El Gobierno nacional anunciará su propio esquema punitivo para vigilar y castigar las protestas sociales que puedan surgir a partir de los ajustes que la administración de Javier Milei comenzó a desandar hace dos días. Habrá “severas sanciones”, adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Los detalles serán dados a las 16:45 por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue impulsora de los protocolos Antipiquetes y sobre utilización de armas de fuego que rigieron y fracasaron durante el gobierno de Mauricio Macri.
Luego de resaltar el slogan “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, Adorni adelantó que el nuevo protocolo recaerá contra quienes “corten vías de circulación” e incluirá “severas sanciones a todos aquellos involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos”.
“Esto alcanzará al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia” las protestas, indicó el vocero en una mínima conferencia de prensa.
La mano dura de Patricia Bullrich
El diseño de las medidas con las que el gobierno de las libertades restringirá las manifestaciones fue diseñado por la titular de la cartera de Seguridad que durante su campaña a presidenta hizo de la prohibición de los cortes una bandera.
Inclusive organizó un acto frente al Puente Pueyrredón, en donde se comprometió a “impedir los acampes y manifestaciones” y a “garantizar la circulación” por ese acceso que une la provincia con la ciudad de Buenos Aires.
Pero el antecedente más concreto de Bullrich data de cuando ocupó por primera vez el cargo que ostenta ahora. Por esos días creó dos protocolos, uno antipiquetes para criminalizar la protesta social y otro sobre el uso de armas de fuego policiales, basado en la doctrina Chocobar y chocando de frente contra las recomendaciones de Naciones Unidas.
“Ahora podrán tirar”, celebró Bullrich al dar a conocer esa normativa que habilitó el uso de pistolas de manera flexible frente a un "peligro inminente". Además, no solo permitió que un policía pueda "actuar bajo amenaza" o ante la presunción de que el sospechoso tenga un arma letal, sino que habilitó el uso del arma de fuego en caso de fuga para lograr una detención. La medida fue derogada en 2019 por el gobierno de Alberto Fernández.
Por esos días, Bullrich también había lanzado un engendro denominado Control Poblacional, que le permitía a las fuerzas de seguridad reclamar documentos de identidad y hurgar antecedentes a quien considerara persona sospechosa. Las detenciones al voleo se activaron en las estaciones terminales de trenes y ómnibus, zonas de circulación masiva de trabajadores.
El procotolo antipiquetes de Bullrich
De las dos creaciones de Bullrich, la más recordada es el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, también conocido como “Protocolo Antipiquetes”. Fue lanzado luego de las masivas protestas sociales que desataron las medidas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri e incluyó restricciones para el libre ejercicio del periodismo.
A la prensa le dio un espacio inamovible para desarrollar la cobertura de un evento público y a las movilizaciones las rodeó con cordones “preventivos” integrados por guardias de Infantería y tanques hidrantes.
Sobre todo, dio vía libre a las fuerzas de seguridad para reprimir y desalojar manifestaciones. Dejó en manos de los jefes policiales los criterios para aplicar el uso de la fuerza, lo cual tentó al autogobierno en que suelen incurrir los uniformados.
Para ejemplificar cómo debería su aplicación, Bullrich explicó por entonces que “el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden de que los manifestantes deben desistir” del corte. A la vez, estos deberían “retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos garantizando siempre la libre circulación” de los autos que circulan por las calles.
Si los manifestantes “no cumplieran con la orden” se les hará saber que están violando el Código Penal, se pondrá en conocimiento de la situación a la Justicia y “se procederá a intervenir y disolver la manifestación”. Es decir, a reprimir.
También se dio carta blanca a las detenciones de participantes y sospechosos de haber participado en protestas. El recuerdo más vívido de este criterio fue cuando las fuerzas de seguridad reprimieron masivas protestas frente al Congreso y la 9 de Julio, y salió a la cacería de personas por las calles aledañas.
