Un amplio abanico de instituciones que trabajan con personas con discapacidad tanto a nivel nacional como local requieren una reunión con el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) designado para el sector. Un comunicado del sector exige el complimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que “promueve la inclusión de las personas con discapacidad desde una perspectiva del modelo social basada en derechos humanos”.
Recuerdan que existe "una gran diversidad de prestadores en el país”, entre los que se encuentran hogares, centros de día, escuelas especiales, centros educativos terapéuticos, residencias, servicio de apoyo a la inclusión educativa, prestaciones de apoyo, transporte, maestro de apoyo, centros de rehabilitación que brindan servicios a estas personas, bajo el régimen de la Ley 24.901.
“Son atendidas aproximadamente unas 100.000 personas, en los diversos servicios indicados”, narraron las organizaciones. De manera directa e indirecta trabajan unas 200 mil personas y el financiamiento de estas prestaciones está a cargo de las obras sociales, el PAMI, Incluir Salud y las prepagas. "Con ese escenario y la dificultad económica que quienes prestan servicios están afrontando, solicitamos una pronta reunión con quien se sirva designar, con la finalidad de expresar con mayor extensión esta situación”, dice el comunicado.
