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Un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) modificó los requisitos para la designación de Procurador/a del Tesoro, y un decreto común nombró finalmente en el cargo a Rodolfo Barra, exfuncionario menemista, clave en las privatizaciones de esa era, también exjuez de la Corte Suprema de la mayoría automática. Algunos juristas habían advertido que para asumir esa función, según una vieja ley, había un límite de edad: no se podía ser mayor de 70 ni menor de 30. El elegido cumple 76 la semana que viene. La historia de juventud pro-nazi de Barra (que incluyó su militancia en Tacuara y el ataque contra una sinagoga) quedó en un segundo plano y no fue motivo de revisión de su candidatura. El lugar que tendrá, como jefe de los abogados del Estado, será clave para la ingeniería jurídica de decretos, leyes, resoluciones y toda clase de decisiones del "plan motosierra" que podrían judicializarse. El organismo, que hasta ahora encabezaba Carlos Zannini, es parte en causas que involucran al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y a Mauricio Macri, entre otras personas ligadas a la administración de la que será parte.
Los DNU están previstos para "circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento de sanción de las leyes" que está establecido en la Constitución. Es decir, es una herramienta que le permite legislar al Poder Ejecutivo en casos extraordinarios. El DNU 21/2023, que allana el camino a la designación de Barra, dice que no hay tiempo de discutir esta cuestión en el Congreso. Parece más bien pensado como "paragolpe" de futuros cuestionamientos. Los decretos, de todos modos, deben pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene diez días para pronunciarse. Luego cada Cámara decide si los avala o rechaza. Si tanto Diputados como Senadores rechazan, el decreto pierde vigor.
El papel de Barra
El nuevo Procurador del Tesoro es abogado y gran conocedor del fuero contencioso administrativo, donde se dirimen las causas donde el Estado es parte. En los 90, cuando los jueces se elegían a gusto de las autoridades de turno, digitó designaciones. A esos juzgados es adonde puede ir a parar la judicialización de todo tipo de medidas de gobierno e incluso leyes. También tiene buenos nexos con la Corte, donde --por ejemplo-- una de las causas que su estudio tramita es la que impulsó la diputada María Cristina Viñuales cuestionando la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Barra es un "antiderechos" histórico, referente de la ultraderecha conservadora y católica, ligado al Opus Dei. El cuestionamiento al aborto legal es una obsesión de larga data: cuando fue convencional constituyente en 1994 hasta intentó sin éxito que fuera prohibido en la Constitución. Es conocido que el presidente Javier Milei se pronunció en contra de la IVE y no ocultó su idea de que sea revisada.
Como los anuncios recién empiezan y son poco precisos, tampoco es claro qué se va a discutir en tribunales. Pero es factible que ocurra con privatizaciones, tarifas, impuestos, coparticipación, reformas en educación, salud y otras áreas. También tendrán tarea por delante los fueros del trabajo, seguridad social y el que se ocupa de los derechos de usuarios y consumidores.
La Procuración hereda algunos expedientes, locales e internacionales, en los que intervenía el gobierno anterior:
* El organismo es querellante, paradójicamente, en la causa donde se investiga el acuerdo récord con el FMI del gobierno de Macri por más de 45 mil millones de dólares y su fuga. El ministro Caputo es uno de los imputados; Macri también, al igual que el exministro Nicolás Dujovne. Como es obvio, el papel de querella es difícil de sostener desde el gobierno de La Libertad Avanza mixturado con el PRO. Más bien podrían aprovechar el acceso al expediente para controlarlo, aunque la jueza María Eugenia Capuchetti nunca avanzó demasiado.
* La Procuración interviene también en el caso del Correo Argentino, donde se dirime la deuda millonaria de la familia Macri con el Estado y otros acreedores. Es parte en el expediente comercial, donde el expresidente obtuvo todo tipo de beneficios a punto tal de haber logrado no pagar un peso hasta ahora y que no se ejecutara la quiebra. A la inversa, el Grupo Macri se dice damnificado por la expropiación de la firma y le reclama millones al Estado en varios expedientes. Es un misterio por ahora qué posición adoptará el procurador.
* Barra tendrá que representar al Estado Nacional en la causa que inició la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de fondos coparticipables. La Corte ya dijo en una medida cautelar que la Nación le debe dar el 2,95 por ciento de los fondos, pero no ejecutó esa resolución ni falló sobre la cuestión constitucional. De un lado estará el nuevo jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y del otro la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Economía de Caputo. Un escenario insólito.
* También se ocupará de un paquete de juicios internacionales como la demanda de daños que planteó en Estados Unidos el fondo buitre Burford por al expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF, donde hay amenaza de embargos; hay otros casos de deuda en Inglaterra y Nueva York donde se discute el cálculo por el pago de cupones.
* En una entrevista que dio apenas surgió su nombre, Barra dijo que será "asesor jurídico del presidente y del jefe de gabinete". O sea, todo indica que colaborará con la letra de algunas disposiciones. Dijo que lo hará desde un "punto de vista neutral, no político", afirmación difícil de sostener dado que fue elegido por sus posiciones afines al Gobierno y porque es un símbolo del menemismo adulado por Milei.
Detalles del DNU
El DNU que firman Milei y todo su gabinete, para habilitar la designación de Barra, modifica los requisitos que establecía la ley 18.777 de 1970, según la cual no se podía ser procurador del Tesoro ni antes de los 30 años ni después de los 70. El texto del decreto usa argumentos que, tal como informó Página/12 analizaban el propio Barra y su entorno. Recuerda que una ley de 1996, la 24.667, equiparó ese cargo al de ministro, que no tiene limitaciones. También invoca la igualdad ante la ley y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas Mayores (adoptada por la OEA), que prevé el derecho a un trabajo digno y la igualdad de oportunidades cualquiera sea la edad. Otro antecedente incluido es un fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad del tope de 60 años para ser Encargado de Registro de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor. La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo había dicho que la distinción basada en la edad "carece de sustento racional y viola los artículos 16 y 28 de la Constitución".
"Corresponde eliminar aquel requisito que no guarde relación directa con la eficiencia e idoneidad en el ejercicio del cargo de Procurador del Tesoro de la Nación", dice el DNU, que modifica la ley 18.777, emitida por un gobierno de facto, el de Roberto Levingston. Sustituye el artículo 2 por uno nuevo que dice que para ser Procurador se requiere ser "ciudadano argentino, abogado con título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión". Algunos juristas de distintas ramas preguntan por qué la Corte echó a la jueza Ana María Figueroa por haber cumplido 75 años, aun cuando el nuevo acuerdo para continuar en el cargo lo recibió después del cumpleaños. Lo que cuestionan es que nadie se puso a analizar aspectos discriminatorios al tomar esa decisión.
