igualdad ante la ley y de no discriminación por motivos de edad. "El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad", destaca en sus considerandos. 

También se invoca el artículo 18 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, que dispone que "la persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad".

Así, mediante el decreto 23/2023 firmado por el presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, Rodolfo Barra fue designado como Procurador del Tesoro. 

Quién es Rofolfo Barra

La carrera de Barra es larga y está plagada de efemérides y datos curiosos. Por empezar, fue uno de los hombres duros de la década menemista. Fue parte de la famosa “mayoría automática” de la Corte Suprema entre 1989 y 1993, adonde desembarcó luego de un breve paso como viceministro del Interior y de acompañar como viceministro de Obras y Servicios Públicos como mano derecha de Roberto Dromi, el famoso “padre de las privatizaciones”.

Pero eso no es todo, sino que en el propio gobierno del riojano, que es señalado por Javier Milei como el mejor de los últimos años, tuvo un nuevo salto y fue ministro de Justicia desde 1993 a 1996.

Su salida del Gobierno es un capítulo aparte. Renunció como ministro al revelarse en una nota de Página|12 que en su juventud había arrojado alquitrán contra una sinagoga y tenía una postura nazi y ultranacionalista, con un paso por el grupo Tacuara. El futuro funcionario de Milei nunca renegó de su perfil profundamente religioso y vinculado con el Opus Dei.

De hecho, la renuncia de Barra trascendió cuando organizaciones judías de Argentina se preparaban para manifestarse frente a la Casa de Gobierno en contra del ministro. Días antes, la Revisa Noticias también había publicado una foto de Barra a los trece años haciendo el saludo nazi junto a varios compañeros de militancia. A su renuncia dejó una frase para la posteridad: “Si fui nazi, me arrepiento”.

Su paso como ministro también estuvo marcado por la polémica. Se lo recuerda por ser el autor de la llamada "Ley Mordaza", un proyecto que buscaba limitar la actividad de la prensa. La normativa proponía aumentar las penas por calumnias e injurias; la ley anticorrupción, que prohibía publicar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, y una ley que permitía a la policía requisar y secuestrar elementos sin autorización judicial.

Como en el dicho, la historia pasa, pero los nombres se repiten. Apartado Barra del Gobierno por la puerta de atrás, quien lo recibió con los brazos abiertos fue Eduardo Eurnekian, el exjefe y mentor de Javier Milei. Eurnekian lo acomodó como asesor de Aeropuertos Argentina 2000. El resultado fue evidente: esa empresa ganó la licitación de las estaciones aéreas a la par de que, en 1998, Barra se hizo cargo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), que debía controlarla.

Sabiendo acomodarse siempre en el poder, como lo vuelve a demostrar ahora, su salida de la administración pública duró más bien poco: el 13 de diciembre de 1999, ya con Fernando de la Rúa, asumió como presidente de la Auditoría General de la Nación, ejerciendo ese cargo hasta el 1 de febrero de 2002.


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