La perspectiva del nuevo gobierno de Javier Milei solo trae una sumatoria de incertidumbres y desconciertos, de fragmentaciones políticas y sociales, que más bien auguran un avance del poder económico concentrado, que insisten en hacer creer que no viven del Estado y que no son la verdadera casta.

Desde el sector de pequeños y medianos productores de alimento, aún con un gobierno que se decía popular, se ha visto como a través del Estado los pooles de siembra agroexportadores obtenían grandes ganancias financieras e impositivas de parte del Estado y que le permitieron avanzar aún más sobre un sector en vías de extinción como el nuestro.

Los chacareros, cooperativistas y los pequeños productores, a pesar de sus múltiples esfuerzos autónomos, no han logrado llamar la atención del Estado a la hora de implementar políticas que sean paliativo para los efectos de la sequía y la concentración de tierras, el aumento de insumos, o a la hora de promover propuestas que ya se han visto efectivas en acercar un alimento sano y barato a las familias de un país que dice producir alimento para 400 millones de personas en el mundo.

El hambre

Según un reciente informe del Banco Mundial sobre seguridad alimentaria, la inflación de la Argentina en el rubro alimentos, ubica al país como el único latinoamericano entre los diez más golpeados por el hambre. El reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), muestra que el 20,6 por ciento de los hogares en Argentina tiene signos de inseguridad alimentaria (frente a un 18,7 por ciento del 2022).

El 13,9 por ciento de los niños argentinos padece hambre, el índice de inseguridad severa alimentaria más alta de los últimos 18 años. En Mayo la UCA ya había destacado que habían 4,2 millones los niños y adolescentes del país que no llegaban a completar una alimentación saludable. Por más que el 59,3 por ciento recibe “alimentación gratuita”. Es decir: acuden a comedores, copas de leche y escuelas para poder comer. Muchas de estas iniciativas han visto mermar su colaboración del Estado y se sostienen gracias a aportes privados y de las propias organizaciones.

La pobreza, según la UCA es del 44,7 por ciento y se eleva al 68 por ciento en los sectores más bajos de la población. Alcanzaría el 49,1 por ciento si no existiese la contención del Estado. Sin embargo existe un consenso en Argentina que estos planes pailiativos y asistencialistas no son la solución. Tampoco por el momento parece ser una solución el “trabajo”, ya que, según la UCA el 60 por ciento de la población argentina tiene empleos precarios y 3 de cada 10 empleados formales son pobres.

El alimento

Los pequeños y medianos productores proporcionan entre el 50 y el 70 por ciento de todos los alimentos que se consumen en las mesas argentinas. Sin embargo el 70 por ciento de esta producción en Argentina se hace sobre la base de arrendamientos cada vez más costosos. Hay 1000 propietarios de tierra que se llevan una renta de unos 8000 millones de dólares por año.

El último Censo Agropecuario Nacional de 2018 elaborado por el Indec muestra que en quince años se perdieron un 25 por ciento del unidades productivas de alimento. Si la comparación es con el censo de 1988, la pérdida es del 41,5 por ciento. Un promedio de 5678 unidades por año. El recientemente creado Centro de Estudios de la Tierra (CET) de la UTT ha destacado la pérdida de más del 40 por ciento de los establecimientos agropecuarios entre 1988 y 2018 (un total de 170.000 familias productoras).

Bajo estos parámetros no es de extrañar la suba del precio de los alimentos, sobre todo ante una estructura oligopólica que puede imponer precios en el sector de alimentos industrializados.

En 2002 el 74 por ciento de la facturación de los productos de la góndola de los supermercados se correspondió con solo 20 empresas. En medio de la crisis inflacionaria y alimentaria de ese año, Arcor tuvo ganancias netas por 35.380 millones de pesos (un 78 por ciento más que en 2021) y Molinos Río de la Plata 8197 millones de pesos (50 por ciento más que en 2021). La suma equivale a un mes y medio del presupuesto de la Tarjeta Alimentar que llega a 2.4 millones de hogares y cubre las necesidades alimentarias de casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. Que por lo general consumen esos mismo productos que venden estas empresas.

En medio de la última corrida cambiaria e inflacionaria post PASO, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CEPA), mostró que en agosto la inflación de la canasta básica en los locales de la Economía Social, Solidaria y Popular (ESSP) fue 9 por ciento frente a un 20 por ciento en las grandes cadenas de supermercados. “Se mantiene la tendencia que notamos hace casi ya dos años: de que siempre los espacios de ESSyP tienen los mismos o menores precios que los supermercados en los productos analizados. Además, debemos tener en cuenta las ventajas que presentan este tipo de experiencias, ya que ofrecen alimentos de mejor calidad y que fortalecen a los productores por su acompañamiento, mejores condiciones de pago y precio, fomentando el desarrollo local y los mercados de cercanía”, aclara el informe.

Desde la UTT y la Mesa Agroalimentaria Argentina vienen desarrollando múltiples experiencias que acercan el alimento del productor al consumidor sin el costo de intermediarios. Se ha hecho una gestión que ha colaborado con numerosas iniciativas en ese sentido en el Mercado Central y se ha articulado con municipios del AMBA. Se han presentado una decena de proyectos de ley y un Plan Agrario para el Alimento desde la Mesa Agroalimentaria Argentina. Sin embargo las mayores erogaciones del Estado han servido para engrosar el negocio del capital económico concentrado.

Presupuesto

Según un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), las tres ediciones del Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como dólar soja, significaron un beneficio adicional de 590.000 millones de pesos para los oligopolios agroexportadores. Equivalente a más de cinco años de salarios más aguinaldo para los trabajadores registrados que se desempeñan en el sector agroindustrial sojero. O al impuesto extraordinario a las grandes fortunas. O al presupuesto anual de las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) que llegan 4,4 millones de niñes.

Incluso sectores de la Federación Agraria Argentina (FAA) denunciaron que dicho beneficio no favorecía a su sector, que ya no contaba con stock de granos disponibles. Un privilegio que los pooles de siembra obtienen gracias o otro tipo de ganancias financieras o de prebendas del Estado.

No existe libertad de mercado sin competencia justa e igualdad de oportunidades para todos los productores. Sería bueno saber si, aún dentro del esquema liberal de este nuevo gobierno, tales contradicciones podrán ser resueltas.

* Licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y master en Periodismo de la Universidad del País Vasco.