Después de que se conociera el paquete de medidas económicas de parte del gobierno nacional de Javier Milei, los cuestionamientos se dieron de manera inmediata y distintos referentes políticos de la provincia de Salta se manifestaron al respecto. Principalmente, por la reducción en los Aportes de Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y la eliminación de las licitaciones de la obra pública junto a la suspensión de la ejecución de las obras licitadas que aún no arrancaron.

El descontento fue inmediato. La comunicación oficial se dio cuando las y los diputados salteños se encontraban en plena sesión. Así lo mencionó la diputada por Metán, Nancy Jaime (bloque Más Salta), quien afirmó que lo comunicado por el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, es "injusto" porque "una vez más todo el ajuste lo va a pagar el pueblo". Aseguró que las medidas solo benefician, "como siempre", a quienes tienen mayor poder adquisitivo, como las empresas multinacionales. 

"El congelamiento de todos los sueldos significa una pérdida importante del poder adquisitivo y obviamente no vamos a poder cubrir la canasta básica familiar para poder llegar a fin de mes", añadió. En una misma línea habló el ex diputado nacional y dirigente del Partido Igualar, Lucas Godoy, al sostener que lo anunciado por el equipo de Milei es "lapidario" puesto que "básicamente no es un plan económico sino una licuación del poder adquisitivo de las jubilaciones, de los salarios, de los ingresos de los trabajadores autónomos e informales". 

Godoy afirmó que la devaluación del 100% tendrá como resultado "una inflación tremenda y un ajuste respecto de la inversión y el gasto del Estado". Ello significa que habrá una licuación de los salarios. El oficialismo afirmó que a la larga este ajuste permitirá reducir la inflación. Godoy consideró que eso finalmente no ocurrirá. "Lo que va a pasar básicamente es que se va a empobrecer muchísima más gente", precisó. Agregó: "los sectores económicos van a ser los más beneficiados, sobre todo, los agroexportadores, y todos los demás habitantes del pueblo argentino van a sufrir las consecuencias". 

Para el actual diputado nacional Emiliano Estrada, entre diciembre de este año y marzo del año que viene, habrá una inflación de 100%. "En ese lapso esperan bajar la inflación a costa de la recesión, es decir, a costa del desempleo y la caída de las ventas", expresó en sus redes sociales. También pidió: "Qué alguien me explique, ¿cómo van a recuperarse los ingresos después de eso?". 

La diputada Jaime también se refirió a la reducción a los subsidios de energía y transporte, y aseguró que la quita "viene a romper toda la organización familiar". La legisladora, que integra el Parlamento del Norte Grande, contó que en los últimos dos años, la provincia planteó la discusión en torno a la asimetría que existe entre el AMBA y las provincias cuando se distribuyen los fondos, como el de la electricidad. "Ya veníamos reclamando estas diferencias abismales y pedíamos con Gustavo Sáenz que esto cambie. Ahora no sería justo que las provincias, a las que se le van a quitar los subsidios, sigan pagando muchos más (las tarifas) respecto a Buenos Aires", cuestionó. 

Más postergación al interior 

Quien también se pronunció fue el senador oficialista Javier Mónico, del departamento Rosario de la Frontera. "Salta necesita un acompañamiento especial por parte del Estado nacional para generar condiciones de desarrollo que permitan crecer y aumentar su productivad", afirmó. En ese sentido, insistió que en las provincias del Norte Grande es fundamental ese acompañamiento dadas las enormes brechas sociales que aún persisten, por lo que cuestionó la reducción de las transferencias a las jurisdicciones provinciales, aunque dijo que "hay que ver en la práctica qué tan profunda es la disminución de esas transferencias". 

Mónico se refirió además a las obras públicas que se estaban realizando y proyectando en todo el territorio provincial, como los trabajos en la ruta nacional 34 o la refacción y construcción de nuevos edificios escolares. Aseguró que con las medidas del gobierno nacional "se están retrocediendo varios pasos". "Si decíamos que necesitábamos una inversión diferenciada, especialmente para mejorar la infraestructura con la que contamos, ahora nos dicen que pasaremos a no tener inversiones. Es como que nos digan que (desde el gobierno nacional) garantizan la postergación de las provincias", criticó. 

En ese sentido, dijo que la obra pública en Salta no sólo garantiza la mejora de la infraestructura, sino que también posibilita el crecimiento de la economía local, puesto que "la obra pública es significativa porque resulta creadora de puestos de trabajo". Por ello, consideró que la suspensión de estas obras sólo garantizará la concentración de obras en los grandes centros urbanos. A modo de ejemplo, nombró las obras de rutas en localidades lejanas a las capitales, donde no hay una "recuperación de los fondos invertidos" porque la circulación es menor y no es usual "un cobro de peajes" como sucede en otras zonas. Sin embargo, la obra es necesaria en ese lugar para asegurar otros derechos, como la circulación de los alimentos. 

En líneas similares habló el intendente de la localidad vallista de Cachi, Américo Liendro, quien sostuvo que en su municipio, que tiene casi 8 mil habitantes (según el Censo 2022), la obra pública "es muy importante" porque es la fuente principal de trabajo. "Es muy importante para la economía de mi municipio", sostuvo. Detalló que la totalidad de la mano de obra para ejecutar los proyectos proviene de las familias que viven en el departamento o en la región. 

"Somos un municipio chico y no nos autoabastecemos solos porque no tenemos industria y no tenemos fábricas, salvo los grandes contribuyentes, que serían los hoteleros o algunos gastronómicos grandes. Después no tenemos grandes contribuyentes y mi gestión depende prácticamente, casi el 95%, de la coparticipación nacional y provincial", explicó Liendro. 

Contó que tras los anuncios de este martes, las y los lugareños se mostraron preocupados en las calles. En ese sentido, dijo esperar que las medidas no terminen afectando de lleno a "los que estamos más abajo en los estamentos sociales". Liendro recordó que históricamente "el ajuste recae más en los pobres y en las instituciones como lo son nuestros municipios, porque somos los últimos en el eslabón".